Infancia LibreAcusación y Fiscalía piden que se juzgue a la expresidenta de Infancia Libre por sustracción de menores

Tanto la acusación particular (ejercida por la expareja de María Sevilla) como la Fiscalía han presentado sendos escritos de acusación ante un juzgado de Plaza de Castilla contra la que fuera presidenta de Infancia Libre. En ellos coinciden en solicitar que sea juzgada por un delito de sustracción de menores. El Ministerio Fiscal pide en su escrito una pena de tres años y medio de prisión, así como la inhabilitación de la patria potestad por un período de cinco años.

Por su parte la acusación particular eleva la petición de condena a cuatro años y medio de cárcel (cuatro por sustracción y seis meses por abandono familiar), que  se le retire la patria potestad por un periodo de seis años, y que se le imponga una indemnización por responsabilidad civil de 18.000 euros.

Sevilla permaneció en paradero desconocido para evitar que su hijo tuviera contacto con su padre, que había sido acusado de abuso sexual hacia el menor y cuyo caso fue sobreseído por falta de pruebas. En 2018 un juzgado de lo civil concedió la custodia del menor al padre, pero esta nunca se ejecutó porque madre e hijo estaban ya en paradero desconocido. En la madrugada del pasado 30 de abril, la Policía irrumpió en la casa de la localidad Villar de Cañas (Cuenca) en donde vivía madre e hijo junto con la actual pareja de Sevilla y una hija que tienen en común. A la mañana siguiente, Sevilla quedó en libertad con cargos, mientras que su hijo fue entregado directamente a su padre.

Esta esta fue la primera de una serie de detenciones de mujeres que podían haber estado ligadas a la organización, que en un curioso caso de dominó fueron detenidas con pocos días de diferencia y cuyas detenciones fueron muy mediáticas, con reporteros apostados a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla a los pocos minutos de las detenciones.

Según el escrito de acusación de a fiscalía (adelantado esta martes por la CadenaSer), Sevilla "se llevó al menor con la intención de no entregarlo en ningún momento al padre" y añade que "la acusada y el menor se instalaron en distintos puntos de España sin que el padre del menor tuviera conocimiento de donde se encontraban".

El abogado de María Sevilla, Vicente Tovar, ha explicado a Público en que fase se encuentra el proceso y las principales líneas de la defensa. Según el letrado, una vez terminada la fase de instrucción, se han presentado los escritos de acusación y en estos momentos están acabando de redactar el escrito de defensa, que será remitido en breve. Este letrado no espera que el juicio comience antes de marzo o abril del próximo año o incluso después del verano,  una vez que el juez instructor dicte la apertura del juicio oral y se asigne un juzgado penal.

Tovar admite que, si bien la conducta por la que se la acusa a Sevilla es "típica", es decir "que encaja en la definición que da el Código Penal, para que se considere delito tiene que ser, además, antijurídico, y en este caso sí existe la eximente de que Sevilla estaba protegiendo a su hijo".  El letrado afirma que "aunque no se haya podido acreditar el abuso en los procesos penales que se abrieron contra el padre, ella está convencida de que esos abusos han existido y que el niño no quería irse con el padre por ese motivo".

Tovar resalta que ya en otra ocasión se archivó una denuncia similar por un juzgado, que fue confirmado por la Audiencia por "enexigibilidad de conducta, es decir, cuando no entregas a tu hijo porque consideras que lo estás protegiendo de un mal mayor".

¿Era Infancia Libre una organización criminal?

Este próximo viernes, además, María Sevilla está llamada a declarar ante la fiscalía que debe decidir si admite a trámite un informe remitido por la Unidad de la Policía adscrita a los Juzgados de Plaza de Castilla, en el que se afirma que Infancia Libre era una organización criminal cuyo objetivo principal consistía en presentar denuncias falsas sobre abusos sexuales para apartar a los hijos de sus padres. Según el informe de la Policial, en esta trama intervenían no sólo María Sevilla, sino varias mujeres que habían denunciado a sus experajas por abuso sexual hacia los menores, una reputada pediatra del Servicio Andaluz de Salud, un reconocido Psiquiatra de la Sanidad Madrileña y una abogada, que representaba a varias mujeres pertenecientes a esta asociación.

Esta citación es parte las diligencias preliminares llevadas a cabo por la fiscal para determinar si se abre una causa penal o si se archiva la investigación Policial. Vicente Tovar explica que la comparecencia se había fijado en un principio para el día ocho de noviembre, pero que como "la recibimos sólo dos días antes y estamos fuera de Madrid, solicitamos un cambio de fecha". Este letrado afirma que es radicalmente falso la información que se ha publicado en un medio de comunicación que afirma que María Sevilla no acudió a la cita. "De hecho la fecha la establecimos de mutuo acuerdo con la fiscal para el viernes 29, tras preguntarnos ella qué fecha nos vendría mejor". 

La defensa de María Sevilla solicitó el informe policial a la fiscal para poder conocer su contenido y preparar la declaración, sin embargo, según el abogado, "al tratarse de una investigación previa, que no es judicial, no dan traslado de las actuaciones. Sí  tenemos acceso al informe y podemos verlo cuando queramos antes de la declaración, cosa que haremos este jueves".

Tovar afirma que hasta el momento no tienen más información que lo que ha ido filtrando a los medios de comunicación. "A mi me parecer es una absoluta desproporción considerar a Infancia Libre" una organización criminal, como si fuera ETA o un grupo yihadista que se organiza y se estructura para atentar. La fiscalía ya había solicitado a María Sevilla en verano un informe sobre las actuaciones de la organización y su estructura, que estaba formada por tres personas (la propia María Sevilla, su actual marido y Rocío de la O., que actuaba como vicepresidenta). Ellos están convencidos que existe un problema de de abuso sexual y de pediofilia en España, y que puede estar avalado por las estadísticas, que afirman que uno de cada cinco menores sufre estas agresiones", concluye el letrado.