Prácticamente todas las Administraciones han fallado en el caso de A. E. M, un joven marroquí de 22 años que ha pasado un mes internado ilegalmente en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València, esperando su deportación, a pesar de que esta era imposible.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares (Madrid) acordó el pasado 21 de enero que el chico fuera encerrado en estos centros desde donde se intenta deportar a las personas extranjeras en situación irregular. Acabó en el de València, ya que el de Madrid está cerrado por obras. Y allí pasó 30 días, la mitad del tiempo que legalmente puede estar internado un extranjero que espera su expulsión.

Solo se le ha puesto en libertad cuando los servicios jurídicos de la Campaña por el Cierre de los CIE y el Fin de las Deportaciones detectó que había una suspensión cautelar de su expulsión decretada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El caso ha sido denunciado por la organización, que acumula un largo historial de detección de irregularidades en materia de Extranjería en este territorio.

"Vulnerando la Ley de Extranjería y la sentencia de los magistrados y de la magistrada de Madrid, el chico fue recluido desde el 21 de enero hasta el 23 de febrero en el CIE de València sin que ninguna autoridad verificara su situación legal o, si lo hicieron, la ignoraron y lo mantuvieron privado de libertad con el objetivo de deportarle", denuncia la organización.

La desprotección del joven es más sangrante aún, ya que llegó a España siendo menor de edad y solo. Estuvo tutelado por la Comunidad de Madrid, quien debe encargarse de tramitar su documentación mientras es menor y solicitar su permiso de residencia. Pero nunca lo hizo; y no es un caso aislado, ya que esta comunidad ha sido condenada por el Comité de Derechos del Niño de la ONU en varias ocasiones por dejar desamparados a los menores migrantes que tutela.

En realidad, este desamparo que deja a los menores migrantes abandonados al cumplir los 18 años era habitual en todas las comunidades autónomas, al menos hasta la última reforma del Reglamento de Extranjería, que facilita la obtención de papeles a los menores migrantes no acompañados y a los jóvenes extutelados.

La Campaña contra los CIE de València exige medidas disciplinarias contra los responsables de este "encierro ilegal" y que se adopten "mecanismos de coordinación para que no se repitan situaciones semejantes". Acusan de dejación de funciones a la dirección del CIE, pero también al juzgado de Alcalá de Henares que acordó su internamiento en enero sin hacer las debidas comprobaciones.

La Delegación del Gobierno en Madrid emitió contra el joven una orden de expulsión por estancia irregular en el país, aunque el chico la recurrió ante el TSJM en 2021. Los magistrados le dieron la razón y, en su sentencia, reprendieron la labor del Gobierno madrileño.

El TSJM entendió que no se habían valorado "debidamente las circunstancias del caso" y suspendió su expulsión entonces. Según este escrito, "la documentación aportada arroja múltiples indicios del arraigo social" del joven, y critica en reiteradas ocasiones que tanto la Comunidad de Madrid como la Administración en general incurrieron en "inacción" y "descoordinación" a la hora de regularizar su situación administrativa cuando era menor, cuando estuvo tutelado y cuando alcanzó la mayoría de edad.

"Nada parece haber hecho la Administración para amparar al recurrente debidamente y de buena fe, ni aun estando tutelado", asevera la sentencia, que dejaba claro que solo la Federación Pinardi, donde estuvo acogido, "le ha acompañado y asesorado para iniciar el proceso de regularización". El hecho de no darle "la debida protección institucional durante su minoría de edad", dice la sentencia "ha podido repercutir eventualmente en su posterior situación administrativa" irregular, lo que llevó a su encierro en el CIE de València.

"Esta sentencia pone de manifiesto la problemática ya denunciada por las organizaciones sociales e incluso trasladada por el Defensor del Pueblo a la Fiscalía General del Estado, de que existe un porcentaje importante de menores tutelados que cumplen 18 años sin haber sido documentados", denuncia la campaña contra los CIE.

El artículo 35 de la Ley de Extranjería dicta que los menores tutelados tienen derecho a una autorización de residencia que debe ser solicitada a instancia del organismo que asume la tutela. Una vez más, un menor desamparado ha estado a punto de ser devuelto a Marruecos ilegalmente sin que ninguna Administración pública haya cumplido con sus deberes más elementales.