Es el encierro dentro del encierro. El aislamiento tras las rejas. A día de hoy, 349 presos se encuentran en cuarentena ante la posibilidad de que tengan el virus, según el recuento realizado por fuentes sindicales. "Si siguen aumentando, no hay huecos para aislar a tanta gente", advierten los sindicatos. Instituciones Penitenciarias sólo tiene contabilizado un positivo en la cárcel alavesa de Zaballa. Hay, además, ocho funcionarios contagiados en distintos centros.

Los temores por lo que pueda ocurrir dentro de las cárceles ya están sobre la mesa del ministro de Interior. Cerca de cuarenta organizaciones de derechos humanos y del ámbito sanitario en prisión han enviado una carta a Fernando Grande-Marlaska para reclamar la adopción de medidas urgentes en los centros penitenciarios.

En ese documento, firmado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Salhaketa o Iridia –entre otras–, plantean "reforzar de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión, especialmente en aquellos centros penitenciarios donde no existe actualmente asistencia por ausencia de personal".

En caso de que se diera algún nuevo caso positivo, llaman a "procurar que el aislamiento se haga en una instalación médica, no en celda como una sanción". "Lo que tememos, por lo ocurrido en Italia, es que se produzca un uso abusivo y discrecional del aislamiento como medida preventiva de carácter absoluto: en caso de duda, aislamiento", afirma a Público Fran Fernández, del área de Cárceles de la APDHA.

En la nota dirigida a Marlaska también piden "medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores", remarcando que "hasta ahora son quienes han dado positivo y quienes pueden ser fuente de contagio al estar en contacto físico con las personas privadas de libertad".

Las organizaciones firmantes plantean además la "excarcelación inmediata de internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo", así como la salida de la población preventiva "estableciendo otro tipo de controles si fueran necesarios". 

"Aunque el arresto domiciliario o la libertad provisional tendrá que ser decidido por el Juez del que dependan, se insta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a que revise las situaciones en las que estas posibilidades deben articularse en la situación excepcional en la que nos encontramos y lo comuniquen a los jueces", subrayan.

Comunicaciones suspendidas

Tras la declaración del estado de alarma, Instituciones Penitenciarias suspendió "todas las comunicaciones ordinarias" de los reclusos, amparándose para ello en la "limitación de la libertad de circulación que tienen las familias y amigos que visitan a los internos". Del mismo modo, canceló "todas las salidas de permiso, programadas y cualquier otra salida, salvo por causas de fuerza mayor o situación de necesidad".

"Para paliar esta restricción de las comunicaciones y permisos de las personas que se encuentran en prisión, todos los centros penitenciarios ampliarán el número de llamadas telefónicas que tienen autorizadas los internos, especialmente con sus abogados, a fin de que en todo momento quede garantizado el derecho de defensa", apuntó Instituciones Penitenciarias en una nota de prensa dada a conocer el domingo.

En tal sentido, las organizaciones sociales y de derechos humanos reclamaron a Marlaska "el incremento de las comunicaciones orales ordinarias a través de locutorios" y la "gratuidad de llamadas telefónicas extra", así como proporcionar "información a las familias de la situación sanitaria de sus familiares internos de manera lo más rápida y clara posible".

Tensión en las cárceles

"Se están cerrando las comunicaciones de todo tipo en las cárceles, y eso está llevando a situaciones de tensión en el interior", advierte a Público Andrés García, abogado y miembro de Iridia. Tras las protestas realizadas el pasado domingo por los internos en la cárcel de Brians 1, este martes ha habido tensión en la prisión de mujeres de Wad-Ras.

El Departamento de Justicia de la Generalitat ha suspendido las salidas programadas, permisos para trabajar y el régimen abierto en las cárceles catalanas, además de reducir un 30% la presencia de funcionarios encargados de la seguridad interna. El Govern ya había aplazado además los permisos, los vis-a-vis y las comunicaciones en el locutorio. "Estamos ante una situación muy difícil para miles de personas presas", añade García.