Familiares de víctimas de las residencias durante la covid protestan encadenados frente a la Fiscalía de Madrid

La sede de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid ha sido escenario de una nueva protesta por la justicia y la reparación de las víctimas de los "protocolos de la vergüenza". Entre el dolor y la desesperación, miembros de la Asociación Dignidad y Justicia en las Residencias de Mayores (DJRM) se han encadenado frente al edificio este martes con la esperanza de que su acto pueda despertar la conciencia de una autoridad que hasta ahora solo ha optado por la inacción institucional ante la tragedia vivida en las residencias de mayores durante la pandemia. 

La protesta se ha organizado en torno a la entrega de una carta dirigida a la Fiscal Jefa Superior, Almudena Lastra. En este documento, la DJRM, encabezada por su presidenta, Mercedes Huertas, demanda una investigación exhaustiva sobre los hechos que provocaron la muerte de 7.291 personas que entonces vivían en las residencias madrileñas. "No entendemos que usted no haya investigado la gran mayoría de las pruebas que han ido apareciendo", reza uno de los pasajes, reflejando la incredulidad y el daño que ello ha provocado a las familias afectadas.

Familiares: "No entendemos que usted no haya investigado la gran mayoría de las pruebas que han ido apareciendo"

Los testimonios y las pruebas recogidos en la carta son contundentes. La asociación denuncia la existencia de más de mil actas levantadas por la Policía Municipal que documentan el abandono en las residencias durante los días más oscuros del confinamiento en 2020. "No se entiende que la Fiscal Jefa Superior no haya llamado a declarar a los responsables de la Policía Municipal o incluso al alcalde de Madrid (José Luis Martínez-Almeida)", subraya el documento, insistiendo en la necesidad de una rendición de cuentas.

La DJRM hace referencia a los informes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Servicio de Emergencias 112, que corroboran la falta de atención adecuada a los residentes, pero también a quienes fallecieron en sus casas. "No entendemos que usted no haya investigado las muertes de mayores producidas en sus domicilios", continúa la carta, dejando claro que las decisiones administrativas de entonces impidieron a muchos mayores recibir la atención hospitalaria que podría haberles salvado la vida.

La carta, además, pone de relieve las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid. Esta comisión estima que "de haber sido trasladados a hospitales se podrían haber salvado unos 4.000 residentes". Una afirmación evidencia la magnitud de la tragedia y la urgencia de una investigación a fondo. 

Una deriva al margen de la Fiscalía General del Estado

La misiva subraya que la Fiscalía de Madrid ha ignorado las directrices y preocupaciones expresadas por la Fiscalía General del Estado. La presidenta de DJRM había presentado una serie de alegaciones y peticiones ante la Fiscalía General, destacando las graves omisiones y fallos en la atención a los residentes de las residencias de mayores durante la pandemia. En respuesta, la Fiscal de Sala Jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana Isabel García, reconoció la importancia de las quejas y garantizó que se llevaría a cabo un "profundo y atento análisis" de las mismas, enfatizando el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de las personas vulnerables.

No obstante, a pesar de esta contestación prometedora de la Fiscalía General, la carta revela que ya en mayo Almudena Lastra declaró que "no abrirá nuevas diligencias sobre lo sucedido en las residencias". Una falta de acción que contrasta con las instrucciones de la Fiscalía General de seguir investigando y atender las peticiones de las víctimas.

Las palabras de la asociación de familiares en la carta son claras: "No entendemos que usted actúe al margen de lo que indica la Fiscalía General del Estado. No entendemos que usted actúe como escudo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y no como debiera ser su misión de representante de un Ministerio Público plenamente comprometido con la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía".