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Entrevista a Vicente Tovar "Infancia Libre no es una trama criminal, solo nace para alertar sobre los abusos a menores"

El abogado que defiende a las fundadoras de esta asociación, una de las cuales acaba de recuperar la custodia de su hija, explica que la organización nace mucho después de que las denuncias de estas madres hubiesen sido ya archivadas.

Vicente Tovar, abogado y magistrado en exedencia, defiende a María Sevilla y Rocío de la Osa, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de Infancia Libre

Marisa Kohan

"Cada vez que me entrevistan me preguntan por 'la trama'. Y aquí no hay ninguna trama", arranca rotundo Vicente Tovar, magistrado en excedencia y en la actualidad abogado defensor de Infancia Libre. Una asociación a la que un informe policial acusa de ser una "trama criminal" organizada para poner denuncias falsas de abusos sexuales de sus parejas hacia sus hijos y así retirarles la custodia. 

Tal como explica Tovar, esta organización estaba formada por tres personas: María Sevilla, que era su presidenta, Rocío de la Osa, que realizaba las funciones de vicepresidenta y José Antonio Cantos, marido de Sevilla "al que necesitan para formar la asociación, porque éstas tienen que estar constituidas por, al menos, tres personas". Y ya está. En la actualidad él defiende a las dos primeras. 

El resto, tal como relata en esta entrevista a Público, es "un discurso que se ha creado". Un discurso "monolítico" que arranca con la detención de María Sevilla a principios de abril de 2019 y que se va construyendo en las semanas siguientes con diversas detenciones y requerimientos judiciales, y que culmina en un informe elaborado por la Unidad Policial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla. En él se acusa a la asociación de "trama criminal" e incluye a más de 20 mujeres que habrían seguido todas una misma forma de actuar o modus operandi. Un informe policial que está en manos de la fiscalía y que para Tovar "no tiene ninguna base sólida". 

El pasado 10 de diciembre, un auto de la Audiencia Provincial de Granada abrió la primera fisura en este discurso coral que apunta a que todas las madres incluidas en el informe policial formaban parte de una trama y actuaban de la misma forma: denunciar falsamente a sus parejas de haber abusado sexualmente de sus hijos para quedarse con las custodias y apartar a los padres de sus hijos. La Audiencia devolvió a la vicepresidenta de la asociación la custodia de su hija y afirmó que no se había producido ninguna "sustracción" de la menor, dado que era la madre quien tenía la custodia. 

Usted que ha ejercido como magistrado durante 18 años ¿considera que que el informe tiene base sólida?

No. No tiene ninguna base sólida. Nunca se sabe lo que va a decidir la Fiscalía, pero yo creo que no va a pedir que se abra una causa criminal. Creo que la propia Fiscalía lo va a archivar.

Para que exista una organización criminal es necesario que se den una serie de presupuestos y requisitos. Tiene que haber una estructura jerarquizada, que cada uno cumpla un función, y haber sido creada para cometer delitos. En este caso concreto, esta supuesta organización criminal se crea cuando ya han sido archivadas las denuncias de abusos sexuales. No se crea para poner denuncias de abusos, no crean una organización y buscan una abogada y profesionales de la sanidad pública para que prepare denuncias falsas de abusos sexuales, que es lo que afirma la Policía en su informe.

"La manera en la que se contó el caso de María Sevilla ha condicionado todos los demás"

No. Las denuncias estaban ya archivadas cuando crean la organización porque están preocupadas por el tema y porque la justicia no da respuestas. Y llevan su voz a los políticos, al Congreso para que entiendan que existe este problema. Esa es la finalidad de Infancia Libre. Pensar que todas lo hacen igual, que todos los casos se pueden contar de la misma manera y que todo responde a una sola cabeza que organiza denuncias falsas es un error, aunque este relato esté en boca de la sociedad. La manera en la que se contó el caso de María Sevilla ha condicionado todos los demás.

Esto es ridículo. Es como si me dijeras que todas las mujeres que sufren violencia de género tienen una estructura para denunciar falsamente, porque con una denuncia de violencia tienen una posición favorable en un divorcio. Esto es un disparate.

A Rocío de la Osa la citaron en un juzgado de instrucción en junio pasado y le retiraron la custodia de su hija. ¿En qué situación estaban madre e hija?

Rocío vivía con su hija. La madre tiene una enfermedad después de que tuviera un tumor cerebral, lo que le produjo una parálisis de media cara. Tiene mucha relación con la familia materna. Ella es profesora de instituto, aunque ahora está incapacitada por esa enfermedad. Pero ha ejercido como profesora de instituto, perfectamente localizada por la consejería de educación. Es decir, en todo momento se ha sabido dónde estaba. Se hablaba de que había cambiado mucho de residencia, pero no es verdad.

"Rocío de la Osa siempre estuvo  totalmente localizable y con su hija perfectamente escolarizada"

Ella estuvo en Granada en comisión de servicio, luego estuvo destinada en Alcalá Real, que es un pueblo que está a media hora de Granada. De allí tuvo la posibilidad de ir a Monachil, que es otro pueblo al lado de Granada, también en comisión de servicio. Siempre estuvo en institutos, totalmente localizable y con la niña perfectamente escolarizada y sin ningún problema. Hasta que, por su situación de enfermedad ha vuelto a Granada. Pero siempre ha estado a media hora de Granada, que de aquí no se ha ido nunca y la niña nunca ha estado sin escolarizar.

¿Y su situación judicial cómo estaban en ese momento?

A nivel judicial ella tenía la custodia de la niña desde año 2017. El padre lo que tenía era un régimen de visitas que consistía en podía ver a la niña unas determinadas horas en un punto de encuentro familiar. La sentencia de 2017 dice que este régimen de visitas, y esto es clave, se cumplirá siempre y cuando los progenitores se pusieran de acuerdo en los días y horas en los que el padre iba a realizar las visitas. Es decir, la situación judicial exigía que padre y madre llegaran a un acuerdo de cuando el padre, Mauro, podía ver a la niña. Ese acuerdo no se ha producido nunca ni nunca Rocío ha sido requerida por su expareja para llegar a un acuerdo. Ella no hizo nada proactivo para llegar a ese acuerdo, pero tampoco tiene ninguna obligación judicial, porque no lo ha impuesto ninguna sentencia.

¿Ella lo había denunciado a él por posibles abusos sexuales hacia su hija?

Ella presenta en primer lugar una demanda de divorcio normal, tras el que ella acaba con la custodia de la niña y él con un régimen de visitas en un punto de encuentro determinado por un juez de familia. Aquí no había denuncia de abuso, ni de malos tratos ni nada. El padre se había desentendido de la niña y el propio juzgado impone esas visitas y el padre no reclama más, no pide verla más tiempo, ni en su casa, sino que se conforma con que sea en el punto de encuentro. El no apela esa sentencia ni la recurre.

En una de esas visitas la niña le relata a Rocío cosas que podrían ser abusos sexuales. Ahí es donde Rocío interpone una denuncia por abuso. La madre no tenía ninguna necesidad de inventar una denuncia porque ella ya tenía la custodia y el padre sólo veía la niña cada quince días en un punto de encuentro. Ella no necesitaba interponer ninguna denuncia de abusos para quitarle la custodia, porque ya la tenía ella y el padre prácticamente no veía a la niña. No es como dice la Policía, que un su informe habla de un modus operandi en que se utiliza la denuncia de abuso para conseguir una posición ventajosa en el divorcio.

¿Y qué pasó con esa denuncia por abusos sexuales?

Con la denuncia de abusos sexual pasó lo típico, lo que ocurre en la mayoría de los casos. Que el informe de los equipos del juzgado determinaron que las evidencias  no eran contundentes y no pudieron determinar de forma clara que haya habido abuso, a pesar de que existen informes que así lo afirman. Esto es lo que suele ocurrir casi siempre. Que el abuso sexual infantil existe y está detectado, incluso por organismos internacionales, pero que es muy difícil detectarlos en la práctica. Pero eso no quiere decir que no exista.

Vicente Tovar

El juez, entonces decide archivar y dicta una auto de sobreseimiento del abuso. Después de esto se produce un conflicto en el que la expareja de Rocío la intenta agredir y ella interpone una denuncia por malos tratos. A él lo condenan por un delito de vejaciones con motivo de violencia de género y todo esto acaba con una sentencia que es la que ahora mismo está en vigor y que estaba en vigor en junio cuando Rocío es citada en el juzgado de instrucción nº 9 de Granada. En dicha sentencia se mantienen las visitas del padre en el punto de encuentro, pero añade que esto entrará en vigor siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo. Ahí está lo que tenemos hasta ahora. Ella no facilita que la niña se vaya con el padre, pero no está incumpliendo ninguna sentencia.

El padre la denuncia en 2016 porque dice que ella impide que vea a la niña. Entonces se abre un procedimiento penal por esa supuesta desobediencia y sustracción, pero se dicta un auto de sobreseimiento porque no hay ni sustracción ni desobediencia.

Entonces ¿por qué el juzgado de instrucción de Granada le quita la custodia en junio pasado?

La situación estaba así, tranquila, normalizada hasta el momento en el que la Policía, de forma muy imaginativa, inicia el informe de la supuesta trama de organización criminal. La Policía remite un oficio al juzgado nº 9 de instrucción de Granada diciendo que en el curso de dicha investigación se vio que esta madre tenía una orden de búsqueda por desobediencia y sustracción. Con esto, el juez decide reabrir la denuncia que estaba ya archivada, y lo hace sin investigar ni que haya ningún indicio de nada nuevo, que es lo que le dice ahora la Audiencia Provincial que ha desautorizado al juez.

Yo soy magistrado en excedencia y he impartido como juez 18 años y sé cómo funciona esto. A ti te toca la puerta de tu despacho la policía con la que trabajas todo los días, se sientan en tu despacho y te dicen que esto es así, y en principio te lo crees. Con independencia de las pruebas te crees que es una organización criminal. Algunos jueces se dejan influir. Uno más que otros. Pero este parece que era bastante influenciable. Le cuentan esto y directamente reabre la causa y dicta el auto suspendiendo la custodia de la madre. Esta es una situación bastante anómala. Entonces es cuando tomamos nosotros el caso de Rocío y lo primero que hacemos es recurrir.

La citación judicial acabó con el juez dictando un cambio de custodia inmediato de la niña hacia una tía paterna. 

Hace unos días la Audiencia de Granada nos ha dado la razón. Dice que el juez de instrucción no podía hacer lo que hizo, que no tenía competencias e insiste en que no había motivos para reabrir la causa, porque no hay ninguna prueba nueva ni de sustracción ni de desobediencia y que la niña debe ser restituida a la madre.

¿Esto se puede entender como una prevaricación por parte del juez? ¿Emprenderán alguna acción?

Prevaricar es decir mucho. Creo que se equivocó y cometió un error. Sobre la posibilidad de tomar medidas lo decidirá Rocío, pero creo que está animada. No digo sólo a tomar una medida contra el juez, sino contra la Administración de justicia en general, porque ha estado bastantes meses privada de su hija y eso es un daño moral importante e indemnizable, claro.

¿Y cómo es ahora el proceso para reunirse con su hija?

Estamos en ello. Ahora mismo debería volverse a aplicar la sentencia que regula las medidas, que es la que dice que la custodia es para la madre y el padre tiene un régimen de visitas en el punto de encuentro siempre y cuando llegue a un acuerdo con la madre. Volvemos al punto de partida. Hemos presentado ya un escrito en el juzgado, pero esto puede tardar varias semanas. Por tanto lo que estamos haciendo es intentar llegar a un acuerdo con el abogado contrario para intentar evitar que esto se dilate. Intentaremos acordar que el lunes (por el 19 de diciembre) Rocío la pueda recoger a la niña del colegio y se la lleve a casa. En eso estamos.

¿Qué más queda pendiente en este caso?

A raíz de que el juez le quitó la custodia a la madre, el padre presentó una demanda de modificación de medidas de la sentencia de 2017 del juzgado de violencia, en donde piden que la custodia se la den al él y que la madre se le imponga un régimen de visitas. Ese juicio está señalado para el 30 de enero. Pero en las conversaciones que estamos teniendo con el abogado contrario estamos también llegar a un acuerdo, porque si se le devuelve la custodia a Rocio ese cambio no parece que tenga sentido. Intentaremos llegar a un acuerdo para un régimen de visitas con el padre, progresivo, vigilado y si todo va bien, que se vaya ampliando. Siempre claro, que no venga la niña un día diciendo que ha tenido una situación de posible abuso. Espero y confío en que no. Por eso pedimos que sea vigilado por el punto de encuentro o por los servicios psicosociales del juzgado. No sabemos aún si llegaremos a un acuerdo.

Usted también defiende a María Sevilla y ha tenido acceso al informe policial que intenta demostrar que Infancia Libre es una organización criminal. ¿Todas las mujeres que están en ese informe son parte de esa organización?

No. Ahí empieza el error. La organización Infancia Libre lo forman tres personas: María, Rocío y el marido de María que lo necesiten para constituir una asociación porque hacen falta tres personas. Eso es infancia libre, no es más. Desde la asociación empiezan a dar visibilidad al problema del abuso infantil y se van encontrando que hay un montón de madres por toda España que tienen en mismo problema. Por eso muchas contactan con Infancia Libre, pero no para organizar nada, sino para buscar apoyo moral, para preguntar que han hecho cuando les han archivado la causa, como lo hacen, a quién recurren… Coinciden en jornadas. María y Rocío no conocen a esas más de 20 mujeres que están metidas en el informe. Conocen sólo a cinco o seis. A las demás no las conocen. No saben si alguna vez se ha puesto en contacto con infancia Libre. No saben ni quiénes son.

Ese informe dice que todas esas mujeres tenían una misma forma de actuar: que denunciaban a sus exparejas por abusos sexuales a sus hijos con el fin de quitarles las custodias y las visitas. ¿Todas las mujeres que están en ese informe habían presentado denuncias de abusos sexuales hacia sus hijos?

No. Hay muchas que no habían denunciado por abusos sexuales, sino por violencia de género. Ese es el modus operandi del que habla la Policía. En el informe viene a decir que esta es una trama criminal organizada en la que todas actúan de esa manera. Aquí hay un determinado número de madres que han tenido una situación similar y cada una de manera individual tiene su situación. Pedro cada caso es distinto. 

"María Sevilla nunca presentó una denuncia por abuso sexual hacia su hijo y Rocío de la Osa lo hizo pero cuando ya tenía la custodia de su hija  más que garantizada"

Las que yo conozco más profundamente, que son María Sevilla y Rocío de la Osa, no habían presentado ninguna. María Sevilla, por ejemplo, no ha presentado nunca una denuncia por abusos sexuales, lo hizo un juzgado de oficio, y Rocío la presentó pero cuando ya tenía la custodia más que garantizada. Es decir que lo que viene a decir la Policía en el informe es que se instrumentaliza la denuncia de abuso para con ella obtener luego un beneficio en la sentencia de familia. Pero en el caso de estas dos que yo llevo, las dos tenían ya su divorcio o separación más que resuelta. Es decir, no hay una denuncia de abusos para conseguir una mejor posición en el juzgado de familia.

Lo único en lo que coincide, y que ha despertado un poco de sospecha a la Policía, es que muchas están asesoradas por la misma abogada y que habían sido vistas  por la misma pediatra del Servicio de Salud Andaluz. Hay que reconocer, también que la mayoría de los casos son de Granada. Pero vuelvo e insistir. En el caso de María Sevilla, la abogada Carmen Simón, que es la que el informe quiere ligar a la trama, fue la séptima abogada que tuvo. Y el informe de la pediatra de Granada es el número 12, porque ella ya tiene 11 informes anteriores donde perciben indicios de posibles abusos hacia su hijo.



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