La entidad pro derechos humanos Iridia atendió en 2020 un total de 96 casos por posible violencia institucional, de los cuales 60 fueron por actuaciones policiales, y denuncia la opacidad de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como el de Barcelona y su trato "denigrante".

Estos son algunos de los datos que se desprenden del informe anual de Iridia sobre la violencia institucional, que la organización ha presentado este martes en una rueda de prensa.

De acuerdo con este informe, el Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) de Iridia recibió a lo largo de 2020 un total de 186 solicitudes de actuación por presuntas vulneraciones de derechos humanos, de los cuales 96 se corresponden con casos de supuesta violencia institucional.

De estos casos por presunta violencia institucional, 60 están relacionados con actuaciones policiales denunciadas en todo el Estado, vinculadas a las restricciones: 19 causadas por un supuesto uso desproporcionado de la fuerza, retenciones y detenciones "arbitrarias" y 41 por la imposición de sanciones administrativas.

De los 96 casos que atendió Iridia, 16 se produjeron en un contexto de protesta, 41 en el espacio público y diez en domicilios o en desahucios, entre otros ámbitos.

La entidad ha denunciado, en este sentido, que se han producido dos entradas en domicilios en las que ha habido un "trato degradante" hacia los inquilinos, en sendas actuaciones de los Mossos y de la Guardia Urbana de Barcelona, que han derivado en dos agentes de la policía catalana y cinco urbanos investigados, respectivamente.

Según Iridia, en la entrada "no justificada" de la policía local de Barcelona en un domicilio la persona sufrió lesiones de consideración hasta el punto que cuando despertó estaba detenido en comisaría y, además, tardó en recibir asistencia médica.

En cuanto al perfil de las 96 personas atendidas por violencia institucional, 71 eran hombres y 25 mujeres, mientras que siete eran menores de edad.

136 agentes y funcionarios de prisiones investigados

Otro dato que la entidad pone de relieve es que en estos 60 casos en los que Iridia ha asumido la representación legal hay 136 agentes y funcionarios de prisiones investigados: 42 agentes de los Mossos d'Esquadra, 88 de la Policía Nacional, 6 de la Guardia Urbana, 12 de prisiones y uno en el ámbito de la seguridad privada.

Para Iridia, la cifra de agentes y funcionarios investigados pone de relieve que "hay un problema real de violencia institucional", en el que el valor de la prueba es fundamental para "luchar contra la impunidad policial".

En cuanto al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, Iridia, que lleva la representación en seis denuncias, ha criticado la "absoluta opacidad" de esta institución, la "falta de garantías" y la "vulneración de derechos" con "tratos denigrantes" y "aislamientos", debido a un "racismo institucional" del Estado contra las personas migradas.

La entidad ha denunciado, además, que la reapertura del CIE de Barcelona en octubre pasado –se cerró en marzo por la pandemia– se llevó a cabo sin un plan de contingencia para hacer frente a la covid-19 y con restricciones a la entrada al mismo de los abogados e, incluso, con su prohibición, lo que para Iridia es un hecho "grave" que puede llegar a constituir un ilícito penal.

De estas seis denuncias que lleva Iridia en el CIE de Barcelona, dos son personas que estuvieron en celdas de aislamiento para cumplir cuarentena en "condiciones muy graves", encerrados en un espacio "muy pequeño, sin cama ni lavabo": "Esto no se puede tolerar de ninguna de las maneras".

Además, en estos casos de vulneración de derechos en general y de la violencia institucional la entidad ha advertido de las deficiencias en la investigación de casos de tortura o tratos degradantes, tanto por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad como de la propia Fiscalía.

Iridia ha constatado que el estado de alarma y la pandemia "han sido determinantes" en cuanto a la violencia institucional: "En un contexto de excepcionalidad, en el que se ha dotado de muchas facultades a los cuerpos y fuerzas de seguridad, ha habido una falsa sensación de legitimidad para llevar a cabo intervenciones", ha dicho la codirectora de la entidad, Anaïs Franquesa.