Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes, a quienes se les "denegó el deber de socorro" tras la publicación de los llamados "protocolos de la vergüenza".

El tribunal, dirigido e integrado por personas de reconocido prestigio como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, denuncia "criterios discriminatorios para las derivaciones de personas enfermas de las residencias a centros hospitalarios". Las causas de esta exclusión fueron básicamente que los residentes, o bien no tenían seguro privado, o padecían algún tipo de deterioro cognitivo o discapacidad física.

En esta región la mortalidad fue el doble que en el resto de autonomías y otros países de la Unión Europea. Solo en los dos primeros meses dela crisis sanitaria perdieron la vida 9.468 personas, el 21,5% de las que allí ocupaban plaza. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco residentes.

Los resultados del estudio, presentado este viernes en el Ateneo de la capital, son fruto de más de 25 testimonios −trabajadores del sector y responsables políticos de entonces, como el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que dimitió en octubre de 2020 por esta causa− que narraron lo ocurrido el pasado mes de septiembre, en dos jornadas impulsadas por familiares de los fallecidos y expertos.

En busca de la verdad

El origen de esta comisión, tal y como afirman sus miembros, está en "la falta de interés y voluntad por parte de las autoridades públicas políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre lo que sucedió" a las personas que estaban confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia. 

Entre sus conclusiones, la comisión destaca que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando estalló la pandemia. También señala que la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue inadecuada: "No se activó la vigilancia epidemiológica, las residencias no contaron con medios materiales y humanos adecuados". 

Asimismo, el tribunal indica que "la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a las familias" fue deficiente. En la misma línea, pone el foco en la "no medicalización de las residencias", así como la decisión del Gobierno de Ayuso de no utilizar "los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria" a estos pacientes.

Entre el 22 de marzo y el 23 de abril de 2020 estuvo funcionando un hospital provisional en IFEMA. Se habilitaron 1.300 camas y se dotaron con 3.000 profesionales. Sin embargo, "a este centro solamente se trasladaron 23 pacientes leves" desde diferentes residencias madrileñas. En este mismo período fallecieron, no obstante, más de 5.000 personas "sin recibir la atención médica adecuada". 

La comisión habla de una "vulneración del derecho a la verdad", además del derecho a no ser discriminado y a la protección de la salud. Entre los hechos más impactantes, recuerdan los redactores del estudio, están "el sufrimiento y horror evitable" que vivieron miles de personas antes de morir, muchos de ellos ahogados y asfixiados. 

Para ellos, las conclusiones no dan lugar a dudas. Fueron todas estas "decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo" que "ignoraban la evidencia sanitaria". Por ello, el informe se enviará a todos los poderes del Estado, incluyendo la Fiscalía de Madrid (que hasta ahora se ha negado a investigar lo sucedido), e incluso a la Comisión Europea.

Se ha modificado el titular de esta información para reflejar la textualidad del informe.