El campo saldrá a las calles el 20 de marzo. Gran parte del tejido productivo de la España rural, los agricultores y ganaderos del Estado, marcharán por Madrid para reivindicar su espacio y denunciar el abandono que, a su juicio, sufren por parte de la Administración. A esta protesta acudirán organizaciones dispares, desde ASAJA (la patronal agropecuaria) hasta COAG y UPA (las organizaciones agrarias más vinculadas a los sectores progresistas), pasando por otras plataformas conservadoras como la Oficina Nacional de la Caza, que aprovechará el evento para pedir el fin de la protección del lobo o que se permita cazar en los Parques Nacionales del país.

Además de este conglomerado de organizaciones, reflejo de la propia diversidad ideológica de la España rural, la derecha pretende instrumentalizar la ira del campo para cargar contra el Gobierno. De esta forma, el PP ha anunciado que acudirá a la manifestación del 20 de marzo para defender a los agricultores y ganaderos, y Cuca Gamarra, portavoz y máxima representante del partido en este momento, desfilará por las calles de Madrid junto a otros miembros de la formación conservadora. Vox, por su parte, ha convocado su propia movilización este 19 de marzo, aunque también acudirá a la del día siguiente. El apoyo decidido de las derechas a los sectores rurales contrasta, no en vano, con las acciones políticas de estos partidos en los gobiernos regionales o las votaciones parlamentarias. Desde las posturas obtusas contra la ley de cadena alimentaria, hasta la sangría demográfica en comunidades como Galicia, donde los populares gobiernan desde hace más de una década.

Contra el fin de la venta a pérdidas de los agricultores

A finales de 2021 el Congreso aprobó con una amplía mayoría la nueva Ley de Cadena Alimentaria, una norma amplia y extensa que, entre muchas cosas, ponía fin a la venta a pérdidas por parte de los agricultores y ganaderos españoles. Se prohibía así la venta de productos a las cadenas de supermercados por debajo de los costes de producción, una de las reclamaciones históricas del sector. Organizaciones como COAG o UPA celebraron esta medida y este avance: "Es un logro histórico de los agricultores y ganaderos españoles".

Pese a ello, Vox y PP votaron en contra de esta reforma legislativa. Los ultraderechistas alegaron entonces que esta medida sólo aumentaba la burocracia y que apenas tendría calado. "Para crear un entorno en el que todas las partes de la cadena alimentaria salgan fortalecidas", dijo Jacobo González-Robatto, senador del partido, en una clara referencia a los grupos de distribución de alimentos, que ahora se enfrentarán a sanciones si compran alimentos por debajo de los costes de producción.

La postura del PP con esta ley generó grandes controversias durante la campaña electoral de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León, pues la agrupación conservadora, pese a votar en contra de esta norma, elevó el tono para reclamar precios justos para los agricultores. El propio ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Planas, cargó en el mes de febrero contra la derecha por sus contradicciones: "Parece que hoy están muy interesados por el campo, pero no apoyaron la Ley de Cadena Alimentaria que permite que agricultores y ganaderos perciban precios dignos, una reivindicación histórica del sector".

La España vacía sigue vacía

La despoblación continúa lastrando las zonas rurales del Estado. Esta misma semana Cuca Gamarra aprovechó un desayuno informativo para culpar al gobierno central: "La gente se va cuando no hay igualdad de oportunidades", criticó. El PP lleva décadas gobernando en dos de las comunidades autónomas más golpeadas por la migración, Galicia y Castilla y León, y sus políticas no han conseguido contener la sangría demográfica.

Galicia ha perdido más de 100.000 habitantes desde 2010, un año después de que Feijóo se hiciese con el poder, y es la comunidad autónoma con el segundo índice de envejecimiento más alto del Estado tras Asturias. Así, el porcentaje de gallegos y gallegas mayores de 65 años supera en más de diez puntos al de jóvenes menores de veinte años.

En el caso de Castilla y León, donde el PP lleva gobernando más de tres décadas, la pérdida de población no ha cesado. Desde el año 2010, la región ha perdido más de 175.000 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Un dato que va ligado a una serie de políticas sociales –como el cierre de centros sanitarios y consultorios– que no han contribuido a fijar población en los municipios castellanos y leoneses.

A favor de las macrogranjas

El debate sobre las macrogranjas también dejó a la derecha en fuera de juego. El discurso de los sectores conservadores contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón, que había reconocido los efectos ambientales y sociales negativos de la ganadería industrializada, puso a PP y Vox contra los intereses de parte de la población rural que, durante décadas, lleva peleando administrativamente para frenar el despliegue de las macrogranjas. 

Los movimientos vecinales contra estas instalaciones en los pueblos de España son múltiples. En la campiña segoviana, vecinos de varios municipios llevan años denunciando el despliegue de esta industria, que ha llevado al territorio a tener 1,2 millones de cerdos frente a 150.000 habitantes, lo que ha dejado daños importantes en los acuíferos y al menos 387 municipios con problemas de acceso al agua potable por la contaminación de los acuíferos derivada de los vertidos de purines. La lista de pueblos rurales en pie contra este modelo agropecuario se extiende por todo el mapa y algunas organizaciones como UPA o COAG han pedido en repetidas ocasiones que se frene el despliegue de las macrogranjas, ya que perjudica a los pequeños y medianos agricultores.

La postura radical a favor de las macrogranjas no sólo dejó a los dirigentes del PP y de Vox en una posición contraria a los intereses de buena parte de la comunidad rural y de las asociaciones agropecuarias; también cristalizó las incoherencias de las posturas nacionales de las derechas con las que se habían ido tejiendo en los municipios. Dicho de otro modo, mientras Pablo Casado cargaba contra Alberto Garzón y negaba los perjuicios ambientales y sociales del modelo industrial del campo, muchos de los alcaldes y concejales de su partido en la España rural llevaban años peleando para frenar el asentamiento de grandes de producción porcina o láctea en sus dominios.