El Gobierno de Ayuso reclama por carta el cobro de la residencia a familiares de los mayores que murieron durante la covid

La Comunidad de Madrid ha dado otra vuelta de tuerca a la trágica situación que vivieron y viven los familiares de los 7.291 fallecidos en las residencias durante la pandemia sin atención médica. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva, al menos desde el pasado mes de marzo, haciéndoles llegar una serie de cartas donde se informa a las familias de que tienen una deuda con la Administración. El motivo, los días de marzo y abril de 2020 que pasaron sus mayores en estos centros, antes de morir sin ser derivados al hospital.

Como ha adelantado La Ser, las misivas, firmadas por el director general de Atención al Mayor y a la Dependencia, Óscar Álvarez López, reclaman costes muy diversos. Mientras Ángela Armingol, cuyo padre estuvo en la residencia Amavir Valdebernardo (Madrid), ha declarado en su testimonio recogido por La Ser que le han informado de una deuda de 901,58 euros, a María de Álvaro le reclaman 674,28 euros. "Es como si el asesino de mi padre ahora me reclamara el dinero de la bala", ha expresado De Álvaro durante una entrevista en Hoy por Hoy.

Desde la Consejería de Asuntos Sociales, por su parte, han afirmado que están "obligados" a exigir las deudas pendientes y que la pandemia no supuso una excepción para la legislación estatal.

Los recuerdos que estos familiares tienen de esos días son muy dolorosos. Desde la asociación Marea de Residencias, una de las organizaciones impulsoras de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, han manifestado su rechazo a esta última maniobra del Ejecutivo de Ayuso. "Cada día la presidenta se supera en maltratar a los familiares, por un lado, ayer dice que está abierta a hablar con familias y, por otro, está dándonos mazazos después de cuatro años", han escrito en un tuit. 

Un informe de la Comisión presentado tras varios meses de investigación concluyó que más de 4.000 residentes se podrían haber salvado, y apuntó a las decisiones políticas del Gobierno de la Comunidad de Madrid como responsable de los fallecimientos. La mala atención y la no derivación a los hospitales fueron dos de las causas principales de la muerte de estos miles de mayores.