La cumbre celebrada el pasado viernes entre el Govern y todos los grupos parlamentarios excepto Vox para evaluar las medidas contra la sequía que azota Catalunya fracasó estrepitosamente. El motivo fue la negativa del PSC a suscribir el acuerdo planteado con diversas medidas y que llevó al resto de partidos a dejar solo al Govern de ERC. El detonante fue el rechazo absoluto del PSC a firmar el texto propuesto si no se retiraba la batería de sanciones a los ayuntamientos que malbaratan el agua en una situación tan extrema incumpliendo la normativa establecida de ahorro y limitación de consumo de agua en cada municipio.

La cuestión ha levantado ampollas en el mundo municipal que ha criticado la intención del Govern de aplicar sanciones. Pero ni las quejas de los ayuntamientos ni el fracaso para conseguir el necesario apoyo político en el  Parlament parece hacer desistir a los republicanos y el Govern de Pere Aragonès está decidido a impulsar igualmente las medidas acordadas en un preacuerdo anterior a la cumbre y que no se pudo certificar en ella. De hecho, este martes el Consell Executiu ya ha tomado algunas decisiones en la reunión ordinaria de los martes.

Fuentes del Govern aseguran que "todas las medidas pueden ser ejecutadas sin necesidad de decretos ley que requerirían ratificación parlamentaria". "El documento que llevamos a la reunión del viernes era de trabajo porque ya habíamos hecho reuniones previas y llegado a acuerdos que solo se iban a ratificar. No se trataba de un simple encuentro, habíamos trabajado medidas de consenso para paliar un tema tan grave como el de la sequía que estamos afrontando en Catalunya", añaden.

La guerra del agua en la política catalana

Los republicanos acusan al PSC de boicotear el consenso después de que todos los grupos habían aceptado una moratoria de las sanciones hasta el mes de julio. Los socialistas subieron la apuesta exigiendo la retirada de las sanciones o que la moratoria se alargara hasta septiembre. Y todos los frágiles equilibrios fraguados hasta el día de la cumbre el pasado viernes saltaron por los aires. Los socialistas por su parte acusan al Govern de intransigencia y defienden que "ahora, frente a un problema como el de la sequía no es momento de señalar y sancionar si no de colaborar entre todos".

Una nueva trifulca entre socialistas y republicanos que ahonda en los enfrentamientos constantes que mantienen entorno a infraestructuras como la autopista B-40 o la ampliación del aeropuerto. Y que no se puede deslindar de la proximidad de las elecciones municipales del 28 de mayo en que los dos partidos se disputan buena parte de los ayuntamientos del país.

La guerra del agua está servida en Catalunya, al menos en la vertiente política en un nuevo intento de la oposición de desgastar al Govern y mostrar su debilidad con solo los 33 diputados de Esquerra a su lado. Pero Aragonès ha decidido afrontar la envestida y no ceder al "chantaje de los socialistas", en palabras de una dirigente republicana. Y ha dado órdenes para ejecutar el plan contra la sequía previsto, aunque sea en solitario y cueste lo que cueste.

Dinero para los municipios y más infraestructuras

En este sentido, el Govern "asume como compromisos propios" las acciones que figuraban en la propuesta de acuerdo de la cumbre contra la sequía celebrada el viernes y las desplegará "sin demora", a pesar de no haber podido llegar a un entendimiento, según ha asegurado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja. El Ejecutivo catalán tiene previsto habilitar una partida extraordinaria de los presupuestos y se centrará en incrementar el apoyo económico al mundo local y acelerar la planificación en infraestructuras.

La portavoz ha remarcado que, pese a la complejidad de la situación, no ha sido necesario aplicar restricciones más severas porque el Govern ha tomado medidas como la aportación de agua regenerada en grandes cantidades, por lo que se ha podido retrasar hasta medio año la situación de excepcionalidad. De hecho, en los presupuestos de este año ya se habían activado 5 millones de euros para la regeneración de agua y otros 15 millones en líneas de ayudas específicas para la mejora y distribución del agua en alta, que ahora se amplían a 40. El abastecimiento en alta comprende el agua que sale de las fuentes de origen (embalses, ríos, acuíferos, desalinizadoras...) y es transportada hasta los depósitos municipales.

Además, el Govern garantiza 50 millones de euros de urgencia para que los municipios puedan impulsar obras que mejoren el abastecimiento de agua municipal en baja, es decir, en el tramo que va desde los depósitos municipales hasta el usuario final.

En el ámbito de las infraestructuras, el Govern priorizará las orientadas a la garantía de abastecimiento ya incluidas dentro de la Planificación de la Agencia Catalana del Agua (ACA). De este modo, avanzará la licitación del proyecto y obra de la ampliación de la desalinizadora de la Tordera a este primer semestre de 2023 y se licitará en el plazo de dos meses la redacción del proyecto definitivo de la nueva desalinizadora en la zona de Cubelles.

Aparte de estas acciones en materia económica y de infraestructuras, el Govern también fomentará la corresponsabilidad con medidas como la edición de guías para la buena gestión del agua o el requerimiento a los grandes consumidores de agua para que adopten medidas de ahorro. Además, se publicará el consumo por municipios, dotaciones y pérdidas para garantizar información pública y priorizar actuaciones de mejora en los municipios con mayor consumo. A estos municipios, se les asistirá de forma técnica para reducir consumos, garantizar suministros y mejorar la eficiencia de las redes de abastecimiento.

Piscinas llenas para el verano, pero sin nueva cumbre

Otra de las principales medidas acordadas es que finalmente sí se permitirá que se llenen las piscinas municipales y comunitarias, es decir, todas aquellas que no sean de uso privado. Esto se ha hecho después de que el mundo municipal lo reclamara alegando su uso en cuestiones de salud para hacer frente al calor este verano.

En cuanto al fracaso de la reunión del viernes, el Govern reitera que no volverá a convocar una nueva cumbre porque no se alcanzaría tampoco ningún acuerdo. Plaja sí ha anunciado que impulsarán una Mesa Nacional de l'Aigua para trabajar un Pacto Nacional en este ámbito, pero será en junio, una vez celebradas las elecciones municipales. "Los interlocutores pueden cambiar", ha justificado. Será un encuentro con los representantes del mundo local.

Sobre el motivo del choque en la cumbre, el régimen sancionador a los consumos excesivos de agua de los municipios, fuentes de Esquerra defienden su necesidad: "No se trata de ningún fin recaudador, ni de aquellos que tengan problemas de fugas. A esos municipios hay que ayudarlos económicamente a afrontar el problema y resolverlo. Pero aquellos que malbaratan sin justificación se debe poder sancionarlos". Por su parte, Plaja hace un llamamiento a no utilizar la sequía "como moneda de cambio" durante la campaña electoral que se alargará durante los próximos meses e informó de que, aunque no se celebre una nueva cumbre, hay "contactos permanentes" con los partidos para afrontar la situación.