Vuelco en el caso Infancia LibreUn juzgado reabre la causa por presuntos abusos sexuales contra el exmarido de una de las madres de Infancia Libre

El juzgado de instrucción nº 54 de Madrid ha decidido reabrir la causa contra el exmarido de Patricia González por posibles abusos sexuales hacia su hija. Según el escrito de este juzgado, que está apoyado por otro de la Fiscalía, esta reapertura se justifica por "la aportación a la causa de nuevos elementos, que desvirtúan los motivos que determinaron el sobreseimiento, por lo que siendo éste provisional, procede dejarlo sin efecto".

Lo que revierte ahora la jueza Marta Gutiérrez del Olmo, es el archivo de esta causa decretada por ese mismo juzgado en enero de 2015 por falta de pruebas. Desde ese momento González había ido aportando diversos documentos para reabrir la causa, varios de los cuales fueron adjuntados al expediente sin ser revisados, tal como denuncia a Público el abogado de González,  Jaime Montero. 

Es el caso de un informe fechado en 2017 y elaborado por un psiquiatra de la sanidad pública, quién incluso presentó una denuncia en el juzgado de Majadahonda que le correspondía debido a la gravedad de los hechos. Este juzgado se inhibió en favor del 54 de Madrid, que lo archivó sin leer, tal como afirma Montero.  

Otro de los informes aportados y que también data de 2017, es uno de la pediatra  del Servicio Andaluz de Salud, que había aportaba nuevos datos sobre los posibles abusos. 

Ambos profesionales se vieron envueltos durante meses en una investigación policial elaborada por la Unidad de la Policía adjunta a los Juzgados de Plaza de Castilla, que los señalaba como miembros de una banda criminal. El pasado 31 de enero, la Fiscalía archivó dicho informe tras desechar que existiera dicha trama.

"El hecho ahora se reabra una causa por indicios que se generaron en 2017 indica que algo ha fallado en este caso. Parece obvio", afirma Montero, que explica que ninguno de los dos informes habían sido leídos ni evaluados por el juzgado, a pesar de la gravedad de los hechos que relatan.

Uno de los informes, realizado después de que se hubiera archivado la causa, afirma que durante el regímen de visitas tutelado y sin pernocta que se le impuso al padre, podrían haberse producido nuevos abusos. Este informe, según afirma el actual abogado de González es el que está en la base de su decisión de desaparecer con su hija.

No son los únicos informes que apuntan a un posible abuso. En enero de 2015 González presentó al menos otros dos que corroboraban que estos podían haber existido y otro del CIASI (Centro especializado de Intervención en abuso sexual infantil) lo negaba.

Patricia González fue la segunda de las tres detenidas por la policía judicial entre abril y mayo ligadas a la organización Infancia Libre y que fue acusada por un posible delito de sustracción. Desde ese momento, la menor, que hoy cuenta con 11 años vive con el padre y a ella se le impuso una orden de alejamiento, por lo que no tiene contacto con su hija desde entonces. 

A lo largo de los últimos tres meses, se han producido cuatro resoluciones que dan un vuelco al caso de Infancia Libre. El primero de ellos fue el auto de la Audiencia Provincial de Granada en diciembre pasado, que decretó la restitución de la hija de Rocío de la Osa a su madre, tras entender que el juez que ordenó la retirada de custodia no tenía potestad para ello y que De la Osa tenía la custodia de la menor y no había incumplido ninguna sentencia.

De la Osa estuvo seis meses viendo a su hija dos horas semanales en un punto de encuentro familiar, sin haber cometido ninguna infracción.

En enero pasado, la Audiencia de Madrid autorizó a María Sevilla, expresidenta de Infancia Libre a tener visitas con su hijo en un punto de encuentro en fines de semana. A pesar de este auto, las visitas aún no han comenzado.

Un tercer vuelco se produjo hace escasamente una semana, cuando la Fiscalía Provincial de Madrid decidió archivar el informe elaborado por la Unidad de la Policía Adscrita a los juzgados en el que intentaba probar que Infancia Libre era una organización criminal para interponer denuncias falsas, y que era apoyado por profesionales de la sabidad pública. La Fiscalía concluyó que no hay ningún indicio que apoye la existencia de dicha trama. 

Por último, la reapertura de la causa de González, determinada a finales de diciembre pasado y que se ha dado a conocer este martes, de conocer, pone en claro que se tratan de casos aislados, con características diferentes.