MADRID.- Lentitud exasperante del Gobierno en funciones en los compromisos adquiridos con la Unión Europea para con los refugiados huidos de las guerras de Siria, Afganistán, Irak y otras muchas que se hacinan en las fronteras europeas o de partida hacia el continente. Lentitud exasperante, en definitiva, con el cumplimiento de la legislación internacional, los convenios y el tratado de Derechos Humanos.

El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo de Mariano Rajoy firmó con la UE un acuerdo para acoger a 17.000 refugiados en dos años; ocho meses después, a principios de mayo y menos de dos meses de una elecciones generales, habrá en España 218 si se cumplen los plazos.

Hasta ahora, el Ejecutivo ha autorizado la entrada de 18 solicitantes de asilo y en unos días, según anunció el ministro del Interior desde Luxemburgo esta semana, llegarán otros 200. Dejando claro Jorge Fernández Díaz, eso sí, que las comprobaciones de "seguridad" pueden retrasar las cosas.

El Consejo de Ministros en funciones, además, ha aprobado este viernes una partida de 83,4 millones de euros que subvencionarán a distintas ONGs para que acojan e integren a los refugiados que vayan llegando.

De este dinero, se destinarán 1,2 millones a mejorar la atención sociosanitaria en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, donde los asilados permanecen mientras se evalúa su situación administrativa y se decide cuál es el destino que les corresponde según la ley.

La letra pequeña del 'contrato' del Gobierno con las ONGs (es decir, la referencia a la subvención del Consejo de Ministros en funciones) aclara que los 83,4 millones anunciados hoy no son únicamente para los refugiados de guerra, a los que corresponden directamente 74.

Así, el montante del Ejecutivo en funciones se destinará "a fomentar el desarrollo de actuaciones a favor de otros extranjeros en situación de vulnerabilidad" mediante otros proyectos como los "dirigidos a la sensibilización, formación de profesionales y acogida de grupos específicos", como víctimas de trata o violencia de género (3 millones), entre otros; proyectos de "equipamientos y adaptación de inmuebles para los fines de acogida (2,24 millones)", o proyectos de "empleo destinados al desarrollo de itinerarios integrados de inserción laboral individualizados destinados a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional" (3 millones)