El pasado 23 de julio, la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla entregó a la Fiscalía de Madrid un informe de 200 páginas para que ésta institución valore la conveniencia de abrir una causa contra la organización Infancia Libre como organización criminal. Según la Cadena Ser (que ha tenido acceso al informe policial) la petición se basa en algunos parámetros delictivos comunes: el hecho de que en todos los casos existen denuncias por violencia de género o por abusos sexuales presuntamente fraudulentos, que en los distintos casos intervienen los mismos profesionales, los mismos abogados y que estos se coordinan desde la asociación Infancia Libre.

​Estos hechos, que según lo que refleja la información se dan en cuatro de las mujeres relacionadas con la organización de defensa de la infancia, conformarían una red criminal dedicada a retirar la custodia de los menores a sus padres con la complicidad de distintos profesionales.

Entre ellos el informe cita a tres profesionales de la sanidad pública, como el psiquiatra Antonio Escuredo, médico en el Centro de Salud Mental de Majadahonda; a una pediatra de Granada del Centro de Salud Las Flores, que según consta en el informe atendió a los hijos de las cuatro investigadas; así como a la psicóloga de la Unidad de Salud Mental-Infantil del Hospital Virgen de la Nieves de la misma ciudad. Todos ellos acusados en la investigación policial de realizar informes ad hoc que luego las madres utilizaban para denunciar a los progenitores y retirarles el régimen de visitas. Como hecho también presuntamente delictivo, el informe apunta a que las cuatro investigadas utilizaban a la misma abogada: Carmen Simón.

Según la información, el informe afirma que en muchos de los casos las denuncias por violencia de género o abusos sexuales fueron archivadas, o la policía las considera directamente falsas.

Por estos hechos y por las aparentes similitudes en los cuatro casos, la Policía pide a la Fiscalía que considere instruir una causa contra Infancia Libre "por organización criminal, independientemente de que haya madres implicadas en procesos judiciales individuales por sustracción de menores y desobediencia judicial". Esta sería la única forma de hacer una causa común, puesto que tal como explicaron a Público fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), es inconstitucional reunir casos distintos repartidos por distintos juzgados y relativos a personas diferentes bajo una misma misma investigación general. 

El informe también contiene otros 22 casos que aparentemente tienen puntos coincidentes y pueden estar vinculados de una u otra manera a Infancia Libre, y que fueron fruto las declaraciones tomadas a unos 50 padres desde abril, después de que la primera de las madres ligadas a la organización fuera detenida.

Denuncias ante la Fiscalía contra la Policía Judicial

La fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, a quién se ha entregado el informe policial tendrá ahora que decidir si efectivamente ve indicios de organización criminal en el relato del informe. Entre las actuaciones que puede tomar están las de abrir diligencias preprocesales (para investigar los hechos) y si cree que hay causa, presentarla a un juzgado, o puede archivar el informe. 

Se da la circunstancia de que hace tres meses (en mayo pasado) la abogada Carmen Simón, que representa a las cuatro mujeres ligadas con Infancia Libre, denunció ante la misma Fiscalía las actuaciones de la policía judicial, poniendo en conocimiento del ministerio fiscal los hechos "por si pudieran ser constitutivos de algún tipo de infracción". La denuncia pedía a la Fiscalía que investigara las actuaciones que estaba llevando a cabo la unidad de la Policía adscrita a los juzgados de Plaza de Castilla y advertía sobre el hecho de que esta unidad ya había comenzado a relacionar a varios profesionales de la sanidad pública con nombres y apellidos, ligándolos como posibles miembros de una organización con fines criminales desde los mismos atestados que elaboró tras las primeras detenciones de las integrantes de Infancia Libre, documentos a los que ha tenido acceso Público. 

Hace un par de meses Infancia Libre también denunció ante la Fiscalía Provincial de Madrid las actuaciones que estaba llevando a cabo la unidad de Policía de los juzgados y se puso a disposición del ministerio fiscal para cualquier información o documentación que pudiera necesitar. Pedían, entre ente otras cosas, que se investigaran las informaciones y actuaciones que se estaban llevando a cabo por esta unidad.

La fiscalía deberá decidir ahora qué hace con el informe recién remitido y valorar posible incongruencias en puede incurrir el mismo. Entre ellas, el hecho de que no todos los casos son iguales ni se ajustan a un mismo patrón de comportamiento. Por ejemplo, todas las denuncias por posibles abusos sexuales se realizaron con anterioridad a que se constituyera la organización Infancia Libre en 2016 y con características distintas. María Sevilla, la primera de las detenidas y presidenta de la organización, nunca denunció a su expareja por abusos sexuales a su hijo, sino que fue el juez que veía la causa quién ordenó la investigación. 

El caso de Ana Bayo es muy distinto a los demás. Si bien utilizó los servicios del Psiquiatra Antonio Escudero, nunca compartió pediatra con las otras investigadas. De hecho, ni ella ni Rocío de la O., vicepresidenta de la organización llamada a presentarse ante el juzgado de Granada, pero que no fue detenida, se encontraban en paradero desconocido. A la primera se la acusa de incumplir el régimen de visitas de su hija con el padre, pero el pasado mes de abril éste fue condenado a tres meses de cárcel y un año y tres meses de alejamiento de su hija por malos tratos. En la misma sentencia se lo absuelve del delito de abusos sexuales por falta de pruebas que rompan la presunción de inocencia tal como afirma la sentencia. Ésta no es firma y puede ser recurrida. Bayo mantiene la custodia de su hija y recientemente un juzgado de familia denegó que la menor se vaya con su padre.

Denuncias falsas

A pesar de que la afirmación policial de que las denuncias presentadas por abusos sexuales o violencia de género son falsas, ninguna de las detenidas tiene una causa abierta por este motivo. Las denuncias falsas son un delito que tienen que ser demostrado judicialmente, pero a ninguna se le abrió hasta el momento una causa por este motivo. De hecho, el mero archivo de las denuncias no significa que éstas sean falsas. Tal como explican las expertas en violencia contra la infancia, la dificultad de probar los hechos y la poca credibilidad que se da a los menores cuando denuncian estos abusos hace que la gran mayoría de las denuncias no pasen de la fase de instrucción y sean archivadas por falta de pruebas. 

De hecho, la pareja de una de las detenidas, Ana María Bayo, fue condenado por malos tratos hacia su hija a tres meses de prisión y un años y medio de alejamiento. El juzgado lo absolvió del delito de abuso sexual por falta de pruebas suficientes como para romper la presunción de inocencia, tal como refleja la sentencia a la que ha tenido acceso Público.

En todos los casos investigados, todos los menores tienen informe médicos y psicológicos previos que acreditan un posible abuso sexual, antes que los menores fueran vistos por los profesionales ahora denunciados. En todos los casos, según los documentos revisados por este diario, las actuaciones psiquiátricas y médicas fueron pedidas bien por el una pediatra del centro de salud u hospital, bien por los jueces y juezas que veían los casos.

Recientemente, diversas asociaciones profesionales han salido en defensa de los trabajadores de la sanidad publica que están siendo señalados como integrantes de una trama criminal. La abogada de las investigadas, además, nunca presentó una denuncia por abusos sexuales. De hecho, comenzó a llevar los casos cuando estos ya habían sido sobreseídos o archivados.