Una niña de 11 años que tenía que declarar este jueves sobre los posibles abusos sexuales de su padre hacia ella, se ha visto obligada a acudir al juzgado de la mano de su propio progenitor, investigado en la causa, y a marcharse posteriormente con él.

La menor es hija de Patricia G., una de las madres ligadas a Infancia Libre y la segunda detenida por la Policía adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado mayo. Desde entonces, la niña está viviendo con el padre y sin contacto con la madre, a la que se le ha aplicado una orden de alejamiento.

No ha sido la única actuación sorprendente en este caso. En la misma mañana del jueves, hora y media antes de que la menor declarara, la Fiscalía de Madrid emitió una comunicado informando que había presentado un escrito de acusación contra Patricia G. por un delito de sustracción de menores por el que solicita para la madre tres años de prisión. Según denuncia el abogado de la madre, este escrito no había sido registrado en el juzgado esta mañana por lo que se había enviado a los medios de comunicación antes de darlo a conocer a las partes.

"Lo primero que ha pasado es que Fiscalía ha emitido una nota de prensa el mismo día, poquito antes de que declarara la menor. Y que lo hizo para el público en general, porque el escrito no estaba en el juzgado, no estaba en la causa y es imposible que la tuviéramos. Llama mucho la atención esa prisa para hacer pública esta misma mañana la petición de prisión. A lo mejor alguien tendría que explicarlo", afirmó Jaime Montero, abogado de la madre.

El escrito de acusación de la Ficalía afirma que tras el divorcio de Patricia G. con su expareja, se estableció de mutuo acuerdo que la patria potestad fuera compartida y que se acordó un "régimen de visitas de la menor con el padre, de fines de semana alternos y períodos vacacionales por la mitad".

La nota de la Fiscalía explica que, pese a este acuerdo, en octubre de 2017  "la acusada, con ánimo de alejar a la menor de su padre y desvincularla totalmente del progenitor paterno y apartarla definitivamente tanto de él, como del entorno familiar de éste, se llevó a su hija del domicilio en el que residían en Madrid y del centro escolar al que acudía", manteniéndola apartada de su expareja durante 20 meses, hasta que a principios de mayo de 2019“y sin escolarizar a fin de evitar que fuera localizada", fue hallada por la Policía el 11 de Mayo de 2019.

Ninguna mención a la denuncia de abusos sexuales

El escrito de acusación de la Fiscalía es escueto. En él no se hace la más mínima mención a las denuncias presentadas por la madre sobre posibles abusos sexuales de su expareja hacia la menor, ni de la reapertura del caso judicial contra éste, ordenado por el juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid tras la incorporación de diversos informes que no habían sido tenidos en cuenta cuando se sobreseyó el caso.

La citación de la menor a declarar ante el juzgado este jueves, es parte de la reapertura de esta causa y el abogado de la defensa espera que haya más actuaciones, como una llamada a declarar a algunos de los expertos que firmaron los informes. 

Diversas juristas contactadas por Público señalan lo sorprendente de la actuación de la Fiscalía, al reconocer que no es un procedimiento habitual el hecho de que hagan público un escrito de acusación mediante una nota a los medios de comunicación antes de entregárselo a las partes. En este sentido han manifestado la necesidad de que es investigue esta actuación. En la misma línea se ha manifestado el abogado de madre que cree que la Fiscalía tiene que dar explicaciones.

Sobre el hecho de que el escrito de la Fiscalía no contenga ninguno de los elementos del caso entre el acuerdo de separación y la huida de la madre, diversos expertos han explicado que, si bien no es una obligación ni incurre en un delito, la Fiscalía debería recoger con rigor los detalles del caso en el escrito de acusación, y contemplar el conjunto del caso para entender qué puede haber fallado en el acuerdo de visitas, por qué en un momento determinado se suspenden y si existe algún motivo justificado que no se esté teniendo en cuenta.

Para el abogado de la madre, si la Fiscalía incluyera en la acusación los pormenores del caso estarían incluyendo la causa de la justificación que haría que el ilicito no sea tal, o dicho en términos más jurídicos, elimina la antijuricidad de la acción". 

Fuentes de la Fiscalía afirmaron a Público que el escrito de acusación sólo se había centrado en el hecho de la sustracción y que cualquier otro pormenor del caso debería ser visto en los juzgados correspondientes, dando a entender así que se trata de actuaciones distintas. "Esto es hacer oídos sordos a la realidad, porque parece que los dos procedimientos fueran estancos y los fiscales de uno y otro no hablan. Y esto parece que es así. Por qué en al juzgado hay un fiscal que parece que ve indicios y en la Fiscalía de Madrid han ignorado totalmente esta historia". 

Patricia G. es una de las las cerca de 20 madres relacionadas con la organización Infancia Libre que la policía judicial acusó en un informe que formaban parte de una "trama criminal" dedicada a interponer denuncias falsas sobre abusos sexuales hacia sus hijos por parte de sus exparejas, para apartarlos de los menores. El informe fue entregado a la Fiscalía, que el pasado 31 de enero y tras una investigación, lo archivó al no encontrar indicios de organización criminal.