Grito de alerta de la iniciativa Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, que como última opción ha reclamado al Gobierno de la Generalitat que compre el inmueble, una casa que había sido propiedad de la familia del president Francesc Macià. El edificio, actualmente en estado ruinoso, se encuentra en el municipio de Alcarràs, en el Segrià. La petición llega después de "dos años y medio pidiendo al Ayuntamiento del municipio que se haga cargo de comprar la casa para poder hacer reparaciones urgentes y evitar que se derrumbe".

Salvem Cal Macià critica la "apatía" de las administraciones (Ajuntament de Alcarràs, Diputació de Lleida y la Generalitat) a la hora de afrontar una posible solución para la casa de Vallmanya, pero sobre todo cargan contra el alcalde Jordi Janés (Junts per Alcarràs). "Nos hemos cansado de chocar con una pared. El alcalde no quiere ser parte de la solución; este patrimonio le preocupa muy poco, no es de su interés", declara Ferran Dalmau, portavoz de la iniciativa.

Una disputa enquistada

La situación se remonta a 2019, cuando el Ajuntament de Alcarràs pactó la compra del inmueble por 120.000 euros. Además, la Diputació de Lleida y el Departament de Cultura de la Generalitat se comprometieron a invertir 150.000 euros cada una para la fase inicial de la rehabilitación de la casa una vez el consistorio la hubiera adquirido. No obstante, poco después de cerrar el acuerdo se celebraron las elecciones municipales, que provocaron un cambio de gobierno local y el Ejecutivo dio marcha atrás a la operación.

Desde entonces, Salvem Cal Macià ha pedido al Ajuntament que hiciera efectiva la compra, sin éxito. "El consistorio no se ha movido de la posición inicial de revocar la compra de la casa y abandonarla a su suerte. Ha hecho perder tiempo y esfuerzos al resto, agravando la preocupante situación del elemento patrimonial con el desinterés y la manga ancha demostrada hacia el abandono y la no reparación por parte de la propiedad", denuncia la plataforma ciudadana.

"Las administraciones no pueden destinar dinero a reparar la casa, que es lo que nosotros pedimos, hasta que la casa no sea una propiedad pública", lamenta Dalmau. Ante la inacción del Ayuntamiento, finalmente, la iniciativa ha pedido al Departament de Presidència del Govern que se haga cargo de la compra para proceder "con urgencia" a la primera fase de rehabilitación.

La postura del consistorio

Por su parte, Jordi Janés, alcalde del municipio, alega que restaurar la casa supondrá un coste demasiado elevado para que Alcarràs pueda hacerse cargo. "La rehabilitación costaría 1,9 millones. ¡Y esta valoración se hizo hace un año! Con el incremento de las materias primas, el precio habrá subido", asegura.

"No quiero hipotecar al Ajuntament de Alcarràs en 2 millones", asegura Janés. "La solución es que la Generalitat y la Diputació, que tienen más pulmón, se responsabilicen de la compra y la rehabilitación de la casa. Si la compramos y no podemos pagar las reparaciones, el Ajuntament será el culpable de que la casa caiga. Y no la compraremos para que caiga a nombre del Ajuntament".

Más allá de la "casa de Macià"

La plataforma defiende la necesidad de mantener el inmueble porque "es la única casa de la familia Macià que sigue en pie". Sin embargo, no es la única razón. Dalmau admite que la relación de la casa con Macià es una de las claves para justificar el mantenimiento de la casa, pero insiste en que el recinto va mucho más allá. La casa, en concreto, fue heredada por Eugenia Lamarca, esposa de Francesc Macià, president de la Generalitat entre 1931 y 1933, durante la II República.

"Siempre hemos pensado que este espacio debe dedicarse a la memoria de la figura del president Macià, pero no hace falta que se limite a ella. La masía tiene valor arquitectónico por su construcción y ubicación. Además, hay muchas cuestiones históricas relacionadas con la casa", defiende. "Cuando los franquistas entraron en el Baix Segre convirtieron la casa en un cuartel general y, semanas más tarde, en un centro de detención de prisioneros durante la Guerra Civil. El inmueble podría servir como espacio de memoria democrática", concluye.