La práctica mayoría de la Eurocámara- con 571 votos a favor, 61 en contra y 59 abstenciones- ha aprobado un informe que evalúa la directiva de 2011 contra la trata de seres humanos. Es una recomendación a la Comisión Europea y a los Estados miembros para implementar la directiva en su totalidad y actualizar algunos de sus puntos, para atajar con firmeza la trata de personas y proteger a las víctimas.

Por parte de los principales grupos de la Cámara hay un gran entendimiento y comparten las principales preocupaciones: la trata se ceba con aquellas personas más vulnerables, mientras los que los que se aprovechan de las tratadas quedan impunes y hay que atacar a este problema desde diferentes frentes. Por ello piden reforzar la cooperación entre las capitales, ya que a menudo son delitos trasnacionales.

Los ponentes del informe han sido dos españoles: el socialista Juan Fernando López Aguilar y la liberal Soraya Rodríguez Ramos. En el texto queda constancia de que la explotación sexual es la forma de trata más frecuente en suelo europeo, donde el 92% de las víctimas son mujeres y el 70% de los tratantes son varones. Los ponentes han hecho especial hincapié en este punto y han instado a la comisaria Ylva Johansson a que se tipifique explícitamente como delito penal "el uso con conocimiento de causa de cualquier servicio prestado por víctimas de trata que implique explotación.

Según la eurodiputada de Ciudadanos, Soraya Rodríguez Ramos, "la explotación sexual representa más del 60% de todas las modalidades de trata, de las que las mujeres son el 92% de las víctimas". Ha lamentado que "en estos momentos, sin embargo, tan solo somos capaces de liberar al 1% de estas víctimas y hay una tremenda impunidad". "Apenas detenemos a los jefes de estas mafias criminales, que según la oficina contra la droga de Naciones Unidas, es la segunda actividad delictiva del mundo con mayores beneficios económicos", ha subrayado. Por ello pide abordar de "manera holística la lucha contra este crimen, persiguiendo también su dinero".

Según han deslizado los eurodiputados y eurodiputadas que han participado en el debate, el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías facilitan el trabajo para captar a víctimas potenciales de tráfico, incluido menores. De hecho, casi la cuarta parte de las víctimas de trata son niños y niñas, y por ello desde la Eurocámara piden que se adopten las medidas necesarias para proteger a estos menores. "Nos preocupa el incremento alarmante en el tráfico de niños, sobre todo de migrantes indocumentados", ha lamentado Rodríguez Ramos.

Así, han recordado que la situación ha empeorado desde que la covid-19 llegase a suelo europeo y denuncian la cantidad de anuncios que ha habido desde entonces ofreciendo este tipo de explotación sexual y de pornografía. "Las víctimas están en los talleres textiles y en los anuncios en red, porque, a diferencia de otras víctimas, las víctimas sexuales no son escondidas y solo tenemos que tener el valor de mirarlas", ha añadido la ponente. Juan Fernando López Aguilar ha pedido un enfoque multidisciplinar "que apoye a las víctimas y garantice el fin de la cultura de la impunidad que rodea a esta delincuencia trasnacional".

Ha pedido que haya una voluntad real de protección de las víctimas, a través de una justicia gratuita, la reintegración, la reparación y la rehabilitación. Pero para poder proteger y ayudar a estas víctimas, en primer lugar, hay que identificarlas. Para resolver estas deficiencias, el Parlamento Europeo pide a la Comisión la especialización de agentes judiciales y policiales, así como una mayor interacción con la sociedad civil y ONG, poder garantizar alojamiento seguro, representación jurídica gratuita y apoyo psicológico a las víctimas.

La extrema derecha, centrada en la migración

Es importante no perder de vista el enfoque trasnacional. El eurodiputado popular Loránt Vincze ha recordado en el debate que la mitad de las personas víctimas del tráfico de personas en la UE son ciudadanos europeos. Lamenta que los países de origen muestren una distribución irregular, que se traduce en que los Estados de Europa central y oriental estén al frente de las estadísticas. "Seamos claros: los países de origen y de destino tienen algo de culpa", ha añadido.

Reconoce que el problema tiene raíces socioeconómicas y se ceba en los grupos más marginalizados, en especial con la población romaní. Vinzce ha denunciado que las "víctimas de países más pobres trabajan más horas por un salario más bajo y que, en muchas ocasiones, ni siquiera se les permite volver a su país de origen".

De esta manera, quedan atrapados en un limbo, tal y como ha explicado la eurodiputada de Podemos, María Eugenia Rodríguez Palop. "Muchas de las víctimas –ya sea a través de la miseria en explotaciones agrícolas, servidumbre doméstica, matrimonios o mendicidad forzados– quedan atrapadas en el infierno por no tener una vía legal y segura", ha lamentado la eurodiputada española.

"Y a ese infierno les quiere condenar hasta la eternidad la extrema derecha, cerrando la frontera a quienes huyen de la esclavitud aun siendo menores y criminalizando la labor de las ONG", ha denunciado. "Su cielo es un club exclusivo de adinerados, de la misma derecha que santifica a la familia y se opone a la reagrupación familiar de los que huyen", ha reivindicado, para después lanzar un órdago: "Se autoproclaman como cristianos, pero no lo son".

A algunas de las personas a las que iba dirigido este dardo es al eurodiputado Jean- Lin Lacapelle o la eurodiputada Jessica Stegrud, que opinan que el programa de la trata de personas está íntimamente ligado con la política de migración de la UE. Para Lacapelle, "esta miseria se desarrolla gracias a política de migración masiva y el pacto que la Comisión Europea propone, que va a alentar más todavía a esas redes y permitirles a las ONG que se mantengan al abrigo cuando consigan salvar a estos inmigrantes". "Son ustedes los cómplices indirectos de estos traficantes", ha insistido, para añadir que "recuperando el flujo migratorio y el control de nuestras fronteras, se acabará con la trata". La ultraconservadora Jessica Stegrud, también comparte que "el control de las fronteras representa la base para intentar limitar estas actividades y ayudar a las personas, en especial a las que se explota in situ".

En esta misma línea, la eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa Carrión, también criminaliza la inmigración: "No podemos cerrar los ojos ante este tráfico y explotación, pero tampoco hacia la inmigración ilegal". La política española va un paso más allá y, ante los datos que han puesto encima de la mesa los distintos grupos, amparándose en estudios, de los que se extrae que la mayoría de los tratantes son hombres, considera que es una manipulación. "Nos parece asombroso que se manipule con el tema de ideología de género para acusar al varón de ser violento por naturaleza", ha explicado, para reivindicar "desenmascarar a los culpables y recuperar el valor trascendente de la persona".

Sin embargo, el informe se ampara en datos y defiende además la importancia de castigar penalmente el uso de servicios ofrecidos por las víctimas de trata. "Hay que tipificar y penalizar al usuario, porque la demanda alienta a la comisión del delito y por ello pedimos que todos los Estados Miembros que tipifiquen como delito el uso consciente de los servicios de las personas tratadas", ha pedido Rodríguez Ramos.

"Con su demanda posibilitan esta trata horrible y allí tenemos que actuar", ha denunciado la eurodiputada socialista Maria Noichl. "Es importante tipificar que las personas que consumen servicios procedentes de la prostitución o la trata de personas son cómplices y recordar a las víctimas que tienen un lugar entre nosotras", ha añadido la socialista. Porque para Noichl, muchas mujeres arriesgan su vida para llegar a Europa y no hay que fallarles. "Europa es una promesa para las mujeres de paz, independencia y de derechos a la hora de votar y debemos de demostrar que somos además justicia y responsabilidad”, ha concluido.