El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de la Ley de Protección Animal, una norma que pretende situar a España a la vanguardia del animalismo político de Europa y que pretende servir para erradicar el maltrato animal en España. La norma, que ha sido presentada por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pone fin al sacrificio de animales, salvo justificación veterinaria, y establece medidas importantes para perseguir la violencia contra los animales domésticos.

La norma, elaborada desde la Dirección General de Derechos de los Animales, pone medidas preventivas para evitar situaciones de maltrato como el abandono de perros. En ese sentido, se creará un registro estatal donde se dispondrá de todos los datos de los canes del país de modo que se pueda hacer un seguimiento mayor en caso de pérdida. Además, los criadores deberán estar acreditados como profesionales y se impedirá la venta impulsiva en tiendas, así como la exhibición de animales de compañía para fines comerciales en escaparates.

Se pone el foco también sobre las condiciones en las que viven los animales, una medida que afectará sobre todo al sector cinegético, que deberá regularizar la situación de sus perros, pues no podrán permanecer solos más de 24 horas y los machos y las hembras estarán separados en compartimentos diferentes a no ser que hayan sido esterilizados. Se trata de una medida que pretende evitar las camadas indeseadas y el posible abandono o sacrificio de estas. No se podrá manejar a los animales de compañía con collares de pinchos ni estranguladores. Los collares de descarga y estímulo también quedan vetados y estará penado el hecho de disponer de los animales en sótanos, trasteros, balcones, patios o en el interior de vehículos.

El uso de animales en espectáculos como belenes o cabalgatas quedará regulado y limitado. Se prohibirá su uso, también en procesiones de Semana Santa, cuando se "mantenga al animal de una forma antinatural" o "inmovilizado durante el transcurso del evento". Además, los caballos no podrán usarse en romerías para arrastrar peso excesivo y se potenciarán las inspecciones veterinarias para asegurar que este tipo de animales –también las especies utilizadas para paseos turísticos en carroza– tienen unas buenas condiciones de salud y disfrutan de tiempos de descanso. En rasgos generales, las inspecciones –también para los centros de cría– se harán como mínimo con carácter bianual. 

Los circos, por otra parte, dejarán de poder exhibir animales en sus espectáculos, algo que ya fue prohibido en algunas Comunidades Autónomas como Navarra, Extremadura o Asturias.

Por otra parte, el Estado tendrá un control de las personas que hayan cometido cualquier acción que les haya inhabilitado legalmente para tener animales o desarrollar actividades con ellos. Así, se creará un registro específico donde se inscribirá a toda persona física o jurídica que haya quedado inhabilitada penal o administrativamente. Este listado se nutrirá de los datos aportados por las comunidades autónomas, entidades locales y departamentos ministeriales competentes.

La erupción del volcán de La Palma puso de manifiesto la dificultad que supone evacuar a las familias y obligar a dejar en zonas de riesgo a sus animales de compañía. Con esta nueva norma se pretende paliar estas situaciones y se obligará a las Comunidades Autónomas a establecer protocolos de evacuación de todos los animales en caso de emergencia. En dicho protocolo la Administración deberá garantizar que dispone de un lugar donde dar refugio a los animales durante la catástrofe y se deberá facilitar que las personas realojadas puedan estar junto a sus animales de compañía.

El Consejo de Ministros, por otra parte, ha aprobado este viernes también el anteproyecto para la reforma del Código Penal que pretende ampliar las penas de cárcel por delitos de maltrato animal. De esta forma en caso de que haya muerte, los culpables se enfrentarán hasta a dos años de cárcel y de 18 meses si los hechos suponen que el animal reciba atención veterinaria.

En cualquier caso, la Ley de Protección Animal ya dispone de un régimen sancionador propio con penas de 500 a 10.000 euros por infracciones leves; de 10.001 a 50.000 euros por infracciones graves; y de 50.001 a 200.000 euros por infracciones muy graves.

Es una fantástica noticia la aprobación, por fin, de esta ley, porque a medida que las sociedades avanzan, va en aumento la preocupación por el bienestar animal, y es muy importante que la legislación también avance. En definitiva, con esta ley se avanza en la protección de los animales en línea con la creciente sensibilidad de la sociedad española hacia los derechos de los animales", ha dicho Juan López de Uralde, coordinador federal de Alianza Verde.