Público
Público

Infancia Libre Colegios oficiales exigen que se deje de criminalizar a profesionales de salud pública en el caso de Infancia Libre

Piden a los medios de comunicación objetividad y profesionalidad a la hora de informar y respaldan a médicos y psicólogos a las que públicamente se las está acusando de formar parte de una trama delictiva. 

Publicidad
Media: 4.50
Votos: 6

María Sevilla, la presidenta de Infancia Libre en una comparecencia ente los medios de comunicación

Diversos colegios profesionales han emitido en los últimos días sendos comunicados respaldando la integridad y la independencia de diversos profesionales de la sanidad pública. Lo hacen después de que varios medios de comunicación a lo largo de las últimas semanas señalaran a algunos médicos y psicólogos del servicio de salud, como integrantes de la organización Infancia Libre y parte de una supuesta trama delictiva.

Según dichas informaciones varios profesionales de largo y reconocido prestigio se habrían prestado a fabricar informes a medida con el objetivo de apartar a los menores de sus padres, justificar faltas escolares o justificar las supuestas denuncias falsas interpuestas por las madres. 

En un comunicado hecho público esta semana, el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental (Copao), muestra su apoyo rotundo a Amparo Martín Romera, psicóloga clínica de la Unidad de Salud Mental Infantil y Juvenil (USMIJ) de Granada, a la que diversos medios acusan de formar parte de 'la trama' y de hacer informes ad hoc. En el escrito la Copao pide a los medios de comunicación que “comprueben con rigor la realidad de los datos y de sus fuentes antes de implicar a personas y profesionales, en relación a hechos que pudieran ser delictivos y perjudicar el derecho al honor y el prestigio de quien, como en el caso de la expresada, toda su relación con los hechos procede de su estricta intervención profesional, atendiendo a menores que, como corresponde, le han sido derivados por los servicios médicos procedentes y a los que ha ofrecido la intervención precisa". 

La Capao recuerda que la función fundamental de los profesionales de la psicología sanitaria es "la atención de las necesidades del paciente" y que están obligados por ley a "comunicar a las autoridades pertinente" cualquier caso en el que detecten actuaciones peligrosas o perniciosas, sobre todo "cuando los pacientes a los que asisten son menores de edad" en defensa del "interés superior del menor".

Por su parte, la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) ha emitido un comunicado en el que manifiesta su "total apoyo a la doctora Narcisa Palomino Urda, que se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria profesional por actuar en defensa del interés superior del menor".

La nota de la AEPap explica que Palomino es experta en detección de casos de malos tratos y abuso sexual en la infancia y adolescencia y autora de publicaciones científicas en dicho campo.

Palomino, vicepresidenta de la AEPap y pediatra en el centro de salud Las Flores de Granada, ha sido señalada por diversos medios como una de las piezas principales de la supuesta 'trama delictiva', lo que avalan en el hecho de que atendió a varios de los menores ligados a Infancia Libre. El comunicado afirma que Palomino, "sobre la que se han vertido acusaciones difamatorias", ha seguido "estrictamente el protocolo de actuación ante el maltrato infantil vigente en su Comunidad Autónoma". 

La AEPap recuerda que todos los pediatras disponen de "protocolo de actuación en el que se recogen los pasos a seguir en casos de menores de edad sobre los que se sospecha o detecta que puede ser víctima de violencia en su entorno familiar" y reafirma la obligación de estos profesionales "de notificar estas sospechas a las instancias que correspondan", para que sean investigadas.

"Queremos subrayar que nuestra prioridad siempre será detectar de forma precoz cualquier comportamiento que suponga una amenaza para nuestros pacientes. Hay que recordar que la mayoría de los casos de abusos sexuales en la infancia permanecen ocultos, especialmente cuando se producen dentro del propio entorno del menor", concluye el escrito.

"Preocupante amenaza de involución"

También la Asociación Española de Neuropsiquiatría y Profesionales de la Salud Mental (AEN), ha manifestado su total respaldo a otro de los profesionales señalados públicamente. Se trata del doctor Antonio Escudero Nafs, psiquiatra del Centro de Salud Mental de Majadahonda, considerado como unos de los especialistas en de referencia en la atención psiquiátrica en casos de violencia de género y violencia familiar en el sistema público de salud. 

"Como profesionales de la salud mental queremos manifestar nuestra repulsa por el tratamiento informativo demagógico y sensacionalista que se ha hecho por parte de algunos medios de comunicación del proceso judicial y de otros aspectos circunstanciales que se añaden al relato", explica el comunicado. El texto afirma que "las acusaciones infundadas sobre la actuación profesional del Dr. Antonio Escudero Nafs constituyen una descalificación gratuita del prestigio y buena práctica de este profesional, así como un atentado a su honor".

El comunicado hace especial referencia a las acusaciones vertidas en algunos medios que afirman que Escudero es "un negacionista del Síndrome de Alienación Parental" y puntualiza que dicho trastorno "no está reconocido como tal por ninguna asociación profesional ni científica ni está incluida en las clasificaciones internacionales de trastornos mentales actualmente en vigor (DSM y CIE) y ha sido objeto de críticas desde hace varias décadas por diversas asociaciones profesionales de la sanidad y de la justicia del ámbito nacional e internacional", entre ellas la propia AEN. Recuerda que la guía de actuación en Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial recomienda en un apartado específico no utilizar este síndrome en sus resoluciones y advierte de los riesgos de hacerlo.

El texto de la AEN denuncia que el "ataque" a Escudero tiene que "leerse también como un intento de retroceder en las políticas sensibles, cuidadosas y atentas al abuso y al maltrato que tan costosamente se van abriendo paso en nuestro marco legal y en nuestra ordenación asistencial. Hay sectores de la sociedad, representados por movimientos políticos conservadores y propagandistas afines, que han encontrado en la banalización de las políticas de género, en el sensacionalismo y en el uso parcial y sesgado de los datos una manera de reclamar unos modelos periclitados o defender una masculinidad idealizada y atacada por la “ideología” feminista". 

El comunicado acaba afirmando que al apoyar al doctor Escudero, la asociación deja claro que "como ciudadanos hemos de estar atentos y ser capaces de contrarrestar con buenas prácticas, con el cuidado atento, con una información y formación no sesgada y con el compromiso ético, la preocupante amenaza de involución que hay detrás de este asunto".

Más noticias en Política y Sociedad