Infancia LibreEl abogado de Infancia Libre exigirá a Interior que investigue una "actuación malintencionada" de la Policía

"Estudiaremos la posibilidad presentar una denuncia, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que vamos a exigir responsabilidades a la Administración por un mal funcionamiento de la Policía e incluso una actuación malintencionada por parte de la Unidad adscrita a los juzgados. Esto es algo que el Ministerio del Interior tiene que explicar o investigar", ha afirmado a Público este viernes Vicente Tovar, abogado de la presidenta y la vicepresidenta de Infancia Libre.

Tovar reconoce que no es sencillo demostrar los hechos penalmente, pero que la administración tiene una resposabilidad evidente en este "despropósito que hemos vivido".

Las declaraciones de este abogado se producen minutos después de conocerse que la Fiscalía Provincial de Madrid había decidido archivar un informe Policial, elaborado por la Unidad adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, en la que se acusaba a la asociación de ser una organización criminal. Según este informe, Infancia Libre se había constituido con el fin de interponer denuncias falsas contra los padres con el fin de retirarles la custodia de sus hijos e hijas.

La Policía acusaba a cerca de 20 personas de pertenecer a dicha banda, entre ellos a tres reputados profesionales de la sanidad pública, especializados en la detección de abusos y malos tratos hacia menores, y a un amplio grupo de mujeres que en algún momento pudieron haber tenido relación con estos profesionales o con la propia asociación.

En su informe de archivo, la Fiscalía afirma que no existe ningún "dato objetivo"  que lleve a asegurar que la organización funcionaba como una trama ilícita. Es más, el escrito afirma que no consta dato alguno de que se haya incoado "un posible delito de denuncia falsa", por parte de la asociación o de sus miembros.

"No teníamos ninguna duda de que esto iba suceder. Que la Fiscalía archivaría la denuncia policial. Cuando vimos el informe de la Policía antes de que tuviera que declarar María Sevilla y marido ante la Fiscalía, ya sabíamos que lo que allí se planteaba era descabellado", afirma Tovar.

"Se ha puesto en el objetivo a un grupo de madres tachándolas de terroristas. Esto es una barbaridad"

Este abogado afirma a Público que el Ministerio del Interior deberá investigar, cuanto menos si se ha producido un error policial con este informe, "pero lo que hace pensar es que ha habido una actuación malintencionada. No cabe duda. 

Se ha puesto en el objetivo a un grupo de madres tachándolas de terroristas. Porque eso es lo que es una organización criminal. No es que se las acusara de cometer un delito, sino de haberse asociado explícitamente para delinquir. Esto es una barbaridad". 

Este abogado recalca que todas estas acusaciones han sido basadas en "conjeturas e hipótesis inverosímiles, tal como acaba de reconocer la Fiscalía".

Tovar resalta el hecho de que la Fiscalía haya tardado tan poco tiempo a la hora de decidir archivar el informe y no abrir una causa penal. "Prácticamente la Fiscalía no ha hecho nada. Tomó declaración a María Sevilla y su marido y ha decidido no llamar a nadie más. Lo ha visto clarísimo", concluye Tovar.

María Sevilla tiene pendiente un juicio por una supuesta sustracción de menores, al haber permanecido en paradero desconocido con su hijo durante dos años después de que un juzgado le entregara la custodia al padre de su hijo, al que la presidenta de Infancia Libre había denunciado por abusos sexuales al menor. Los cargos fueron desestimados por falta de pruebas. 

Desde el momento de la detención de María Sevilla en abril de 2019, la madre fue separada de su hijo, del que tiene una orden de alejamiento. Recientemente la Audiencia de Madrid le concedió visitas con el menor en un punto de encuentro a ella y otros familiares que ella estime. Sin embargo, estas viditas aún no han comenzado, tal como afirma Sevilla a Público.

Sobre Rocío de la Osa, vicepresidenta de la organización y otra de las madres representadas por Tovar, este jueves tuvo lugar un juicio para evaluar el cambio de custodia solicitado por su expareja. Si embargo, el juzgado decidió no tomar ninguna medida hasta que los equipos psicosociales del juzgado realicen una evaluación de la menor y de sus familiares. De la Osa recuperó la custodia de su hija después de que la Audiencia Provincial de Granada decretara que el juez que se la quitó y se la otorgó a una tía paterna de la menor, no tenía potestad para ello.