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Violencia de género Juana Rivas se enfrenta a un juicio clave que podría condenarla a prisión e impedirle ejercer la patria potestad

Los abogados de Rivas afirman que poder hablar en el juicio sobre los malos tratos que sufrió Rivas a manos de su expareja, Francesco Arcuri, será determinante en la vista. Defienden que la resolución de esta causa no tiene por qué influir en el juicio que dirime en Italia la custodia de los hijos.

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Juana Rivas, tras recoger a sus hijos en Cagliari, capital de la isla italiana de Cerdeña. EFE

El juicio al que se enfrenta este miércoles Juana Rivas en Granada podría condenarla a cinco años de prisión y a otros seis de inhabilitación para ejercer la patria potestad de sus hijos. Estos son los cargos que piden tanto la acusación particular de su expareja, Francesco Arcuri, como el fiscal del caso. Su delito: haberse venido a España con sus hijos menores de edad en mayo de 2016 y posteriormente haber pasado un mes en paradero desconocido el pasado verano en un intento de impedir que sus hijos fueran entregados a su padre, condenado por malos tratos en 2009 cuando ambos vivían en España y contra el que ella volvió a presentar una denuncia por este motivo en julio de 2016, una vez que estaba en Granada. Por estos hechos, pide que se la condene por dos delitos de sustracción de menores.

Ninguna de estas dos denuncias han sido tenidas en cuenta durante el proceso judicial, que no entró en el hecho de que Rivas manifestara haber huido de Italia por los malos tratos a los que la sometía su expareja. La sentencia del juzgado de primera instancia sólo hace mención al caso de los malos tratos de pasada y llamándola "violencia en el ámbito doméstico" y en el "seno de la pareja", para afirmar que "sin desconocer que esta violencia" ha existido, "no consta que los episodios protagonizados por el padre les afectasen directamente a los menores, todo ello sin desconocer lo negativo que para los menores supone presenciar episodios de violencia en el seno familiar".

Una sentencia posterior de la Audiencia Provincial de Granada reafirmaba los hechos y omitía cualquier referencia los casos de malos tratos denunciados por Juana y sus abogados. Tampoco el escrito del fiscal, en el que pide cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores y seis de inahabilitación de la patria potestad para Rivas, hace ninguna referencia a la violencia de género, a pesar de que la legislación española contempla desde 2015 que los hijos de las víctima de este tipo de violencias son, también víctimas de directas de la misma. 

En todo este proceso, la denuncia que Rivas presentó en Espala en julio de 2016, hace ahora dos años, se ha tenido en cuenta. Tal como denunció un grupo de 70 plataformas feministas, las irregularidades de este proceso han mantenido esta denuncia en un cajón, primero en un juzgado en Granada y desde el pasado mes de noviembre, en un juzgado Italiano, sin que en ningún momento se entrara a investigar su contenido, ni entrara dentro de la causa que se sigue en Italia por la custodia de los niños, ni en la de Granada por el tema de la posible sustracción de menores, que se juzga este miércoles.

La inclusión de las denuncias y la historia de malos tratos que Rivas relata haber vivido con Francesco Arcuri, siguen siendo el meollo de este caso para los abogados de Rivas. Según José Estanislao López, el letrado que la representa en esta causa, "poder demostrar la violencia de género es fundamental para dar sentido a la conducta de Juana" y eso es lo que espera poder hacer en el juicio que tiene lugar este 18 de julio. "Hablar de la violencia de género que sufrió va a ser determinante y esperamos que el juez nos deje exponer el tema con amplitud y libertad. Si no, el caso de Juana se estaría viendo, una vez más, de manera totalmente parcial y sesgado, lo que impide conocer la realidad", añade López.

Un juicio aplazado

Este juicio, que originalmente estaba fijado para el pasado 14 de junio, fue aplazado hasta este miércoles después de una disputa entre el juez que lo va a juzgar, Manuel Pinar, y uno de los abogados del equipo que defiende a Juana Rivas, Juan de Dios. Se había pedido entonces un aplazamiento de la vista, debido a la baja médica de José Estanislao López, abogado elegido por Rivas para representarla en esta causa, aquejado de una herida en un tobillo. De Dios, que se personó en el juzgado para ratificar que no le correspondía ejercer la defensa y que no estaba preparado para ello, volvió a solicitar su aplazamiento hasta que López fuera dado de alta. 

La negativa del Juez a aplazar la vista, acabó con De Dios abandonando el juicio y la apertura de un expediente penal contra él por parte del magistrado. Entonces Pinar dió a Rivas tres días para nombrar un abogado bajo amenaza de buscarle uno de oficio. Rivas argumentó que José Estanislao López sería su abogado, el mismo que quería que la defendiera en primer lugar y, en su defecto, nombraba también a Juan Manuel Pérez, del mismo despacho, por si el estado de salud del primero le impidiera nuevamente su defensa. Según declaraciones de López a Público, este magistrado ha pedido el alta voluntaria para poder defender a Rivas en el juicio de este miércoles.

Un caso plagado de polémicas e irregularidades

El proceso judicial de Rivas ha estado plagado de incidentes y controversias. Saltó a la luz pública a principios de 2017, cuando una sentencia la obligaba a entregar a sus hijos a su expareja en virtud del cumplimiento del tratado de la Haya por sustracción internacional de menores y tuvo su punto álgido en julio y agosto de ese mismo años tras la huida protagonizado por Rivas, en un intento de proteger a sus hijos, según sus propias palabras. Entonces, una campaña recorrió España de norte a sur y de este a oeste, con el lema "Juana está en mi casa", que pedía que la violencia de género que había denunciado la granadina fuera tenida en cuenta en las resoluciones judiciales.

Ante lo que consideraban como ¨múltiples irregularidades" del caso, un grupo de 70 plataformas de organizaciones feministas, presentaron en diciembre pasado sendas quejas ante el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y la Delegación del Gobierno contra la violencia de género exigiendo una investigación en profundidad de los fallos en los que jueces, magistrados y fiscales habían incurrido en este caso, y exigiendo que se depuraran responsabilidades. A raíz de estas quejas, el Defensor del Pueblo abrió una investigación, que arrojó luz sobre algunos aspecto, como lo que había ocurrido con la denuncia por malos tratos que Rivas presentó en Granada contra Arcuri en 2016 y que había estado perdida durante meses, sin que ninguna institución española o italiana, manifestaran conocer su contenido. Gracias a esta actuación, se pudo conocer que la denuncia había llegado a Italia, finalmente a finales de noviembre pasado (más de 14 meses después de haberse presentado), pero que no se había abierto ninguna investigación sobre los hechos que denuncia. 

Un proceso largo si Rivas es condenada.

Los abogados de Rivas no descartan que de este juicio pueda salir una resolución de absolución. Sin embargo, advierten que de ser condenada, aún queda un largo camino por recorrer, comenzando por la Audiencia de Granada, que sería la instancia superior ante la que recurrir. Posteriormente el caso podría volver a ser recurrido el Tribunal Supremo por infracción de ley (en la que se podría haber incurrido por no tener en cuenta los antecedentes de violencia de género del caso), "y siempre existe la posibilidad de pedir amparo al Tribunal Constitucional", afirma López.

"Una posible condena en el juicio que tiene lugar el miércoles", afirma su abogado, "no tiene por qué condicionar la decisión del tribunal italiano en el que se está dirimiendo la custodia de los menores". Según López, la resolución del tribunal de Granada no tiene porque influir en el proceso de Cerdeña, porque no será una condena firme.

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