La Audiencia de Madrid ha emitido un auto por el que levanta parcialmente la orden de alejamiento que impedía a María Sevilla acercarse a menos de 200 metros de su hijo y que fue impuesta el 12 de abril del año pasado, poco después de que fuera detenida y apartada del menor en una acción llevada a cabo por la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla. 

Confirma así las medidas adoptadas el 27 de junio pasado el juzgado de instrucción nº 27 de Madrid, por la que este juzgado acordaba un cambio parcial de medidas autorizando las visitas a su hijo en un punto de encentro junto a otros familiares que ella decida y que su expareja había recurrido. En dicho recurso Rafael M.I., padre del menor y que tiene la custodia, aducía que era necesario evaluar el impacto que produciría en el menor volver a ver a su madre, así como la posibilidad de que ésta volviera a reincidir en el delito.

En el auto, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso Público, la Audiencia estima que establecer las visitas en un punto de encuentro familiar controlado "resulta suficiente para neutralizar el riesgo de que la madre pueda sustraer al menor" y que "no hay ningún elemento que permita atisbar peligro para este último como consecuencia del contacto con su progenitora". 

El auto resalta, además, que el recurrente (es decir el padre del menor) "no aporta razones" que justifiquen que el hecho de que la madre pueda acudir con otros familiares a las visitas con el menor "pueda resultar perjudicial para este último".
La Audiencia afirma en la negativa a aceptar el recurso del padre, que el temor a un posible delito y una posible respuesta punitiva, resultaría "frontalmente incompatible con el derecho constitucional a la presunción de inocencia".

Por tanto, el auto de la Audiencia rechaza el recurso de apelación del padre del menor contra la decisión del juzgado de instrucción que en junio que modificó parcialmente las medidas cautelares para autorizar las visitas supervisadas de María Sevilla con su hijo.

Segunda decisión judicial favorable

Esta decisión viene a ser la segunda favorable a las madres ligadas a la asociación Infancia Libre desde que el primero de abril se detuvo a María Sevilla que se encontraba en paradero desconocido con su hijo para no entregarlo a su expareja. A ésta le siguieron una serie de detenciones y citaciones judiciales hacia otras tres mujeres que supuestamente estaban ligadas a la organización.

El 20 de noviembre pasado, la Audiencia de Granada establecía en un auto que el juez del juzgado de instrucción nº 9 de la misma ciudad que le retiró la custodia de su hija para dársela a una tía paterna, había actuado sin consultar con las partes y sin tener competencias en el asunto. El auto explicaba que no era posible que Rocío de la Osa, exvicepersidenta de Infancia Libre, sustrajera a su hija, puesto que era ella quien tenía la custodia por sentencia firma y que la niña convivía habitualmente con la madre.

La Audiencia estableció que la menor volviera con su madre, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido por la negativa de la familia paterna a entregar a la menor. El pasado miércoles De la Osa denunció a su expareja por sustracción de la menor, puesto que la retiró del colegio al saber que ella la recogería a la salida.

La Policía Judicial inició una serie de detenciones y citaciones judiciales de estas mujeres entre abril y junio pasado, en un extraño caso que tuvo gran repercusión mediática y que fue retransmitido casi en tiempo real. A raíz de estas actuaciones, la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados abrió una investigación para demostrar que Infancia Libre se había constituido como una "organización criminal" con el fin de interponer denuncias falsas por abusos sexuales hacia sus hijos con el fin de apartarlos de los menores.

Según el informe que esta unidad de la Policía entregó a la Ficalía, en esta labor habrían colaborado diversos médicos de la sanidad pública, a los que identificaron con nombres y apellidos y que fueron ampliamente divulgados por los medios de comunicación como parte de una suupuesta "trama". El informe policial contiene los nombres de unas 20 mujeres que habrían actuado de la misma forma, aunque muchas de ellas no denunciaron nunca por abusos sexuales hacia sus hijos y algunas son víctimas de violencia de género.

 La investigación policial está en manos de la Ficalía que debe decidir si abre una causa judicial o si archiva el informe.