Ganaderos y ecologistas chocan por la moratoria catalana a la construcción de granjas de cerdos

Con el objetivo de rebajar la presencia abundante de nitrato en las aguas de 68 municipios catalanes con una alta densidad de cría de cerdos, especialmente en las comarcas de Osona (Vic) y el Segrià (Lleida), la Generalitat de Catalunya ha decidido ampliar cuatro años más la moratoria que impide ampliar y construir granjas de cerdos en estas localidades.

En estos lugares, los nitratos procedentes de los purines de los animales se sitúan por encima del volumen que pueden absorber los cultivos. Aunque la medida ya se aplica desde hace dos años, los niveles de contaminación continúan en registros similares: un 40,3% de la superficie de Catalunya está declarada vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario, lo que representa casi la mitad de los municipios del territorio (465). Estos son los que presentan un índice de nitratos que supera los 50 miligramos por litro. Ante esta situación, las entidades agrarias instan al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a que se ponga manos a la obra, analizando la actividad de todos los agentes de la cadena, no sólo de los ganaderos. Por su parte, las organizaciones ecologistas advierten de la problemática ambiental que supone el mal estado de los acuíferos, que son las reservas de agua naturales.

Tras la publicación del Decreto Ley de medidas extraordinarias de limitación de la densidad ganadera en zonas vulnerables (ZV), la organización Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) constata que "el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha fracasado en la reducción de la contaminación, tal como ha reconocido la conselleria, y está en camino de volver a hacerlo si no aborda la problemática de forma amplia, incidiendo en la actividad de todos los agentes implicados en este tema".

La entidad señala que un 20% de las tierras fertilizables situadas en zonas vulnerables no están abonando con deyecciones ganaderas porque hay una persecución de esta práctica. Para incentivar la fertilización orgánica, JARC pide al Departament d’Acció Climàtica y al Ministerio de Agricultura que se bonifique a todos aquellos agricultores que fertilicen con un mínimo de un 30% de abono orgánico. Su responsable sectorial del porcino, Jaume Bernis, comenta que, ya que "hay que abonar los campos para producir alimentos, debe hacerse de la manera más sostenible posible".

Mal estado de las masas de agua

El análisis de JARC no lo comparten ni en la forma ni en el fondo las entidades ecologistas. Es el caso de la plataforma Aigua es Vida, que recuerda que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) presentó en el año 2019 el Pla de Districte de Conca Fluvial de Catalunya, donde ya se recogía el retraso de tres años para tener un buen estado ecológico de las masas de agua. El portavoz de la entidad, Quim Pérez, precisa que "en la contaminación de los acuíferos ni siquiera hemos sido capaces de reinvertir la tendencia, sino que ésta ha ido a más con el crecimiento de la cabaña porcina".

Pérez califica de "buena noticia" el decreto que extiende la moratoria, pero cree que resulta insuficiente hasta que no se impulsen medidas como la reducción de la cifra de cerdos para engordar en Catalunya, que se sitúa en los siete millones anuales. De hecho, desde Aigua es Vida se recuerda que la ACA se muestra de acuerdo con las alegaciones presentadas por las entidades ecologistas al plan de cuenca.

Entre éstas, se encuentran una moratoria al crecimiento de las granjas, el decrecimiento de la cabaña porcina, un plan de control de los vertidos de purines de las instalaciones, internalizar los costes en la industria porcina, una reparación de los daños causados al medio ambiente, dictar normas sobre la aplicación preventiva de antibióticos en la ganadería y considerar el engorde de los cerdos como una industria y no como una actividad agraria.

El ‘lobby’ del cerdo

Quim Pérez lamenta que las "presiones del ‘lobby del cerdo’ hayan sido tan potentes durante décadas que el sector ha hecho lo que ha querido bajo el amparo de la Administración y el pretexto de ser un ámbito que aporta mucho al PIB agrario y al de la economía catalana". De hecho, los datos oficiales muestran que el porcino es el cuarto sector industrial y el principal ámbito agroalimentario de Catalunya, con un peso del 21,6% del PIB industrial y del 4% del PIB del total.

A pesar de esta supuesta fortaleza, Pérez define la situación de muy grave por la contaminación por nitratos. "Estamos perdiendo nuestras reservas de agua en un contexto de emergencia climática, donde las sequías en Catalunya serán más recurrentes e intensas". Hace un año, la Comisión Europea ya requirió al Estado español para que cumpla la Directiva 91/676 sobre nitratos, con la que se quieren proteger las aguas superficiales y subterráneas de la contaminación procedente de fuentes agrarias, exigiendo a las autoridades que tomen medidas para evitarlo. La administración comunitaria añadía la necesidad de tomar "acciones adicionales o reforzadas en varias regiones para alcanzar los objetivos de la directiva".

Ante esta reprimenda, la consejera de Acció Climàtica, Teresa Jordà, admite que el volumen de deyecciones es superior a la cantidad que pueden asumir las necesidades de los cultivos en Catalunya. Aunque se reafirma en que con la moratoria, iniciada en el año 2019, se han dado pasos adelante, reconoce que "nos hemos quedado cortos y por eso la hemos tenido que alargar más con este decreto". Jordà explica que la nueva normativa también contempla la declaración anual de todos los empresarios ganaderos sobre los purines que generan y que es lo que hacen con ellos. La consellera reivindica la importancia de reconvertir los excedentes en plantas de compostaje y transformarlos en fertilizante orgánico.

Después de años y de algunas medidas correctoras, el problema de los nitratos en las aguas subterráneas aún afecta a un 68% de los acuíferos catalanes. Si no termina funcionando el plan para delimitar las zonas vulnerables por nitratos de origen agrario, el horizonte de las sanciones de la Unión Europea se convertirá en una realidad en 2027.