El segundo intento del Gobierno y de Ceuta para devolver a los cientos de menores marroquíes que entraron irregularmente a la ciudad durante la crisis fronteriza del pasado mayo parece ser más cautelosa que la emprendida este agosto, pero ya se ha puesto en marcha con la contratación de personal interino técnico para cumplir todos los requisitos que exige el proceso.

La repatriación o "retorno asistido", como se la ha venido denominando en las últimas semanas, es lo que acordaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tras su encuentro en Moncloa en medio del escándalo por las devoluciones de 55 menores a Marruecos, en las que no se cumplieron los trámites exigidos por la Ley de Extranjería.

Tanto el Ministerio del Interior como el Gobierno ceutí trataron de regatear estos trámites aplicando un acuerdo bilateral entre España y Marruecos sellado en 2007 sobre la inmigración de menores no acompañados, aunque Unicef y el Defensor del Pueblo advirtieron que no era aplicable.

Los equipos jurídicos de la Coordinadora de Barrios y de la Fundación Raíces llevaron el caso ante la Justicia, la Fiscalía de Menores de la ciudad coincidió en sus planteamientos y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ceuta acabó decretando la paralización de las repatriaciones acordadas con Marruecos.

Ya se habían llevado a cabo más de medio centenar cuando la jueza decretó la suspensión cautelar tras un duro auto en el que tuvo que recordar que "uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus propios términos", y que eso implicaba "a todos, incluidas las Administraciones".

En concreto, las devoluciones se efectuaron por sorpresa, sin "ninguno de los preceptivos trámites" a los que obliga la Ley de Extranjería cuando los expulsados son menores no acompañados. No se realizaron informes individuales sobre los niños, no se comunicó el inicio del proceso de repatriación a los propios afectados, que no pudieron recurrirlo o contar con asistencia de un abogado. Tampoco se comunicó a la Ciudad Autónoma (que ejerce la guarda de los niños al no contar con familiares o tutores) ni al Ministerio Fiscal, a los que solo se les entregó un listado con los menores que iban a ser devueltos ese día. Del mismo modo, no se elaboró ninguna resolución motivada que justificara la decisión del retorno como la mejor opción posible para los afectados.

Funcionarios, trabajadores sociales e intérpretes

Para cumplir con estos requisitos legales, la Oficina de Extranjería de Ceuta ya cuenta desde este jueves con 12 nuevos funcionarios interinos como refuerzo de personal. Recibirán formación específica por parte del personal de Extranjería y se encargarán de remitir informes a las autoridades diplomáticas de Marruecos y al Área de Menores de la Ceuta, según explicó la Delegación del Gobierno en la ciudad.

El presidente ceutí quiere tener listos los informes en menos de 45 días

Al mismo tiempo, el Área de Menores del Gobierno de Ceuta también ha contratado durante tres meses a 12 trabajadores sociales y a ocho intérpretes de dariya (árabe hablado en Marruecos) para que se encarguen de elaboración de los expedientes individualizados que exige el procedimiento, para lo que cuentan con el apoyo de Save the Children.

El presidente ceutí se ha marcado como objetivo tenerlos listos en 45 días. Son unos de los documentos con más peso a la hora de que la Delegación del Gobierno se pronuncie sobre la situación final de cada menor. A esto hay que añadir la postura de la Fiscalía de Menores sobre cada caso, la voluntad de los propios chicos y la correcta identificación por parte de Marruecos, unido a un informe sobre la situación familiar y social de cada afectado, que el país vecino debe remitir a través de la Oficina de Extranjería de Ceuta.

Medio año como máximo

La ley contempla un plazo máximo de medio año para la resolución de cada expediente desde el momento de su apertura, pero todavía no se ha incoado ninguno, por lo que el proceso puede alargarse en el tiempo.

Unos 260 menores acogidos en los recursos improvisados por el Gobierno de Ceuta tendrán que ser finalmente escolarizados, aunque lo harán en una modalidad parcial debido a la falta de espacios y de profesores. Serán aulas vespertinas para alumnos de entre 12 y 16 años, en institutos de la ciudad, y las clases consistirán básicamente en una "inmersión lingüística" en castellano. Se han contratados 22 maestros y un mediador en cada centro.

Aunque la repatriación de los menores es una prioridad del Gobierno, el resultado de este proceso no la garantiza. Los niños pueden recurrir la decisión y también cabe otra opción más acorde a su interés superior, como la acogida y tutela por parte de la ciudad, de otra comunidad autónoma, de un familiar en España o una familia de acogida, entre otros supuestos.

Además, recuerda Save the Children, entre los centenares de casos que han estudiado hay perfiles con un alto grado de vulnerabilidad o que pueden pedir asilo asilo.

Por otra parte, la desconfianza generada por la intentona de agosto llevó a cientos de menores a escapar de los centros temiendo ser devuelto a Marruecos. Se calculaba que había alrededor de 800 menores marroquíes en Ceuta que entraron durante la crisis fronteriza, aunque el pasado miércoles, el Gobierno local redujo la cifra a a 524, acogidos principalmente en el albergue provisional de Piniers, en el centro de realojo temporal de La Esperanza y en el polideportivo de Santa Amelia.