Entró en el cargo a mitad de legislatura. ¿Qué lecciones ha sacado en claro durante estos meses?

Tras toda la vida dedicándome a la ciencia política y al análisis de las instituciones, pasar de la teoría a la práctica implica que el cambio de escala es muy importante. No tanto por la presión directa de relación con la gente, sino a la dimensión que tiene cualquier cosa que haces.

Las cosas que me han sorprendido es el cortoplacismo de los debates. Está instalada una lógica de muy a corto plazo que impide que los temas más estratégicos y más difíciles se aborden. Un poco esa frase de "el largo plazo en política es el fin de semana". Un segundo elemento sería la significación muy fuerte que tiene el espacio mediático en la propia configuración de la política. Independientemente de que tú tengas o no razón, no hay una vara de medir y son los medios de comunicación y las redes aquello que te está indicando que está pasando. 

La ley de universidades está a punto del trámite parlamentario para su aprobación para cambiarla tras 20 años. ¿Cómo definiría la LOSU? ¿Continuista? ¿Rupturista?

Yo no la definiría como continuista, en el sentido de que me parece precisamente que una de las virtudes que pretende es evitar los problemas actuales, que es trabajar en 2022 con leyes hechas hace 21 años. La anterior ley no aborda muchísimos de los aspectos nuevos que tenemos.

En estos años, todo se ha hecho mucho más heterogéneo, hay universidades de muchos tipos, no solamente las públicas y las privadas, sino que se han  consolidado las universidades que se forjaron y se crearon a finales del siglo XX. 

Además, la política europea, que antes la llamábamos política internacional, ahora la hemos de llamar política interior. Hace 20 años no sabíamos ni lo que era la ciencia abierta y la ciencia ciudadana y hoy forman parte del escenario.

También somos muy conscientes de que tenemos que compensar dos cosas que no han quedado resueltas: la calidad de la educación universitaria y la docencia y la transferencia de esa investigación hacia la sociedad. Todo esto sin hablar de lo que significa el cambio digital, las redes, el funcionamiento de las universidades durante la pandemia... Es decir, hay muchísimos elementos por los que creo que llamar a la ley continuista es un mal descriptor.

En 'Público', el profesor Miguel Andrés Llamas escribió un artículo de opinión en el que analizaba la ley. Había aspectos muy duros en su análisis: "La ley no contiene elementos sustantivos de dignificación salarial", "la carrera académica seguirá marcada por la temporalidad" e incluso decía que la ley tiene un "cariz neoliberal".

Lo leí en su momento. Creo que los comentarios estaban hechos bastante antes del redactado final de la ley. En cuanto a la precariedad, vamos a pasar a contrato indefinido a todos los profesores asociados, creo que es muy importante. Hemos de recordar que había muchas universidades que tenían una enorme cantidad de asociados o de otras figuras de carácter temporal y precario, entonces hemos establecido siguiendo las directrices de la Unión Europea y de las demandas que nos hacen para mejorar la situación de mercado laboral.

En cuanto a la temporalidad, en diez años una persona que inicia sus estudios de doctorado podrá estabilizarse en la universidad cuando hasta ahora eran 20 años.

Hemos hecho algo que no se había hecho los últimos 20 años, que es constituir la mesa de negociación sindical para hacer un nuevo estatuto de personal docente investigador que fijará las condiciones salariales y de trabajo. Por tanto, es difícil pensar que esa ley puede ser "neoliberal" si tenemos en cuenta que lo que hace es consolidar derechos. Creo que el espíritu al que preside la ley no es precisamente este estaría bien, quizá que ahora que se han presentado, digamos algunas enmiendas a la totalidad, por ejemplo de Vox se vea un poco que es lo que dice en relación a la ley.

El epicentro de los comentarios en torno a la ley es que pretende aumentar la inversión en las universidades hasta el 1% del PIB. Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha dicho que si eso pasa incluso no descarta acudir al Tribunal Constitucional. 

Hay un acuerdo en la LOMLOE, que ya está probada, y fija que el 5% del PIB debe dedicarse a educación. Y también existe un acuerdo de que de ese 5%, el 1% tiene que dedicarse a educación superior. La Ley de Ciencia que ha entrado en vigor hace poco fija el 1,25% del PIB para inversión en ciencia, por tanto no estamos inventándonos una norma ni nos sacamos de la chistera algo extraño. Nos sitúa en la escala media del gasto medio en Europa.

Hay un problema general de financiación autonómica, tampoco es que yo descubra algo nuevo. El Estado no financia directamente las universidades, por tanto, no hay una financiación finalista, sino que lo que hace el Estado es, en las transferencias generales de los servicios que presta las comunidades autónomas, transferir unos fondos y son las comunidades las que deciden qué parte de esos fondos van a dedicar a universidades. Hay comunidades que por decisión propia están muy cerca de ese porcentaje al que aspiramos y se nota en el funcionamiento.

Hemos dicho en una disposición adicional que, en un plazo de un año, deberán reunirse las comunidades autónomas con el Estado para fijar los criterios para avanzar en esa línea. Es perfectamente razonable que la comunidad autónoma diga, fijémonos objetivos concretos. Hemos de ser conscientes de que este es un sistema en el que las autónomas tienen sus propias competencias y han de asumirlas. He visitado 25 universidades personalmente en España y no he tenido la sensación de que esté fuera un problema generalizado.

Cambiando de tema, ahora que se acaba de celebrar la Diada en Catalunya, ¿hay avances con la mesa de negociación entre el Gobierno de Catalunya y Moncloa?

Es un tema que lleva directamente el presidente del Gobierno y por tanto lo que lo que me consta es que es que ha habido avances y que se ha vuelto a activar la mesa con el Gobierno de la Generalitat y que está pendiente la fijación de una de una de una nueva reunión de esta mesa. Las declaraciones que ha habido en relación a esta nueva reunión apuntan a la necesidad de recuperar el diálogo y de buscar elementos que reconduzcan una situación que ha tenido una lógica muy judicial y judicializante hacia un ámbito más político.

¿Qué papel pueden jugar los comunes en este nuevo tiempo político?  Hay banderas clásicas de su espacio político como la transición energética o la justicia social, que son los grandes temas del momento.

Sí, yo creo que en este en este momento las posiciones que ha ido adoptando los comunes en relación a los grandes temas de este nuevo siglo coincide mucho con las preocupaciones generales.

El otro gran tema también que los comunes han destacado es el papel de los gobiernos locales y del municipalismo. Ahora con las elecciones próximas de mayo del 2023 volveremos a tener un debate también muy importante sobre cuál es el papel de las ciudades y del municipalismo en estos grandes temas. Yo creo que los comunes forman parte de una esfera política en el cual, pues Unidas podemos está actuando, donde Yolanda Díaz está avanzando con Sumar y por tanto la idea de contribuir y de ayudar a que ese espacio pueda consolidarse y a contribuir al mantenimiento del gobierno progresista en España. 

¿Hasta qué punto es importante para este espacio que Ada Colau conserve la Alcaldía en las próximas elecciones?

Sobre todo es importante para Barcelona. Lo importante es ver si las políticas que se han iniciado en estos ocho años, que tienen una lógica muy distinta de las que se había planteado anteriormente, pueden acabar de consolidarse y marcar un cambio radical en el planteamiento de la ciudad. Los temas de vivienda, los temas de movilidad, los temas de sostenibilidad ambiental...

El Ayuntamiento de Barcelona no solamente tiene competencias en esto, tiene incumbencias y yo creo que en este sentido para mí sería clave que para el futuro de la ciudad y para conseguir que la ciudad siga teniendo ese carácter innovador que todo el mundo le atribuye, Ada Colau siga gobernando. Los momentos históricos en que la ciudad ha tenido cambios importantes, como fue la época Maragall, precisamente fueron tres mandatos.

¿Sería partidario de un cambio de alianzas en la ciudad, por ejemplo, con un gobierno junto a ERC?

Si miramos lo que ha pasado en estos últimos cuatro años, en el 70% de los casos los acuerdos entre el Gobierno de Ada Colau en coalición con el PSC se han conseguido a través del acuerdo con Esquerra Republicana. Por lo tanto, en ese espacio de izquierda progresista hay muchas cosas compartidas, aunque otras no tanto. No creo que haya grandes cambios en ese sentido.

El documental de HBO, 'Salvar al Rey', relaciona a Juan Carlos I con el golpe de Estado del 23-F. ¿Qué le suscita?

Curiosamente he visto el segundo y el tercer capítulo de la de la serie y no el primero, que es donde creo que aparece este tema. Hay partes de la historia de España que están aún por dilucidar y por aclararse. Cualquier avance que se haga en la línea de clarificación, pues bienvenida sea

Han logrado reducir el precio de las tasas universitarias a través de un acuerdo con las comunidades, pero no aparece reflejado en la LOSU. ¿Por qué? 

El hecho que la regulación de las tasas no esté en la LOSU es que debe fijarse por Decreto y viene de una relación con el Ministerio de Educación. Tanto los precios de los grados como de los másteres habilitantes han tenido un descenso estos años.

Además, hay una voluntad de considerar que las becas no son un premio al mérito, sino un derecho y una necesidad social. Se ha doblado la cantidad de recursos dedicados a las becas, se ha incrementado el valor de las becas completas, se ha incrementado la dotación de las becas... La idea de democratización está muy clara. Ese espíritu está en la LOSU. 

¿Qué herencia dejaron Rajoy y Wert en las universidades?

Hubo una mezcla de reducción de gasto público y de inversión en servicios públicos. Frente a esto, vimos la reacción de muchas universidades que no tenían recursos para pagar las nóminas de los profesores, lo que hicieron fue aumentar las tasas y precarizar al profesorado. La herencia es un traspaso de los costes de la educación pública a la ciudadanía, un aumento de tasas y una precarización de las condiciones de trabajo. Por tanto, la herencia es terrible.

Incorporaría la idea de que seguramente, a diferencia de lo que pasó con sanidad y con la educación, donde la reacción social fue de defensa, en la universidad no se consiguió que eso fuera tan claro. Una de las cosas que la LOSU quiere es reforzar muchísimo el papel social de la universidad para que los aliados sean más sean más fuertes y que consigan de alguna manera salvaguardar los recursos públicos y que no haya un cierto desapego. 

¿La universidad española tiene un problema de endogamia?

Bueno, en algunos casos la ha habido. De manera justa en muchos casos se ha denunciado que había situaciones que no eran que no eran correctas. Cualquier cosa que hagamos para evitar que esto suceda es importante. La idea de que haya transparencia en la convocatoria de plazas y que haya personas externas a las universidades que también participen en los concursos son elementos que pueden favorecer a eso digamos.

El pasado mes de marzo, en P'úblico' contábamos que la Universidad Politécnica de Madrid había montado una comisión pantalla e inclumplía la ordenanza de su Ministerio para repartir casi 11 millones de euros. 

No tengo ahora exactamente en la cabeza de la noticia que me comenta. En todo caso, una de las ventajas de la nueva situación que tenemos tras estos 20 años es que muchas de esas cosas que pesaban desapercibidas antes, ahora hay mucha más capacidad desde el punto de vista de las redes de de hacer más transparente esta situación y generar estas denuncias.

¿Hay que frenar la creación de universidades privadas en España? ¿No es el mayor ejemplo de desigualdad que puede haber?

Ha habido un crecimiento muy alto en muy pocos años de universidades privadas, pero no en todas partes, se están concentrando en algunas comunidades autónomas más que otras. No responde a una política propia del Estado, hemos de ser conscientes que las competencias sobre universidades las tienen las comunidades autónomas nosotros. Lo que podemos fijar son los criterios sobre los cuales esta creación puede hacerse y lo hemos hecho con el decreto de creación de universidades. De los cinco grandes ámbitos de conocimiento deben desarrollar como mínimo tres, tienen que tener un número básico de doctores, tienen que tener un 5% dedicado a investigación...

Hemos tenido reuniones con universidades privadas como la Universidad de Deusto, de Comillas, la de Navarra, la Ramón Llull... y estas universidades nos han presionado para que en el proyecto de ley, la parte de inversión del 5% en investigación que era solamente para las universidades públicas, la hiciéramos extensible a todas las universidades, porque precisamente querían evitar esa situación. No tenemos capacidad desde el Estado para evitar que se creen universidades privadas. Queremos poner condiciones para que un estudiante cuando se apunta a una universidad sepa que estará encontrando un producto de calidad.

Sobre la desigualdad, es que esto ocurre en muchísimos otros ámbitos de la vida. Lo que nosotros hemos de pretender y este es mi objetivo, es que las públicas sean las de mayor calidad, que siguen siendolo y que sean lo más accesibles posibles desde el punto de vista de matrícula. Lo demás es muy complicado.