Interior adelanta diez días la expulsión del boliviano enfermo y sin tratamiento tras la visita de dos diputados al CIE de València

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en València, ha comunicado este jueves al interno G. L. que su expulsión a Bolivia se adelanta diez días y se efectuará este viernes. El hombre, de 68 años, con VIH y enfermo de Chagas, lleva 25 días encerrado en el centro, donde se ha interrumpido su tratamiento médico y su estado de salud se ha deteriorado notablemente, según denuncia la Campaña CIE No de València.

El cambio de fecha ha supuesto una sorpresa y una nueva agonía para el hombre, que se ha negado a firmar la comunicación. La campaña contra los CIE denunció el caso públicamente el miércoles para exigir al Ministerio del Interior la puesta en libertad de G. L. por su arraigo en España, donde llevaba 20 años residiendo –gran parte de ellos de forma regular– y donde vive toda su familia, con sus documentos en regla.

La única respuesta que obtuvo el afectado tras denunciar su caso fue una fecha de deportación, fijada para el 4 de diciembre. Este jueves, a las 14:55 horas, la dirección del CIE de València le comunicaba el adelanto. Solo media hora después de que finalizara la visita al centro de dos diputados de Compromís, que se han interesado por su situación y se han entrevistado con él.

Alberto Ibáñez, diputado en el Congreso, e Isaura Navarro, diputada autonómica en las Corts valencianas, se han entrevistado con el director del centro, acompañados por la portavoz de la campaña CIE No València, Claudia Parreño. "Él está profundamente deprimido y asustado por su estado de salud. Casi no podía hablar", asegura a Público Parreño.

"Por humanidad y seguridad sanitaria"

"Es una persona frágil, con dos enfermedades crónicas graves que merecen atención especializada, con depresión y que reside en España desde 2008", recuerda a Público el diputado Ibáñez, que considera la situación de G. L. de "extrema necesidad". "Interpelamos al poder judicial y al Gobierno para que, por humanidad y seguridad sanitaria, reconsideren su decisión y se frene esta expulsión hasta garantizar una correcta atención médica". 

Los activistas sospechan que no es casual este adelanto de la expulsión, ya que después de su denuncia de ayer, se le comunicó la primera fecha de expulsión. El abogado del G. L. ha solicitado la suspensión cuatelarísima del interno debido al agravamiento de su estado salud.

Según recuerdan, el tratamiento que el hombre necesita tanto para el VIH y, sobre todo, para la enfermedad tropical del Chagas "no se consiguen en farmacias, es complejo y se adquiere de forma nominativa a través de la Organización Mundial de la Salud". Su paso por el CIE desde que fue identificado en Madrid por la Policía en un control rutinario ha interrumpido su tratamiento, precisamente porque es imposible conseguir los fármacos.

Si nada cambia, en 24 horas G. L. será trasladado al Aeropuerto de Barajas para ser expulsado en un vuelo, al parecer comercial. "Lo van a dejar en un país donde no tiene familia ni red de apoyo, que hace 20 años que no visita y aterrizará a 600 kilómetros de su ciudad, Cochabamba", recuerda Parreño.

Lo que más le preocupa, también a sus familiares residentes en Madrid y València, es que su vida corre serio peligro si no sigue medicándose. Su condición sanitaria ha sido controlada por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid desde hace 14 años, aunque tras su detención por estancia irregular ha perdido varias consultas.

Un médico que realiza labores de acompañamiento a internos del CIE junto a los activistas había recomendado la puesta en libertad del interno. Se basaba en los informes médicos del hospital madrileño y en una conversación con el especialista que sigue el caso de G. L.

El Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital también considera su salida del CIE como lo más adecuado para su salud. Según denuncian los activistas, la Policía se saltó su propio protocolo a la hora de pedir al juez su ingreso en el CIE. Una circular de Interior recomienda que se tenga en cuentan factores como la edad, el arraigo social y familiar o el estado de salud del internado para evitar consecuencias indeseadas durante el internamiento.