La precariedad de los menús en las residencias de mayores tiene su réplica en los centros tutelados de menores de la Comunidad de Madrid. Lejos de ser una excepción, la mala calidad de las comidas en los establecimientos de gestión pública se ha convertido en la tónica habitual de la Administración de Isabel Díaz Ayuso. Algunas trabajadoras de estos centros tutelados denuncian que los niños pasan hambre y aseguran que incluso aquellos que pueden salen a comprar pizzas congeladas o comida preparada.

En estos centros de protección viven menores entre tres y 18 años extremadamente vulnerables, que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades. La gran mayoría se encuentra en estos centros para protegerse de situaciones de abandono, maltrato o soledad. De modo que, para muchos, las residencias son probablemente lo más parecido a un hogar que hayan tenido.

A diferencia de los geriátricos, donde los familiares pueden hablar por los usuarios, estos niños prácticamente no tienen a nadie que les de voz. Son las cuidadoras, educadoras y cocineras de los centros quienes han difundido las imágenes de los blíster de embutido podrido o del pescado pasado que les distribuía el proveedor de los menús diarios. Estas trabajadoras han presentado un escrito, al que ha tenido acceso Público, con cerca de 400 firmas que pone de manifiesto su preocupación por los cambios (a peor) que se detectan en las dietas.

"Están comiendo porquería. Esos platos no se los darías a nadie", critica Lorena Morales, portavoz de Políticas Sociales, Infancia y Familias del PSOE en la Asamblea de Madrid. La diputada autonómica no se explica porqué la región más rica del país está empeñada en firmar continuamente contratos a la baja. "Es indecente el poco corazón que tienen", declara.

Hasta el pasado septiembre, ni los más pequeños ni los adolescentes de las residencias infantiles habían tenido ningún problema con sus dietas. Sin embargo, desde que la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) firmara el nuevo lote de licitaciones con la Plataforma Femar  (empresa que también distribuye a residencias de mayores como la Francisco de Vitoria en Alcalá) la situación no ha hecho más que empeorar. 

Ese nuevo pliego se aprobó con unos precios de partida que no estaban adecuados al contexto de inflación actual y estableció un presupuesto de apenas 5,95 euros por menor acogido. En las bases del concurso brillaban por su ausencia los requisitos relacionados con la calidad y las cantidades de cada comida. De hecho, las puntuaciones, ponderadas sobre 100, registraban un máximo de 70 puntos por la bajada económica, de 20 por la plataforma informática, cinco por la cercanía del almacén y otros cinco por la capacidad para servir de manera urgente alimentos. "Cuando bajas los precios y ofreces condiciones de miseria, miseria obtienes", reprocha Lorena Morales.

En la misma línea, Miguel Ángel Martín, portavoz de CCOO, pone en duda el equilibrio dietético y nutricional de los menús, y señala que la comida no se adapta a cada etapa de crecimiento. Así, por ejemplo, cuenta que se prepara pescado con espinas a niños de tres y cuatro años. Desde el sindicato muestran preocupación por el bienestar de los pequeños. "Sólo sirven una tarta por trimestre en centros donde hay decenas de niños. Se está entorpeciendo la celebración de sus cumpleaños", apuntan.

La empresa Femar "no ofrece ninguno de sus productos frescos, todos son congelados" y, tal y como explican las trabajadoras, muchos llegan con la cadena del frío rota o en partidas defectuosas, como sucedió con unas botellas de aceite que presentaban problemas de trazabilidad.

Esta dinámica genera un gran malestar entre los propios menores, sobre todo a los jóvenes que son más conscientes de lo que ocurre. Uno de los momentos más tensos tuvo lugar en las últimas Navidades. Las cocineras de muchos centros decidieron en Nochebuena tirar la comida que les habían enviado "porque olía y tenía mal aspecto" y fueron a comprar otros productos por su cuenta.

Pese a todo, desde el PSOE aseguran que Ayuso ya prepara una prorroga para alargar el contrato de suministro de comida con esta empresa, siete meses antes de que venza. "La Administración debe hacerse cargo de las dietas, es su responsabilidad. No puede contentarse con cesar al director de turno como ha ocurrido en la residencia de Alcalá", exige Morales.