Tiempos de incertidumbre. Dudas sobre lo que ocurrirá no el mes que viene, sino la próxima semana. En medio de una situación extraña, en las cárceles también aguardan noticias sobre cómo y cúando acabará todo esto. Son momentos complicados detrás de los barrotes, entre los confinados más confinados. Este martes, decenas de organizaciones sociales y de derechos humanos han vuelto a pedir que se tomen medidas urgentes.

Según datos oficiales, a día de hoy existen 154 funcionarios y 18 internos contagiados. El pasado 24 de marzo se notificó el fallecimiento de una presa de la cárcel de Estremera por coronavirus. Tenía 78 años y se convertía así en la primera interna que moría a causa de esta pandemia.

En una nota difundida esta mañana, organizaciones sociales han denunciado que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP) "aún no esté actuando dentro de las prisiones conforme a los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa". 

"Si bien estos organismos internacionales han puesto el foco en la necesidad de reducir la población penitenciaria y el deber del respeto escrupuloso al derecho a la salud de las personas presa, la mayor parte de las medidas que se han implementado por parte de la SGIP como la interrupción de las comunicaciones con el exterior o el aislamiento en celda, son de carácter restrictivo", denunciaron los colectivos, entre los que se encuentra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Red Jurídica, el centro Iridia o el colectivo Salhaketa.

En este sentido, critican el "escaso uso" realizado hasta ahora de los mecanismos de excarcelación previstos en el Reglamento Penitenciario, lo que hubiese posibilitado que muchos presos cumpliesen el resto de condena fuera de prisión. Se trata, precisamente, de una de las principales recomendaciones formuladas por la OMS en el ámbito penitenciario.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias señalaron a Público que "se han tomado todas las medidas posibles para evitar contagios tanto entre trabajados como entre internos". "A medida que las Juntas de Tratamiento han ido colocando dispositivos telemáticos para el cumplimiento del tercer grado desde casa, se ha hecho", apuntaron. "Nos adelantamos incluso al estado de emergencia, tomando todas las medidas a nuestro alcance", afirman. 

Un móvil cada 246 presos

Del mismo modo, las organizaciones firmantes denuncian que "apenas se han habilitado canales alternativos de comunicación entre las personas privadas de libertad y sus familias". Así, critican que "la principal y única medida adoptada por la SGIP ha sido repartir un total de 205 móviles entre todas las personas presas".

"En estos momentos hay 50.300 personas que se encuentran en centros penitenciarios dependientes de la Administración estatal lo que da una medida de un móvil cada 246 personas. Es lamentable", subrayan.

En esa línea, sostienen que resulta necesario "adoptar medidas encaminadas a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de libertad". "Es esencial reforzar las plantillas médicas que existen dentro de prisión al mismo tiempo que activar los mecanismos de excarcelación contemplados en la legislación penitenciaria", afirman los colectivos.

Del mismo modo, lamentan que las recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo en torno a la situación en las cárceles "son muy insuficientes y alejadas de los estándares de salud pública y respecto a los derechos humanos recomendados por la OMS y el Consejo de Europa".

"Más vulnerables"

En vísperas de que se conocieran estas reivindicaciones, la Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, instó a los Estados miembros a "proteger los derechos y la salud de todos los presos durante la pandemia de la Covid-19".

En un comunicado publicado en la página web del Comisariado, Mijatovic subraya que "los presos condenados y las personas en prisión preventiva se encuentran entre los más vulnerables al contagio viral, ya que se encuentran en un entorno de alto riesgo".

Subraya precisamente que "en general, los centros de detención no están adaptados para enfrentar epidemias a gran escala y las medidas de protección básicas como el distanciamiento social y las reglas de higiene no pueden observarse tan fácilmente como en el exterior, exponiendo a los presos a mayores riesgos para la salud".