El mundo rural catalán se alza contra la proliferación de macroproyectos de biogás y energéticos: "Son opacos e impulsados por intereses privados"

Sentiu de Sió, Moià, Estamariu, Alcarràs, Almacelles, Anglesola, Alpicat, Pujalt, Linyola, Campredó, Juneda, Plans de Sió, Torregrossa, Balaguer o Torrefarrera… ¿Qué tienen en común estos pueblos de Catalunya? En todos ellos se ha proyectado la instalación de una macroplanta de biogás, biofertilizantes o gasificación. La de Sentiu de Sió, en Lleida, será la planta de biogás más grande del sur de Europa. La lista de municipios afectados por la proliferación de estos macroproyectos es cada vez más larga. 

Una lluvia de este tipo de proyectos de biogás, solares o eólicos, macropolígonos logísticos y líneas de alta tensión en buena parte del territorio agrícola del país ha puesto en alerta a vecinos y alcaldes de estos municipios, mayoritariamente del interior y el sur de Catalunya, que no quieren ser “ni un vertedero ni una colonia energética. Queremos pueblos vivos”. Unas reivindicaciones que canalizarán este domingo a través de la primera gran manifestación ruralista de Catalunya, convocada por el colectivo Pobles Vius, y con el apoyo de más de 150 entidades, en Lleida. 

Vecinos y alcaldes de los municipios afectados y académicos denuncian que la mayoría de estos macroproyectos "son opacos e impulsados por intereses privados" y "pueden suponer una destrucción de suelos agrarios de gran calidad". Por ello, exigen una moratoria de los procesos hasta que no se aborde una “planificación participada por las comunidades locales”. Público conversa con Laura Calvet, doctora en ciencias ambientales por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), y Gerard Batalla, portavoz de la plataforma Pobles Vius. 

¿Por qué han surgido tantos macroproyectos en el interior y el sur de Catalunya? 

La proliferación de este tipo de macroproyectos tiene que ver con una combinación de factores económicos, ambientales y políticos que han coincidido en los últimos años. Existe la necesidad de gestionar los purines y residuos ganaderos, que generan contaminación por nitratos en las aguas. Transformarlos en biogás y biofertilizantes es una salida atractiva e impulsada por financiación europea. Las empresas energéticas y agroindustriales ven en ello una nueva línea de negocio con ingresos asegurados, y han empezado a concentrar proyectos a gran escala. 

En cuanto a las plantas de biogás, el Govern catalán creó la Estrategia Catalana de Biogás 2024-2030 para incentivar su creación, con facilidades en la tramitación urbanística y al menos 25 millones en ayudas. Hay proyectadas unas 50 nuevas plantas de biometano en todo el país, que se sumarían a las setenta ya existentes, la mayoría promovidas por capital privado y sin vínculo directo con los ganaderos. El objetivo es llegar a 150 en 2030 y, en total, se generarían 462 puestos de trabajo directos y 1.112 de indirectos. 

"El documento es una declaración de buenas intenciones, pero su aplicación práctica se ha descontrolado. La estrategia dice que las plantas pueden ser públicas y privadas, pero la realidad es que son grandes empresas privadas las que aterrizan en el territorio con proyectos sin planificación clara y sin estudios rigurosos de capacidad. Esto genera duplicidades, opacidad y riesgos añadidos", explica Calvet. 

Según el texto, los residuos deben ser locales, pero en la práctica, "nadie sabe de dónde provienen". En cuanto a los puestos de trabajo, Calvet cuestiona que estos macroproyectos sean una gran oportunidad laboral para el territorio. "Si tuviéramos más agricultores y un sector primario fuerte, se generarían muchos más empleos reales y sostenibles", comenta. 

Por todo ello, la doctora señala que el problema principal es que estos macroproyectos —plantas de biogás, líneas de alta tensión, fotovoltaica o macropolígonos— "son muy opacos". "No se deciden con las comunidades locales, sino que vienen impulsados por intereses privados. Se presentan como un bien común para luchar contra el cambio climático, contra el cual hay que luchar, pero en realidad son un caso de manual de ecología política: actores con poder toman decisiones sobre territorios que no habitan, y esto genera resistencias y protestas". "No se está haciendo ni de manera participada ni consensuada, y cuando los proyectos se imponen, ni son progreso ni son desarrollo", concluye. 

¿Por qué se instalan en zonas rurales? 

La ubicación de estos macroproyectos no es aleatoria. Suelen estar alejados de grandes núcleos urbanos y en zonas principalmente rurales, con pequeños pueblos y explotaciones agrarias. Batalla explica que en los últimos años, el territorio ha sufrido un embate muy fuerte con la llegada de macroproyectos que afectan “al espacio rural, natural, agrario y, en definitiva, a la vida cotidiana de los pueblos”. Esta situación es percibida como una especie de “colonización”. “Grandes capitales y la administración impulsan transformaciones económicas y sociales que subordinan el mundo rural a las necesidades y negocios de grandes grupos”, critica. 

Relacionado con este tema

Catalunya tiene ya 72 plantas de biogás con el reto pendiente de la conexión a la red y la aceptación social

Uno de los problemas de fondo es la “visión urbanocéntrica”. Las ciudades consumen recursos y expulsan residuos hacia las zonas rurales, sin plantearse un reequilibrio territorial. Batalla pone como ejemplo la llanura de Lleida, una de las zonas más contaminadas del país, “a pesar de ser un espacio abierto y agrícola”. Aun así, el portavoz remarca que la lucha no es contra la ciudad, sino contra "un sistema que concentra poder y recursos en áreas urbanas a costa del mundo rural". 

¿Cuáles son los proyectos más polémicos y por qué generan rechazo?

Por toda Catalunya, sobre todo en el interior y el sur, hay en marcha decenas de macroproyectos. A corte de ejemplo, el Departament de Agricultura de la Generalitat estima que hay que construir 50 plantas de biogás en los próximos cinco años. Además del macropolígono proyectado en la Huerta de Lleida o el parque solar de 800 hectáreas en terrenos de Vall Companys, hay un par de proyectos que han generado mucho rechazo en el territorio: la incineradora de residuos de Juneda y la planta de biogás de Sentiu de Sió. 

En cuanto a la incineradora de residuos de Juneda Nova Tracjusa, en Les Garrigues, impulsada por la Gestió Agroramadera de Ponent (GAP) y el Grupo Griñó, investigado por posible tráfico ilegal de basura italiana, podrá quemar hasta 45.000 toneladas de Combustibles Sólidos Recuperados (CSR) al año. Serán residuos que provendrán de la recogida doméstica de toda Catalunya.

La polémica planta Nova Tracjusa está proyectada dentro del recinto de la planta de purines de Tracjusa, que a día de hoy aún trata excedentes de purines a través de la cogeneración, un sistema que utiliza gas natural para evaporar el agua de los purines. A finales de este año, sin embargo, la planta dejará de recibir subvenciones, lo que la hace inviable económicamente. Para mantener en funcionamiento la planta, los ganaderos han apostado por la reconversión de esta a través de un sistema nuevo, el de la gasificación. Se trata de producir vapor a partir de combustibles derivados de residuos (CDR), residuos principalmente urbanos que no pueden ser reciclados y que proveería el Grupo Griñó.

El calor que producirá la planta de gasificación permitirá secar los purines para convertirlos en fertilizante. A los opositores les preocupa las emisiones que emitirá esta planta en la quema de residuos y cómo eso afectará la calidad del aire de una zona expuesta a nieblas persistentes, que hacen que compuestos y partículas queden atrapados. 

Relacionado con este tema

Qué es el biometano y por qué contribuye a la descarbonización

CP

Por otra parte, preocupa la planta de biogás de Sentiu de Sió (Noguera), promovida por el grupo danés Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), que prevé convertir hasta 450.000 toneladas de deyecciones anuales en biometano. Pobles Vius lo considera un proyecto “de dimensiones faraónicas y un atentado urbanístico y paisajístico sobre un suelo agrario de primera calidad”. Será la planta más grande del sur de Europa y genera polémica entre los municipios vecinos de la Noguera, Pla d’Urgell y el Urgell, que critican que se trata de un proyecto especulativo. 

La plataforma denuncia que la empresa que lo promueve ha inflado los datos de ocupación de la central para hacerlos coincidir con los criterios para ser declarado proyecto estratégico y de interés público. El proyecto dice que la planta creará entre 36 y 40 puestos de trabajo, mientras que en plantas de dimensiones similares de Dinamarca trabajan entre 10 y 12 personas, según la entidad. 

¿Cuál es el posicionamiento de los ayuntamientos?

Hay de todo. Hay ayuntamientos que están a favor de las macroplantas, sobre todo aquellos municipios donde se ubica el proyecto, y otros que se oponen. Batalla destaca que en algunos casos ha sido “muy importante” el posicionamiento de los alcaldes “para detener los procesos con alegaciones y no otorgando las licencias”. Pero en otros, denuncia “una dinámica muy perversa” por parte de las empresas promotoras. “Empiezan comprando los terrenos, y después el Ayuntamiento, y esto genera un conflicto entre vecinos importante”. 

Hace poco, una docena de alcaldes de la comarca de Les Garrigues —entre los cuales los de Les Borges Blanques, l’Espluga Calba, Vinaixa, Els Torms y Arbeca— presentaron una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Lleida contra las empresas Tracjusa, Griñó Ecològic y Gestió Agroramadera de Ponent, impulsoras de la gasificadora de Juneda. 

Asimismo, alcaldes y cargos electos de ERC de municipios de Lleida afectados por proyectos de macroplantas de renovables, tratamiento de residuos y biogás han presentado y firmado un manifiesto donde reclaman un modelo sostenible y participativo para evitar poner en riesgo la salud, la actividad agraria y el equilibrio territorial de las comarcas de Ponent. 

¿Un cambio de modelo es la solución?

Calvet remarca que el modelo alimentario-industrial actual “genera muchos problemas: exportamos mucho, importamos mucho y el campesinado tiene dificultades para vivir de su trabajo”. “En lugar de fomentar grandes plantas o macroproyectos, haría falta apostar por políticas públicas valientes que refuercen a los agricultores locales, el mercado de proximidad y una transición agroecológica real. Esto sí mitigaría el cambio climático”, sentencia. 

Batalla defiende que la movilización del domingo quiere ser un toque de atención al Govern catalán y un grito a la sociedad para “decidir qué modelo de territorio queremos”. “Estos macroproyectos tienen un impacto directo en la vida de la gente, en el paisaje, en la cultura. Y no se trata solo de decir no, sino de decir sí a otros modelos más sostenibles. Queremos equilibrio, queremos recursos cerca de la gente, queremos agricultores, queremos actividades adecuadas, queremos pueblos vivos y con futuro”, sentencia Batalla.