La legislatura del Gobierno de coalición progresista está en un tris de terminar tal como empezó en cuanto a la regulación del cannabis en España: en cuatro años no ha habido ni un solo avance normativo en este campo y ni siquiera se ha reformado la Ley de Seguridad Ciudadana, la ley Mordaza con la que ya se han impuesto más de un millón de multas por consumo de drogas en espacios públicos.

El amplio movimiento social que propugna la legalización del cannabis expresará su "indignación" con ese inmovilismo en la Marcha Mundial de la Marihuana que recorre este sábado el centro de Madrid y que otros años congregó a miles de personas.

"Nuestro derecho a relacionarnos con la planta [cannabis] sigue sin estar reconocido, porque se acaba la legislatura del cambio y el cambio no ha llegado", se proclama en el manifiesto de la marcha que desde hace 26 años se celebra en la capital de España, convocada por varias organizaciones cannábicas de ámbito estatal y local.

Con un ambiente tan reivindicativo como festivo, amenizada por grupos de música y DJ, la manifestación parte de la Puerta del Sol a las 18 horas y termina en la Plaza de España.

Detrás de esa movilización hay unos datos sociológicos bastante relevantes. El cannabis es la sustancia con mayor prevalencia de consumo en España: el 40,9% de la población de 15 a 64 años reconoce haberla consumido alguna vez en la vida, según la Encuesta de 2022 sobre Alcohol y Otras Drogas elaborada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

Ese porcentaje supondría una cifra aproximada de 13 millones de personas, aunque el número de quienes consumen cannabis de manera más frecuente -en el último mes, por ejemplo-, es bastante menor: un 8,6%. Y de entre ellas son 600.000 las personas que, según este sondeo, presentan un consumo problemático.

El otro dato demoscópico de relevancia es el que aporta el CIS en los barómetros en los que ha preguntado la opinión de la población española acerca de la regulación del cannabis. En el último que sondeó esta opinión, el de abril de 2021, la mitad de la población -el 49,7%- se mostró a favor de legalizar la venta de marihuana en determinados establecimientos y condiciones, un porcentaje que subió hasta el 90,1% si esa venta es para uso médico.

Esa amplia corriente de opinión favorable a la regulación del uso de una planta con un consumo tan extendido no ha conseguido, sin embargo, avance normativo alguno en una legislatura en la que el movimiento cannábico había puesto muchas esperanzas, entre otras razones porque uno de los socios del Gobierno progresista, Unidas Podemos, es un firme partidario de la legalización de la marihuana, sobre la que elaboró un proyecto de ley que aún no ha sido presentado.

El Congreso de los Diputados ha rechazado, merced a los votos del PSOE -sumados a los del PP y Vox-, la toma en consideración de dos proyectos de ley para regular el uso integral del cannabis, uno de Más País y otro de ERC, mientras que en el Senado corría la misma suerte otra propuesta del partido cannábico Luz Verde, presentada a través del grupo de Izquierda Confederal, para dar cobertura legal a las asociaciones de usuarios y el autocultivo.

Mientras, el único avance hasta el momento sigue sin cristalizar: el dictamen aprobado en junio del año pasado por la Comisión de Sanidad del Congreso, que emplazaba al Gobierno a regular el uso medicinal del cannabis en el plazo de seis meses. Cinco meses después de expirado ese plazo, Sanidad aún no ha aprobado nada al respecto. Ni siquiera ha presentado un documento con sus intenciones; simplemente, dice que está trabajando en ello.

"Es una vergüenza que aquí aún no se haya regulado nada aún", dice Ana Afuera, portavoz de la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), una de las organizadoras de la Marcha Mundial de la Marihuana. Y que no se haya hecho nada tiene graves repercusiones, a su entender: "El inmovilismo del Estado español está fomentando las mafias, la corrupción policial y un impuesto encubierto con las multas de la ley Mordaza. Y es una injusticia que un montón de gente normal, trabajadora, esté expuesta a ir a la cárcel simplemente por estar en una asociación de usuarios de cannabis. No tiene sentido".

El modelo que imita Alemania y España no regula

Según los cálculos de Confac, en España puede haber ya entre 1.700 y 2.000 asociaciones y clubes de usuarios, con una media de entre 300 y 400 socios cada una, que en la estimación más baja supondrían más de medio millón de personas en total. Esas asociaciones promueven, en general, un consumo responsable y suelen abastecerse con el autocultivo de plantas, un modelo en el que se ha fijado ahora el Gobierno de Alemania -coalición de socialistas, verdes y liberales- para el proyecto de regulación del cannabis que prevé aprobar este mismo año.

En vez de permitir la venta de marihuana en establecimientos, como había previsto en un principio, el suministro se canalizará a través de asociaciones formalmente registradas. "Estamos muy contentos con que Alemania haya escogido el modelo español de clubes de cannabis. Estábamos convencidos de que iba a ser un modelo que iba a triunfar. Y Alemania no será la última. Será el faro que alumbre al resto de las regulaciones europeas", pronostica Ana Afuera.

Sin embargo, el modelo de las asociaciones y clubes de usuarios, que nació en España y que ahora imitan otros países, tampoco ha sido regulado. Las únicas leyes que lo hicieron, emanadas de los parlamentos de Catalunya y Navarra, fueron tumbadas en el Tribunal Constitucional por invasión de competencias estatales, y a lo largo de la legislatura con mayoría progresista que está a punto de terminar tampoco se ha aprobado ninguna norma que regule su funcionamiento y se rechazó en el Senado una que lo proponía.

Como consecuencia, estas asociaciones siguen al arbitrio de unas interpretaciones legales sobre su funcionamiento que les acarrean numerosas intervenciones policiales y procedimientos judiciales con penas de cárcel por delitos contra la salud pública, como el que mantiene en prisión, ya en tercer grado, al destacado activista cannábico catalán Albert Tió.

En el Observatorio Europeo de Consumo y Cultivo de Cannabis, un grupo español de expertos sobre diversos aspectos de esta planta, que también forma parte de la organización de la Marcha Mundial, ve igualmente muy positivo que un país de la talla económica y geopolítica de Alemania haya optado por el modelo de asociaciones de usuarios que se creó aquí.

"Es una pena que venga gente de otros países a investigar nuestro modelo de asociaciones y que aquí se siga persiguiendo a la gente que lo lleva, que aquí no haya habido valentía política para regularlo", se lamenta su portavoz, Hugo Madera.

En el manifiesto de la marcha mundial, que este sábado recorre el centro de Madrid, se exige la regulación de estas asociaciones, del derecho al consumo y el cultivo de cannabis colectivo, así como un trato justo a los cultivadores de cáñamo, "que están siendo perseguidos como si de organizaciones criminales se tratase".

Muy pocas asociaciones, apenas un 10% o un 20%, según la portavoz de Confac, son las que no han sufrido alguna vez una visita o una intervención policial a cuenta de su actividad.

"Un fiasco" de legislatura

Con todo este bagaje, el resumen de la legislatura que hace la confederación estatal de asociaciones cannábicas resulta contundente: "Ha sido un fiasco para todas las personas consumidoras, para las que están a favor de la regulación y también para las entidades que trabajan en el ámbito de la reducción de riesgos. Nos hemos quedado atrás cuando podíamos haber sido pioneros en Europa. Siguen sin mirar alrededor, a lo que pasa en el resto de Europa y del mundo", subraya Ana Afuera.

Hugo Madera no quiere ser tan pesimista, no quiere desalentar al movimiento social por la regulación en España tras una legislatura de la que esperaba mucho y prefiere destacar sus logros en los últimos años, aunque los resultados que ha obtenido finalmente no hayan sido satisfactorios. "El final de un proceso es el principio de otro. Esto no se acaba con esta legislatura", dice. Pese a ello, admite que esperaban mucho más de un Gobierno de coalición progresista. "Estamos decepcionados", concluye.

Como parte positiva, el portavoz del Observatorio Europeo del Cannabis pone en la balanza los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso para abordar una regulación integral del cannabis, en cuya redacción colaboró este grupo de expertos y también su participación en la subcomisión que estudió la legalización del uso medicinal, aunque, de momento, su dictamen se haya quedado en una "declaración de intenciones", a falta de un desarrollo normativo desde el Ministerio de Sanidad.

Más de un millón de multas con la ley Mordaza

No ha habido ningún avance normativo en la regulación del cannabis y, al mismo tiempo, se han mantenido tal como estaban las multas por consumo y tenencia de drogas en los espacios públicos, prácticas consideradas como una infracción grave en la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, que establece sanciones de entre 601 y 30.000 euros en estos casos.

La reforma de la denominada ley Mordaza encalló en el Congreso por falta de acuerdo entre los grupos proponentes y eso ha causado un gran malestar en el movimiento cannábico que propugnaba acabar con las multas.

"Exigimos la derogación de la ley Mordaza; las multas por posesión y consumo en la vía pública son un impuesto encubierto que vulnera los derechos de millones de personas. ¡No somos delito! ¡No más multas!", se proclama en el manifiesto de la marcha mundial.

Desde que entró en vigor esta ley, se han impuesto más de un millón de multas por consumo de drogas en espacios públicos, con una cuantía que había superado los 601,5 millones de euros a finales de 2022, según las estadísticas del Ministerio del Interior.

Tal volumen de sanciones ha propiciado que España sea el país de Europa donde más se multa, y con diferencia, el uso del cannabis, de acuerdo con los datos del informe del año pasado del Observatorio Europeo de las Drogas.

Pese a ocupar el tercer puesto en consumo de esta sustancia, España acumula el 43% de todas las infracciones administrativas o penales registradas en Europa por consumo o tenencia de marihuana. "Era de las pocas cosas que creíamos que iba a salir adelante, por lo menos que se iba a reducir la cuantía de las multas y se reducirían a infracciones leves, pero nada. Es otra cosa que da vergüenza, que el Gobierno más progresista de la historia haya dado su brazo a torcer ante los sindicatos policiales con el tema de las pelotas de goma en la ley Mordaza", señala la portavoz de Confac.

Los derechos de los pacientes, "pisoteados"

En la manifestación de este sábado en la capital de España también se denuncia la total falta de avances en la regulación del cannabis medicinal que el Congreso de los Diputados solicitó hace casi un año al Gobierno. "¿Dónde está nuestra regulación medicinal?", se pregunta en el manifiesto de la marcha.

"Estamos hartas de que los y las pacientes que usan cannabis para paliar sus dolencias vean pisoteados sus derechos por no tener acceso a la sustancia de la manera que precisan, vulnerando otro derecho fundamental como el de escoger libremente el tratamiento que les convenga. En este Estado se cultiva cannabis para que la consuman pacientes de otros países y esto es una vergüenza", reprochan los organizadores.

A falta de una nueva normativa, el Ministerio de Sanidad sigue rigiéndose por una ley de 1967, firmada por el dictador Francisco Franco, para la concesión de licencias de cultivo de marihuana con fines de investigación o producción medicinal.

Actualmente, 21 entidades públicas y privadas disponen de esa autorización y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha previsto que alcancen este año una producción de 23,43 toneladas de cannabis medicinal, que prácticamente cuadruplica la cantidad que España notificó en 2022 a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y que debe ir destinada al completo a la exportación, porque aquí no está permitido su uso.

La AEMPS aseguró en diciembre, cuando se cumplía el plazo dado por el Congreso para poner en marcha la regulación del cannabis medicinal, que en breve presentaría su proyecto. Cinco meses después, el Ministerio de Sanidad sigue sin haber aprobado nada al respecto. Y el nuevo ministro, José Manuel Miñones, que sustituyó a Carolina Darias tras presentarse ésta como candidata a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canarias, enfrió aún más el tema en su primera comparecencia en la Cámara, el pasado 29 de marzo.

Miñones eludió hablar de plazos, ni siquiera concretó si se va a cumplir el mandato del Congreso que cuenta, entre otros, con el voto de su formación, el PSOE, y dejó "helada" a la diputada Josune Gorospe, del PNV, cuyo grupo fue el que propuso la creación de la subcomisión para abordar la legalización del uso terapéutico de la marihuana.