MADRID.- Durante su Comité Permanente, la asociación de Jueces para la Democracia (JpD) ha reclamado la aprobación de una ley que defina las actuaciones que un gobierno central en funciones puede realizar. 

"La ausencia de límites nítidos sobre las competencias del ejecutivo después de las elecciones y en tanto no se forma nuevo gobierno -asegura JpD- es fuente frecuente de polémicas y actuaciones cuestionadas en tanto que no son las opciones de carácter discrecional o político que adoptaría un hipotético gobierno futuro".

Para acabar con esta inseguridad jurídica, Jueces para la Democracia "considera que debería regularse por ley este conjunto de facultades del gobierno central en funciones e incorporar la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto".

Dentro de las solicitudes recogidas tras su Comité Permanente, JpD propone modificar el delito fiscal, "ante la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación en cómputo anual necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico (120 mil euros o 50 mil para fondos comunitarios), para proceder a una bajada sensible de esta cuantía". Todo ello, aseguran, "teniendo en cuenta que la cuantía para la consideración de delito menos grave de hurto está cifrada en tan sólo 400 euros".

JpD también se ha servido del Comité Permanente para "hacer un llamamiento a toda la sociedad española sobre el tremendo" drama humano que viven los refugiados. Esta asociación de jueces insta "a todos las instituciones del Estado a que se impliquen seriamente". Del mismo modo, Jueces para la Democracia "va a iniciar gestiones con las asociaciones judiciales de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para remedir la inadmisible situación" de miles de refugiados.

Otro acuerdos resultantes del Comité es la derogación de la Ley 2/2013, de modificación de la Ley 22/1988 (coloquialmente conocida como Ley de Costas). Según JpD "la modificación redujo injustificadamente el ámbito de protección de la superficie que debía conformar el dominio público marítimo terrestre, además de reducir la franja de protección del litoral".

Por último, JpD ha abordado en el Comité la limitación de responsabilidad por daños causados por hidrocarburos transportados por mar. Esta agrupación de jueces "propone que el Parlamento español denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluído el ambiental".

"En tanto esto no se logra -prosigue JpD- se propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Act norteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento".