Tanto los tratados internacionales en materia de protección de menores víctimas de abusos y violencia firmados por España como la propia legislación nacional, reconocen la importancia del testimonio de estos menores en los procesos judiciales cuando existen denuncias por abusos o agresiones sexuales. Sin embargo, diversos expertos consultados por Público denuncian que dar credibilidad a la palabra de los menores no es ni mucho menos la norma, sino más bien la excepción.

Según estimaciones de Save The Children, en nuestro país se denuncian sólo un 15% de los abusos sexuales que se cometen contra niños y niñas, y un 70% de las denuncias se quedan por el camino y no llegan siquiera a juicio oral. ¿Por qué sucede esto? Principalmente porque el testimonio de los menores no es oído o tenido en cuenta en la fase de instrucción. Tal como explica María Ángeles Moreno, abogada que en los últimos años se ha especializado en este tipo de delitos, “existen dos principios en pugna: el del bien superior del menor, que supone escuchar y poner en marcha todas las medidas para su protección, y el de la presunción de inocencia del acusado. Y lo que vemos es que le dan prioridad absoluta a esta última”.

Cuando sí son oídos, tanto en la fase de investigación de los hechos como en las declaraciones ante los psicólogos forenses de los tribunales en los procesos penales, “su testimonio acaba teniendo un peso tan menor, que en la gran mayoría de los casos no consigue romper la presunción de inocencia del acusado”, añade Moreno.

Los expertos recuerdan que, debido a que los abusos sexuales se cometen en la intimidad y que el 90% de los mismo no dejan huellas físicas, prácticamente la única prueba de cargo tras una denuncia por abusos sexuales es el testimonio del propio menor. “La prueba más importante en un delito sexual contra un niño o una niña es la testifical. Pero falta disposición para creer estos testimonios. Todo el sistema lleva a que sea imposible recopilar el testimonio del menor”, señala la mediadora social Estrela Gómez, coordinadora de la Asociación Galega contra o Maltrato a Menores (Agamme), que desde hace una década trabaja para visibilizar la violencia sexual contra los menores.

¿Por qué resulta tan difícil? Para empezar, porque los procesos se alargan tanto en el tiempo que el menor presta testimonio meses o años después de que se hayan producido los hechos. Todos los expertos consultados por Público, incluidos aquellos que defienden la validez del sistema y afirman que no se pueden generalizar los fallos, reconocen que la justicia en España tiene un serio problema de medios y recursos. Tal como denunció la organización Save the Children tras analizar más de 200 sentencias emitidas entre 2012 y 2016 sobre abusos sexuales a menores, los procesos judiciales por estos delitos suelen tener una duración de unos tres años, pero pueden extenderse hasta cinco.

La falta de medios provoca en muchas ocasiones un injustificado y terrible retraso a la hora de tomar declaraciones a los menores, una vez que ya han sido capaces de contar los abusos. Una madre residente en Madrid relató a Público que tras conocer y denunciar el posible abuso sexual de su expareja hacia su hija de corta edad, la menor no fue llamada para dar su primer testimonio hasta un año y tres meses más tarde. Lo hizo en el Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (CIASI), un organismo privado gestionado por fondos públicos especializado en la asistencia de menores víctimas de delitos sexuales. Una institución colapsada y que no da abasto para dar respuesta inmediata a los numerosos casos que tiene que atender. Estos retrasos, tal como explican otras madres y abogadas, se dan también en los servicios psicosociales de los juzgados que tienen que evaluar a los menores para determinar medidas de protección o certificar la veracidad del relato.

“A un niño de seis años le exigimos que cuente lo que sucedió durante los fines de semana a lo largo de varios meses. Y le tomamos testimonio ocho meses o un año después de que se presente la denuncia. En este contexto, el niño o la niña puede que no responda. Se fabrica la imposibilidad del testimonio, de manera que fracasa la causa penal contra el abusador”, explica Gómez. 

La psicóloga Margarita García Marqués, fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención del Abuso Sexual Infantil (ASPASI), incide en otro aspecto que dificulta la toma de testimonio a los menores: “A menudo los menores testifican cuando ya han normalizado la agresión. Existe un síndrome de acomodación por el cual los niños, cuando ven a su maltratador, tienden a adaptarse y portarse bien para evitar que luego les haga más daño”, explica la psicóloga. “Cuando hay abuso intrafamiliar se produce una ambivalencia afectiva. Quiero a mi papá cuando está bien. Pero no le quiero cuando me grita, me chilla o me tira contra la pared… El niño se adapta al abuso sobre la base de una distorsión de la realidad”.

Tal como relata esta psicóloga, los niños cuentan cuando les damos espacio para contar. “Muchos niños me dicen ¿para qué te lo voy a contar si no va a pasar nada? Ya lo he contado y no me puede ayudar nadie. Nadie me puede salvar”, relata la psicóloga. “Tienen un enorme sentido de indefensión. Y sufren no solo por los abusos, sino también porque su madre no puede protegerles”, añade García Marqués. 

Repetición del relato

El informe Ojos que no quieren ver de Save The Children sostiene que los procedimientos que se utilizan para la escucha de menores no son los más adecuados. “Los menores son interrogados hasta cuatro veces por personas distintas y en alguna ocasiones, más. Lo que acaba sucediendo es que los menores van modificando su relato. No porque mientan, sino porque lo van adaptando a las expectativas que hay sobre ellos y finalmente se considera que el relato no es válido ni prueba suficiente para condenar a alguien”, explica Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de la infancia en Save the Children. “Los niños y niñas que denuncian abusos sexuales están muy desprotegidos dentro de nuestro sistema. Es decir, no sabemos detectar como debemos, no sabemos intervenir como debemos y cuando el caso llega a un procedimiento judicial, lo que suele ocurrir es una revictimización de los menores que han sido víctimas de abusos sexuales”, añade Del Moral.

La presidenta de los Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia (APF), María José Catalán Frías, afirma que “tanto a nivel internacional como nacional se sabe cómo se debe actuar en casos de abusos sexuales en la infancia a todos los niveles. Lo que no está bien desarrollada es la aplicación práctica, cómo llevarlo a cabo”. Por ejemplo, explica, “se sabe que es prioritario preservar el testimonio del menor y no someterlo a cien entrevistas, sino que hay que hacer una prueba única pero siempre a través de un psicólogo especializado para que pueda realizar la evaluación y hacer las preguntas adecuadas a su momento evolutivo y a su estado emocional. Se sabe también que esa evaluación debe ser en el primer momento en el que se produce la denuncia y que no se debe realizar por otras entidades o evaluaciones, porque se pierde esa prueba fundamental que muchas veces es la única que existe para poder probar la existencia de ese abuso sexual. En ocasiones nos encontramos con que los procedimientos se dilatan mucho, que se ha preguntado muchas veces a los menores y que por tanto se pierde la riqueza que podríamos encontrar en ese primer testimonio porque aparecen contradicciones”.

El problema, explica Catalán, es que faltan medios para poder hacerlo con diligencia y eficacia. “Faltan psicólogos para poder atender todas las peticiones que nos hacen. Igual que faltan medios en el resto del ámbito judicial. Nos encontramos que los juicios a los que tienen que ir estos menores en el ámbito penal o en las audiencias se fijan dos, tres o cuatro años después de haberse iniciado el procedimiento”.

A la falta de medios, muchos expertos añaden la falta de preparación especializada. En nuestro país no existe una especialización para el tratamiento de los abusos a menores. Ni jueces, ni fiscales, pero tampoco los psicólogos forenses tienen la obligación de formarse en esta materia para poder ejercer su función con menores. Sí hay, como apuntan desde la Asociación de Psicólogos Forenses (APF), cursos específicos e incluso masters sobre la materia, pero son de carácter voluntario. Algunos de los especialistas consultados por Público lamentan, por ejemplo, que los psicólogos forenses de los juzgados no estén necesariamente formados en teoría del trauma.

“En mi experiencia como perito en juicios de abusos sexuales en la infancia, me he encontrado con que los psicólogos forenses no estaban formados en teoría del trauma. Cuando una persona, un menor en este caso, está traumatizada y paralizado desconecta la parte consciente del cerebro y la inconsciente toma el poder, por lo que no puede hacer un relato coherente y lineal”, explica la psicóloga Mireia Darder, que recientemente publicó el libro La sociedad del abuso, que recopila el testimonio de 12 víctimas de abusos sexuales en la infancia.

“Cuando los niños relatan los hechos, en ocasiones topan con profesionales que cuestionan la veracidad de su testimonio, haciéndoles dudar sobre su autenticidad, sentirse investigados o sentirse culpables por estar acusando a personas que en la mayoría de las ocasiones son muy cercanas. Cuando los menores cuentan su relato, les dicen que son falsas memorias, aunque está demostrado que esto no existe. Esto ocurre también en los casos de violencia de género. Los recuerdos son aislados. Se recuerdan sensaciones, sentimientos, olores, gustos… con lo cual no se pueden construir relatos coherentes. Cuando los niños cuentan estas experiencias en ráfagas les dicen que son falsas memorias, les hacen dudar o no les creen. Es terrorífico”, añade Darder.

También hay diferencia de criterio entre los psicólogos en lo relativo a cómo tomar testimonio a los menor. Aunque todos admiten que es imprescindible evitar la reiteración de declaraciones para no revictimizar al menor o hacerle sentir que no pasa nada por muchas veces que lo cuente, algunos psicólogos creen que es preciso tener varias sesiones con ellos para ganarse su confianza y que puedan manifestar realmente lo que les ha pasado. Una teoría que choca de plano con la del testimonio único contemplado por el sistema judicial.

“Un psicólogo forense es quien determina en una corta sesión si el testimonio del menores es o no creíble, si ha sido o no abusado. ¿Tú crees que en 20 minutos puede determinar si un menor de 4, 6 u 8 años ha sido abusado? ¿Tú crees que en 20 minutos o incluso una hora ese niño va a contarle algo a un completo desconocido?”, se pregunta la psicóloga García Marqués. “Yo veo a los menores un mínimo de cinco sesiones y siempre con técnicas de juego. A muchos le lleva dos o tres empezar a verbalizar los abusos”, añade García.

Otro problema añadido, como relatan varias expertas, es que los tribunales por lo general no tienen en cuenta los informes ni los testimonios de los llamados peritos de parte, profesionales a los que recurren las madres o la acusación para confirmar si el testimonio del menor es coherente con la existencia de un abuso sexual. Aunque estos peritos deben hacer un juramento y están obligados a decir la verdad en un proceso judicial, su testimonio habitualmente no se tiene en cuenta. “En muchos casos se considera que el informe es tendencioso porque está encargado por una de las partes”, afirma Victoria Noguerol, psicóloga clínica que dirige el centro Noguerol y que ha sido durante cuatro años vicepresidenta de la Asociación Madrileña para la Prevención del Maltrato a la Infancia.

Para esta experta, “si mi testimonio fuera falso o tendencioso, estaría cometiendo una falsa alegación, un delito que debería investigarse y yo ser procesada por ello. Pero no se investiga. Simplemente se descarta”, añade Noguerol.

En España se escucha poco y mal

La mayoría de los tratados internacionales en materia de protección de la infancia hablan sobre la necesidad de tener en cuenta el relato de los menores, de oírlos en las mejores condiciones posibles y de no revictimizarlos. El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual, más conocido como el Convenio de Lanzarote, contiene en su articulado una completa batería de medidas específicas para “acabar con la impunidad y prevenir y combatir la violencia sexual” contra los menores.

Esta norma, ratificada por España en el año 2010, señala la “necesidad de adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que las entrevistas al niño tengan lugar sin demora injustificada después de que se hayan denunciado los hechos a las autoridades competentes”. Según el convenio, éstas deben realizarse en lugares concebidos y adaptados a tal fin, se llevarán a cabo por profesionales debidamente formados a tal efecto y en la medida de lo posible los menores deberán ser entrevistados por las mismas personas.

El documento resalta la necesidad de limitar el número de entrevistas al mínimo posible en los procesos penales y la necesidad de que se adopten las medidas necesarias para que las entrevistas puedan ser grabadas en vídeo y que esta grabación sea admisible como medio de prueba en el procedimiento penal. El Convenio exhorta a los países firmantes a poner todos los medios a su alcance para “garantizar la coordinación a nivel nacional o local entre los distintos organismos responsables de la protección de los niños y de la prevención y lucha contra la explotación y el abuso sexual de los niños, en particular en los sectores de la educación y la sanidad, los servicios sociales, las fuerzas del orden y las autoridades judiciales”.

Medidas que, a todas luces, no se están cumpliendo en nuestro país.

Faltan protocolos comunes

Según fuentes de la Asociación de Psicólogos Forenses, en España sí existen ya protocolos de actuación para tomar testimonio a los menores, pero no son homogéneos sino que cambian en función de cada comunidad autónoma. Y el relato de los expertos pone en evidencia que la aplicación práctica de los protocolos está lejos de lo contemplado por el Convenio de Lanzarote.

Tal como afirman distintos expertos, la mejor manera de evitar la revictimización de los menores y la “contaminación” de su relato por la realización de múltiples entrevistas, es realizar lo que se conoce como prueba preconsituída, que consiste en grabar su testimonio lo antes posible tras conocerse los abusos, siendo la entrevista realizada por un psicólogo forense especializado, y permitir que dicha grabación pueda ser utilizada en el juicio con todas las garantías. Sin embargo, tal como alerta Save the Children, esta prueba se realiza sólo en un 13% de los juicios. Y en ocasiones no se considera válida.

En 2015 un grupo de organizaciones de la sociedad civil denunció a España ante el Parlamento Europeo por incumplir el Convenio de Lanzarote y las directivas europeas que lo desarrollan. El pasado mes de enero, la Comisión Europea confirmó que ha abierto una investigación para determinar si España está incumpliendo de forma reiterada la norma. Las organizaciones denunciantes (Asociación Rede de Mulleres Veciñais contra os Maltratos de Vigo, Agamme y Antigona) incluyeron en su queja, además, que en nuestro país se utiliza de forma habitual el conocido como Síndrome de Alienación Parental, una supuesta patología sin base científica alguna que se utiliza para acusar a las madres de manipular a los menores contra la figura paterna. Esta presunta patología no está avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por ningún otro organismo internacional ni institución psiquiátrica o sanitaria, y su utilización en los procesos judiciales está expresamente desaconsejada por una guía del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El pasado mes de abril nuestro país remitió a la Comisión Europea un escrito de respuesta a Europa, pero el expediente no es público y sólo se conocerá el resultado cuando la Comisión termine de analizarlo.

La investigación es, por ahora, secreta. Como lo es la realidad de miles de niños, niñas y adolescentes que sufren abusos sin que seamos capaces de protegerlos.

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