La Orden del Ministerio de Universidades era clara, pero se contravino y se trabajó de forma diferente a lo marcado por la norma. Más de 10 millones de euros en ayudas al profesorado destinados a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que no fueron evaluados y repartidos por las personas que se tendrían que haber encargado de ello. Los reglamentos para evitar el conflicto de intereses con la presencia de miembros externos al centro, requisito imprescindible según la orden, se regatearon y evitaron.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) formó comisiones pantalla y no cumplió la orden dictada por el Ministerio de Joan Subirats para el reparto de ayudas europeas para jóvenes docentes y profesorado, según documentación privada a la que Público ha tenido acceso en exclusiva. La UPM recibió de ese fondo para las universidades públicas un total de 10,6 millones de euros.

La Orden UNI/551/2021 publicada por el Ministerio de Universidades para el reparto de estas ayudas indicaba que estas comisiones tendrían que ser formadas mayoritariamente por "miembros externos" a la universidad que convoca la comisión. Y aunque aparentemente la UPM cumplió la ley en este aspecto —aunque intercambió sillones en comisiones de otras universidades públicas de Madrid—, documentación privada a la que ha tenido acceso Público confirma que, por orden de la vicerrectora de Investigación, Innovación y Doctorando de la UMP, Asunción Gómez-Pérez, se formó una comisión interna previa que evaluaba a todos los candidatos para las ayudas. Este periódico ha contactado con la vicerrectora y con la Universidad pero no ha obtenido respuestas a sus preguntas.

Esta comisión, denominada CINV (Comisión de Investigación) se formó exclusivamente con miembros de la Universidad Politécnica de Madrid y tal como reza un documento de trabajo al que este periódico ha tenido acceso, la comisión evaluadora oficial que debería hacer ese trabajo "delega" esa función en la CINV. Además, aunque posteriormente la comisión oficial se encomienda a sí misma la misión de revisar las puntuaciones, estas se publicaron sin modificar las que había puesto la CINV. 

En el punto 3 del documento de trabajo se establece que es tarea de la CINV la "obtención de la valoración de cada candidato admitido de acuerdo a los criterios", tarea que según la orden ministerial correspondía únicamente a la comisión formalmente establecida para ello. 

Esto contradice el punto cinco de la Orden ministerial: "Las comisiones de evaluación se ajustarán al principio de composición equilibrada de ambos sexos. Estarán formadas por, al menos, tres personas docentes o investigadoras de reconocido prestigio. Además, estarán constituidas, mayoritariamente, por miembros externos a la universidad convocante", reza el escrito.

Personal de la UPM conocedor del proceso y del funcionamiento de estas comisiones, asegura que "este procedimiento supone defraudar la ley a través de comisiones pantalla y la vicerrectora y el rector, si ha sido conocedor del proceso, deberían presentar su dimisión". 

Las comisiones

Como ya contara Público en exclusiva, la Universidad Complutense (UCM), la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), la Universidad Politécnica (UPM) y la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) intercambiaron puestos en sus comisiones para este reparto de fondos, que entre todas las universidades ascendía a 50 millones de euros. "Lo han amañado para aparentar una evaluación externa", denunciaban fuentes conocedoras del proceso.

En el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, la comisión estaba formada por Asunción Gómez Pérez Vicerrectora, de Investigación, Innovación y Doctorado de la UPM (en calidad de presidenta); Juan José Vaquero López, vicerrector de Política Científica, de la (UC3M). Francisco J. de la Mata de la Mata, vicerrector de Investigación y Transferencia de la UAH, Féliz Zamora Abanades, vicerrector de Transferencia, Innovación y Cultura de la UAM; Margarita San Andrés Moya, vicerrectora de Investigación y Transferencia de la UCM; Visitación López-Miranda González, vicerrectora de Investigaciónde la URJC; y Fernando García Muiña, vicerrector de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas de la URJC. 

Las ayudas están agrupadas en tres tipos: la ayuda Margarita Salas, pensada para jóvenes doctores; la ayuda para la recualificación, para profesores contratados; y la ayuda María Zambrano, dedicada a la atracción de talento extranjero. En total, se concedieron 126 ayudas en diferentes áreas. 

Al delegar en la CINV todas las tareas de evaluación, se incumple la orden ministerial. Y según los documentos Excel a los que ha tenido acceso Público de evaluación de los candidatos que hizo esta segunda comisión, sus resultados fueron idénticos a los que luego firmó la comisión oficial. 

Además, personal de la Politécnica conocedor del proceso piden a los agentes externos reguladores que entren de lleno en la universidad para dilucidar qué ha ocurrido: "Este tipo de amaños son equivalentes a los que se realizan para la composición de tribunales y ya es hora que se haga luz en los tribunales, en el Ministerio y en la Consejería de universidades para que acaben con estos fraudes universitarios que nos desprestigian a todos", arguyen estas fuentes.