Una explotación inexistente, residuos y un permiso urbanístico dudoso: dudas sobre el macroproyecto de biogás más grande del sur de Europa

Cada vez se conocen más detalles de la polémica macroplanta de biogás proyectada en La Sentiu de Sió, en Lleida, donde se concentran más de la mitad de las explotaciones porcinas de Catalunya. La semana pasada se hicieron públicos los resultados del análisis del Plan de Gestión Agraria (PGA) de La Sentiu Bioenergy, al cual ha tenido acceso Público. Un documento que ha encendido todas las alarmas de la plataforma Pobles Vius–Aturem el Macrogàs, formada por vecinos y agricultores de la zona. La entidad opositora denuncia que "una explotación ganadera que no existe aportaría el 70% de los purines necesarios para hacer funcionar la planta". El proyecto prevé el tratamiento de 300.000 toneladas de purines.  

"Esta explotación no existe en el Registro Oficial de Explotaciones Ganaderas de Catalunya. Esto debería haber generado una respuesta contundente por parte de la administración, pero ha sido aceptada sin objeciones por el Departament de Agricultura, que ha avalado el plan. Es inexplicable", critica Gerard Batalla, portavoz de la plataforma Pobles Vius. "El proyecto se ha tramitado asumiendo como real un volumen de residuos ficticio, utilizado como justificación ambiental y territorial para ocupar suelo agrícola protegido", denuncia el agricultor. 

La cuestión urbanística es fundamental en todo el proceso. En teoría, una infraestructura industrial de estas dimensiones debería establecerse sobre suelo industrial, con la correspondiente recalificación y compensaciones urbanísticas. Sin embargo, los promotores —"con el beneplácito de los mecanismos de Urbanismo"— han conseguido "camuflar" la instalación como un "servicio técnico a la comunidad" a través de "la gestión de las deyecciones ganaderas locales", recalificando suelo agrario protegido a servicios mediante el Plan Especial Urbanístico Autónomo (Peua), y "ahorrándose así costes millonarios". "Venden una fábrica privada de combustible como un servicio público", denuncia Batalla. 

La planta será la más grande de Catalunya —y del sur de Europa—, ocupará 10 hectáreas de terrenos agrícolas que ahora son de máxima calidad. La plataforma denuncia que para cambiar el uso del suelo, como en cualquier lugar, "se debería cambiar el POUM, pero se han inventado un plan para hacerlo por la vía rápida". La plataforma también advierte que en 25 años, "cuando la planta tenga que desmantelarse por una normativa europea que dice que en 2050 no se podrá quemar gas para suministrar los hogares, el espacio quedará destrozado". "Habremos destruido suelo agrario para nada", sentencia. 

En este sentido, Batalla apunta que el discurso de la "bioeconomía circular" esconde una realidad mucho menos amable: "Un negocio energético privado que aprovecha un modelo industrial ganadero ya insostenible". El agricultor denuncia cómo este modelo "sirve para prolongar una industria cárnica intensiva que ha sobrepasado la capacidad ecológica del territorio". Además, pone de relieve que "el biogás no es una energía renovable ni sostenible, y menos en la escala que se está planteando". 

Solo 88 explotaciones ganaderas inscritas 

El informe del Departament de Agricultura sobre el PGA revela que “solo 88 explotaciones ganaderas constan inscritas de las 350 anunciadas inicialmente, y dos ni existen”. “Es mentira que cuentan con el apoyo de 350 ganaderos, es una forma de presionar a la administración para la tramitación de la macroplanta”, asegura Batalla.   

En este sentido, Pobles Vius dice que se ha puesto en contacto con ganaderos incluidos en el Plan, quienes habrían afirmado que "no tenían ninguna constancia" y que "no han firmado ningún acuerdo" para aportar purines a la instalación. Con los datos en la mano, la plataforma apunta que "el proyecto podría haber estado sobredimensionado desde el inicio, ya que no existen los excedentes de purines que la factoría prevé gestionar". 

La plataforma también denuncia que no "se ha aportado ni un solo contrato real que explicite las cantidades de purines comprometidas por cada explotación" y que "tampoco se acredita el origen exacto del resto de materias que se pretenden tratar ni el destino final del digestato". "La planta dice que más de la mitad de su volumen será de purines. Pero en la práctica estamos convencidos de que no, porque los purines producen poco gas. Y que la mezcla final será distinta, maximizando otros residuos como restos animales", explica Batalla. Y añade: "Después hay otras categorías de estiércoles, como los de matadero, lo cual es aún más rocambolesco porque no hay mataderos en la comarca. El resto de materias no se sabe de dónde vendrán".

Un recurso contra el permiso urbanístico 

En el informe, la Generalitat evalúa positivamente el marco técnico del plan, pero condicionaba su activación a la aprobación de la autorización ambiental, que ya ha sido aprobada. Por todo ello, la entidad opositora ya prepara un recurso contencioso administrativo —financiado a través de una campaña de micromecenazgo— contra el permiso urbanístico. Batalla alerta que después de la planta de La Sentiu, "vendrán 21 plantas y polígonos más". 

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Sobre la resolución ambiental, la plataforma asegura que se ha aprobado sin garantías de bioseguridad, "y todo ello en plena alerta por la peste porcina africana". "Aprobar una factoría que se basa en el movimiento masivo de purines, residuos orgánicos y cadáveres sin control estricto supone un riesgo grave para la salud animal, la salud pública y la economía ganadera”, denuncian. Por eso, exigen la retirada de la autorización y que "se acredite el origen y la trazabilidad de las materias que quiere gestionar la planta y que respete las distancias mínimas de bioseguridad". 

Batalla critica que mientras el proyecto se vende como una solución sostenible para la gestión de los purines, los expertos señalan que el problema real no desaparece, sino que se transforma. Según la plataforma, el digestato resultante, "lejos de ser un fertilizante limpio, está calificado legalmente como residuo". Este residuo, "que deberá compostarse y redistribuirse", generará un movimiento anual de 31.000 camiones, más dispersión territorial y más presión sobre los campos agrícolas, mezclándose con otros residuos. "Será una puerta de entrada de residuos de fuera y un hub de exportación de energía hacia los grandes centros de consumo", concluye.