Emergencia del coronavirusEl sindicato CSIF denuncia a Illa en el Supremo por "imprevisión"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como máxima autoridad del Gobierno en la gestión de la pandemia de coronavirus, en relación a un posible delito contra los trabajadores sanitarios, según ha comunicado este sindicato.

El CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, considera que "la falta de previsión y las insuficientes medidas de protección con las que cuentan los profesionales del Sistema Nacional de Salud pueden ser constitutivas de delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral, de lesiones y homicidio imprudente".

Explica que esta misma denuncia se ampliará en los próximos días a otros colectivos del ámbito de las administraciones públicas afectados por la gestión de la crisis y anuncia que "el sindicato ya está trabajando para actuar por la vía de lo civil para solicitar la responsabilidad patrimonial contra la administración".

CSIF recuerda que, según datos del propio Ministerio de Sanidad, a fecha 30 de marzo, en España ya hay 12.298 sanitarios infectados (el 14,4 por ciento del total de afectados en toda España por coronavirus) y al menos seis profesionales han fallecido por este motivo.

"Más de dos semanas después de la declaración de estado de alarma, los profesionales de la sanidad en toda España continúan trabajando en gran número de centros hospitalarios sin los preceptivos y necesarios equipos de protección individual (guantes, gafas, batas, mascarillas...) y ante dicha insuficiencia de medios materiales se están reutilizando los existentes, aun cuando no es material reutilizable por su pérdida de eficacia", denuncia el CSIF.

El sindicato argumenta que el 3 de marzo de 2020, la Organización Mundial de Salud advirtió a los gobiernos que aumentaran la producción de equipos de protección personal (EPP) ya que los trabajadores de la atención sanitaria dependen de ellos para protegerse a sí mismos y a sus pacientes y evitar infectarse o infectar a otras personas.

"El propio sindicato también ha reclamado de manera reiterada desde el inicio de la crisis que se dotase al personal de medidas de protección adecuadas por lo que nos vemos obligados, en el interés legítimo de los/as trabajadores a los que representamos a presentar esta denuncia", concluye la central sindical.

El Supremo ha rechazado dos demandas similares

Esta no es la primera denuncia contra el Ejecutivo que llega al Alto Tribunal en las últimas semanas. Concretamente, el pasado miércoles ya se produjo un requerimiento similar por parte de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que solicitaba la entrega en un plazo de 24 horas de una serie de medidas de protección.

Esta petición fue desestimada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, dado que en el escrito presentado por la CESM no se especificaba contra qué actuación de la Administración se dirigía la petición, de forma que le era imposible imponer medidas cautelarísimas.

El Supremo explicaba entonces que, aunque eran conscientes de "la emergencia sanitaria" que vive el país, no les constaba "ninguna actuación contraria a esa exigencia evidente y sí son notorias las manifestaciones de los responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacerla".

Además, el Supremo ha rechazado hoy mismo una nueva petición del CESM para exigir al Ministerio de Sanidad la provisión a todos los hospitales de medios de protección. Esta vez sí que la Confederación de sanitarios había precisado el objeto de su impugnación (el artículo 12.4 del decreto que declaró el estado de alarma).

El tribunal considera como un "hecho notorio" la falta de medios en los centros hospitalarios, pero resalta que la cuestión jurídica a resolver en estos momentos es si esa ausencia de material está provocada por una actividad antijurídica de la Administración."Esta Sala carece de elementos suficientes para afirmar que existe tal inactividad y, mucho menos, sin oír antes a la Administración", concluye.