El Gobierno de Rajoy pone trabas a la economía social en Aragón

ZARAGOZA .- El Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro ha decidido atacar las ayudas a las empresas de economía social que Aragón aplica desde este año en forma de rebajas en el IRPF para los inversores: ha amenazado al ejecutivo autonómico con llevar al Tribunal Constitucional ese punto de la vigente Ley de Medidas Tributarias, aunque con una tregua de seis meses para “resolver las discrepancias” sobre su aplicación en un grupo de trabajo.

El plazo para recurrirla, que terminaba el pasado 2 de mayo, se amplía de esta manera hasta el 2 de noviembre, periodo en el que, pese a la situación de interinidad del actual Gobierno central, deben desarrollarse las negociaciones para acordar una interpretación que, posteriormente, debería ser refrendada por la Comisión Bilateral entre las dos administraciones.

La Ley de Medidas Tributarias contempla deducciones en el tramo autonómico del Impuesto de la Renta de hasta el 20% de la cantidad invertida, con un límite de 4.000 euros, para quienes participen en entidades de economía social; básicamente, cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción.

Deducciones de hasta 4.000 euros en el IRPF autonómico

Esta medida, propuesta por Chunta Aragonesista (Cha) e Izquierda Unida (IU) en una enmienda conjunta que apoyaron PSOE y Podemos, tiene como objetivo estimular las aportaciones a este tipo de empresas, claves en Aragón al aportar un 3,5% del PIB y generar 20.000 empleos directos, además de canalizar la actividad de decenas de miles de autónomos asociados.

Las deducciones entraban en vigor, con carácter retrospectivo, el 1 de enero de este año, con lo que sus beneficiarios las descontarían de la cuota íntegra del tramo autonómico del IRPF que se liquide en la primavera de 2017.

Los contribuyentes tendrán derecho a esos descuentos cuando la inversión tenga “la finalidad de ser socio” de la entidad, su participación y la de otros parientes de hasta el tercer grado no supere el 40%, estén domiciliadas en Aragón, tengan al menos un empleado a jornada completa y se mantenga durante cinco años.

“El objetivo de esta medida es fomentar y potenciar la economía social mediante una deducción en el IRPF”, explicaron fuentes de IU, que calificaron este sector económico como “estratégico, por lo que resulta fundamental canalizar inversión hacia el mismo y atraer a pequeños inversores”.

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda sostiene que Aragón se ha excedido en sus competencias al aprobar las deducciones. En su opinión, esas aportaciones pueden ser consideradas como “empresariales” por incluir entre los eventuales beneficiarios de los descuentos a quienes ocupan cargos directivos en las cooperativas, sociedades laborales y entidades de integración, y las comunidades autónomas solo tienen competencias para modificar la tributación en el IRPF por circunstancias personales y familiares, por aplicaciones de renta y por inversiones no empresariales.

Por otro lado, el ministerio de Montoro también sugiere que Bruselas puede considerar discriminatoria esa medida por afectar únicamente a las entidades de economía social con sede en la comunidad autónoma –viene a equipararla con las vacaciones fiscales vascas-, e incluso tomarla como una ayuda estatal, vetadas en el territorio comunitario.

A pesar de su peso en el tejido productivo aragonés, la regulación de la economía social es una tarea pendiente que la comunidad lleva arrastrando desde hace décadas. La pasada legislatura, las Cortes llegaron a aprobar por unanimidad una resolución que instaba al Gobierno PP-Par a redactar un proyecto de ley con el objetivo de potenciarla. El actual presidente, Javier Lambán (PSOE), anunció una normativa específica que también afectaría a autónomos y emprendedores, aunque sus previsiones tampoco se han cumplido.

Según los datos de la Asociación de Economía Social de Aragón, en la comunidad operan alrededor de 70 centros de empleo especial que generan más de 1.700 empleos, más de 2.000 cooperativas con 56.000 socios, 594 fundaciones, diez empresas de inserción y casi 1.500 sociedades laborales. Por su parte, la Federación Aragonesa de Solidaridad aglutina a 900 empresas y organizaciones que suman 250.000 socios y 25.000 voluntarios y dan empleo a 6.500 personas.

Esa estimación del 3,5% del PIB, en la que coinciden ambas entidades, supone que el volumen de negocio de este sector se acercó el año pasado a los 1.200 millones de euros en la comunidad. Su peso es ligeramente inferior al de la agricultura en su conjunto -3,9%-, cuyos pequeños propietarios son, al mismo tiempo, uno de los puntales de la economía social.

Los planteamientos del Ministerio de Hacienda, por otro lado, supondrían llevar al Constitucional la deducción de hasta 50 euros en el IRPF que el Gobierno de Aragón prevé a aplicar por la compra de abonos nominales de transporte público, que incluye las cuotas para el uso de sistemas públicos de alquiler de bicicletas. Su aplicación, prevista para este ejercicio fiscal, están pendiente de la elaboración de un reglamento.

El Gobierno central, por último, también ha anunciado su intención de llevar al Constitucional tres bloques de la Ley de Medidas Tributarias, cuya tramitación aprovechó el ejecutivo autonómico para modificar parte de la normativa sobre herencias, sobre regulación de establecimientos turísticos y sobre la programación de las universidades.

El ejecutivo de Rajoy ya ha intentado torpedear en otras ocasiones la agenda social que la mayoría parlamentaria de izquierdas está impulsando en esta legislatura, como ocurrió hace unos meses con la declaración de inembargabilidad de las ayudas sociales y algunos aspectos del decreto de emergencia, como la obligación de ceder las viviendas vacías para usos sociales por la banca.