G.L. tiene 68 años. Llegó a España en 2003 y desde 2004 no ha regresado a Cochabamba (Bolivia), lugar donde nació. Debido a su situación de irregularidad sobrevenida, lleva casi un mes encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (València) a la espera de ser deportado.

Este ingreso ha puesto en riesgo su vida al interrumpir el tratamiento médico que necesita para contener el VIH y la enfermedad de Chagas que padece. Sin embargo, pese a las advertencias de diferentes sanitarios sobre el peligro que implica para su salud, está previsto que continúe detenido hasta ser expulsado del país el próximo 4 de diciembre.

Los CIE son espacios de privación de libertades para personas extranjeras en situación irregular. Allí pueden permanecer encerradas hasta 60 días mientras se intenta deportar al internado. Algo que no ocurre en la mayor parte de las ocasiones. Los colectivos antirracistas y multitud de ONGs consideran estos centros "cárceles racistas" que generan un sufrimiento innecesario a personas que no han cometido ningún delito.

G.L. vive en Madrid junto a su familia y es el único de todos ellos en situación irregular. Su edad ya está por encima de la de jubilación, por lo que no ha podido renovar el permiso de residencia al no poder demostrar que dispone de una fuente de ingresos. Durante muchos años, G.L. ha trabajado y ha podido obtener la acreditación, pero ahora la Ley de Extranjería le ha jugado una mala pasada.

Hace apenas de un mes la Policía le identificó en un control aleatorio y, tras comprobar que se encontraba en situación de irregularidad,  pidió al juzgado su internamiento. Como consecuencia, "sin haber cometido ningún delito", explican desde el colectivo CIES NO, acabó encerrado.

"El problema es que las autoridades policiales no han seguido sus propios criterios sobre los que decidir si solicitar que una persona sea internada o no", advierte la organización. Estas pautas a las que hacen referencia desde CIES NO vienen recogidas en la Circular 6, emitida por el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía en 2014.

En la nota se establecen una serie de circunstancias, como que la persona tenga domicilio fijo, que conviva con miembros de su familia, la edad, su estado físico o si necesita tratamientos médicos, que deberían impedir la petición de internamiento. Varios de estos indicadores, de hecho, están presentes en el caso de G.L. Sin embargo, los policías que solicitaron al juez el internamiento no los han tenido en cuenta. Y eso es precisamente lo que, tanto su abogado como CIES NO, están tratando de demostrar.

"Nosotros entendemos que ninguna persona debería estar encerrada, pero hay casos que llaman especialmente la atención por su vulnerabilidad. Estamos hablando una persona mayor con una situación sanitaria bastante grave", advierte la asociación. Después de recurrir al juez instructor, el siguiente paso será denunciarlo al Defensor del Pueblo.

Ha perdido varias consultas médicas

Nadie entiende cómo G.L. puede haber ido a parar al CIE. Incluso los médicos que hacían su seguimiento en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal (Madrid), con los que CIES NO se ha puesto en contacto, "entienden que se está limitando el derecho al acceso sanitario" de una persona que ya tenía establecido un tratamiento "especial e imprescindible para su salud".

Desde que le detuvieron, G.L., además de haberse quedado si uno de los fármacos para tratar sus coinfección Sida-Chagas, ha perdido varias consultas de seguimiento que tenía programadas en el centro hospitalario. En este sentido, los especialistas consideran que "lo más seguro sería su puesta en libertad para poder seguir con el control periódico que necesita".

Público ha preguntado al Ministerio de Interior por el caso de G.L. y en su respuesta el organismo se ha remitido a "los criterios que fueron valorados y motivados por la autoridad judicial a la hora de ordenar el ingreso en CIE".

Por su parte, desde CIES NO advierten de que "el Estado es responsable de garantizar la integridad física y mental de las personas privadas de libertad, por lo que será responsable de cualquier complicación sanitaria que G.L. pueda sufrir" y exigen su "inmediata liberación", antes de que los daños sean "irreparables".