La delegada del Gobierno en violencia machista, María Pilar Llop, ha advertido este martes de la existencia de "graves deficiencias" en los protocolos de acoso que existen en las empresas, principalmente, en lo que se refiere al tratamiento reservado de las denuncias de acoso sexual o de género y en la forma de llevar a trámite estas acusaciones.

Durante las jornadas de formación que organiza anualmente la comisión de igualdad del Tribunal de Cuentas en el Congreso, y que en esta ocasión estaban centradas en la identificación del acoso, Llop ha destacado la importancia de estos protocolos, que se recogen en la Ley de Igualdad, para "combatir de forma eficaz" en las administraciones y en las empresas "este fenómeno tan dañino".

Por ello, ha señalado la importancia de su contenido y ha apuntado que "no todos son perfectos" e, incluso, que algunos tienen "graves deficiencias" con respecto a los que reclama al normativa.

Uno de estos problemas se refleja en el tratamiento reservado de las denuncias. El objetivo de estos protocolos es erradicar estas conductas, prevenir y garantizar los derechos de las personas", unos aspectos, sobre este último, según ha apuntado Llop, que se "recogen en muy pocos protocolos". Así, apunta que no se incluyen en muchos de estos textos la posibilidad de disponer de abogados o de atención psicológica para la víctima.

Más mujeres directivas

En este proceso de denuncia también existen deficiencias en relación al cauce de procedimiento que se establece en las empresas para llevar a tramite la acusación. La delegada del Gobierno ha explicado que, en ocasiones, se confunde con un procedimiento de mediación por parte de la empresa cuando, en casos de acoso sexual, "existe un desequilibro entre las partes que impide que se pueda mediar", es decir, "no hay igualdad de condiciones" entre víctima y agresor.

"También es una mala practica incluir dentro de los protocolos requisitos que no se exigen en la Ley de Igualdad", ha precisado Llop, en referencia a la exigencia de un requisito como la "reiteración" para considerar que un acto es acoso sexual o el término "sin consentimiento" en el texto, refiriéndose al comportamiento de acoso.

En este sentido, ha recordado que se está tramitando en el Congreso una proposición no de ley de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en el que se trata esta materia.

A su juicio, una de las herramientas fundamentales para lograr la erradicación del acoso sexual o de género es "una participación equilibrada en los puestos de toma de decisiones de las empresas", es decir, que la presencia de la mujer esté en un mínimo del 40% que es lo que prevé la Ley de Igualdad.