España vuelve a estar en el punto de mira. Esta vez han sido las 16 organizaciones ecologistas de la Alianza Residuo Cero quienes han decidido llevar al Gobierno ante la Justicia europea, después de que este jueves presentaran una demanda por incumplir los objetivos de reciclaje marcados por las normativas de la Comisión. El Estado debería haber alcanzado el 50% de la recuperación de los desechos urbanos en 2020, pero los últimos datos de Eurostat –del 2018– muestran una tasa de tan solo el 34,7%. Bruselas, que ya ha admitido a trámite la denuncia, deberá decir ahora si España ensancha su lista de infracciones ambientales o las deja como está.

No en vano, el cumplimiento o no de la Directiva Marco de Residuos 2008/98/CE no tendrá una gran incidencia en las estadísticas europeas que sitúan a España, según los datos de 2020, a la cabeza de los países de la UE con más infracciones ambientales abiertas. Así, la Administración española cerró el año con 30 vulneraciones ambientales –sólo por detrás de los 36 casos registrados por Reino Unido–. Le siguen Grecia (29), Francia (23), Italia (22) y Rumanía (21).

España, además, terminó el año con ocho casos que podrían desembocar en sanciones debido al incumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Actualmente es el segundo Estado miembro, por detrás de Grecia, en tener más infracciones ambientales acreditadas por la Justicia y sin ser resueltas. Concretamente, el 15% de los 52 casos que se contaron en Europa en 2020 son españoles.

El grueso de los expedientes, cartas, advertencias y condenas que recibió el Estado español el último año tienen que ver con el mal estado de las masas de agua, contaminación atmosférica, riesgos de inundación, conservación de espacios protegidos como la Red Natura 2000 o gestión de residuos.

En materia de conservación de naturaleza, en julio de 2020, la Comisión instó a España a ampliar los espacios considerados como Zonas de Especial Conservación. Bruselas ya envió una carta en 2015 pidiendo que se protegieran 1.278 lugares de las regiones alpina, atlántica y mediterránea. Ese mismo mes, Europa envió un dictamen al Gobierno para que cumpla con las normativas sobre calidad del agua y le dio un plazo de tres meses para adoptar medidas para resolver el exceso de nitratos contaminantes en determinadas masas de agua. Esto llevó al Ministerio para la Transición Ecológica a reconocer la sobreexplotación del Mar Menor y Doñana y a anunciar medidas para salvar a estos dos ecosistemas de los vertidos constantes procedentes de agricultura intensiva y minería.

En diciembre de 2020, la Comisión también señalaba a la Administración española por infringir la Directiva 91/271/CEE del Consejo, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, al encontrar 133 casos de vertidos. "No se prevé que España cumpla plenamente sus obligaciones en un futuro próximo. Por tanto, la Comisión le envía un dictamen motivado y le pide que acelere el cumplimiento", explicaban desde Bruselas, dando un plazo de dos meses antes de que el caso llegase al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las inundaciones provocadas por los diferentes episodios de borrascas y gota fría en el litoral en 2019 evidenciaron la falta de adaptación de España al cambio climático. No sólo eso, sino que Bruselas llevó al Gobierno a los tribunales europeos, que emitieron una sentencia en abril de 2020 en su contra por no aplicar los planes de gestión del riesgo de inundación. Esta infracción no fue revertida, propiciando que en octubre la Comisión enviase una última advertencia al Gobierno antes de que se enviara de nuevo el caso al TJUE, el primer paso antes de recibir una sanción económica.

Las infracciones en el conjunto de Europa

Desde el año 2015, el número de infracciones ambientales ha experimentado una curva ascendente que va de los 286 casos registrados ese año, hasta los 451 que se contabilizaron en 2020. En otras palabras, la vulneración de las normativas europeas en materia de medio ambiente han ascendido un 57% en tan sólo cinco años.

La mayor parte de las infracciones tienen que ver con la gestión de residuos y vertidos. En ese sentido, en el último año se dieron 161 casos que representan el 36% del total. Se tiene constancia de 73 casos relacionados con la mala calidad del aire (16%); 63 vulneraciones de las directivas relacionadas con la calidad del agua (14%); 62 incidentes vinculados a la falta de protección de espacios naturales (14%); 32 casos sobre la falta de adecuación de los espacios ante los impactos de la crisis climática (7%); y las 60 infracciones restantes (el 13%) no se identifican.

Las infracciones ambientales, sean por los Estados o por entidades privadas, son un sumidero económico. Así lo evidencia un informe de la European Environmetal Bureau (EEB) que estima que, cada año, la vulneración de normas europeas y los delitos relacionados con la naturaleza tienen dejan una factura de 231.000 millones de euros.