El Juzgado de Instrucción número 9 de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por el incendio del edificio del barrio de Campanar. El fuego calcinó dos bloques de viviendas el pasado 22 de febrero y dejó diez víctimas mortales. El magistrado considera que las primeras investigaciones permiten descartar el origen criminal o delictivo del foco. 

La decisión se ha tomado después de que la Brigada de la Policía Judicial de València del Cuerpo Nacional de Policía confirmase que no había indicios de que el fuego fuese intencionado. El juzgado, a la vista de esta información, ha acordado provisionalmente archivar la investigación, a la espera de que concluyan las actuaciones policiales pertinentes.

Una vez recibidos los informes de la Policía Científica, Judicial y de Homicidio, que descartan una "etiología criminal o delictiva", el instructor acuerda el sobreseimiento provisional. Es decir, la investigación puede retomarse en cualquier momento si existen nuevos elementos que apuntan a responsabilidades penales. El juez también ha autorizado el acceso al edificio siniestrado de los peritos de las compañías aseguradoras, aunque solo podrán personarse en los inmuebles bajo supervisión policial.

Esta autorización pretende agilizar las gestiones oportunas para indemnizar a los vecinos afectados lo más rápido posible. El trabajo de las aseguradoras no interfiere en las investigaciones policiales. El juez también ha levantado el secreto de sumario que dictó el primer día "vista la gran repercusión que este luctuoso acontecimiento" generó en la sociedad. 

El magistrado destaca la "gravedad aún desconocida" del incendio en ese momento, aunque ya se preveían grandes "consecuencias", según consta el auto de archivo. Asimismo resalta la labor de los intervinientes para identificar a las víctimas mortales y para devolver los objetos personales que llevaran y facilitar, así los entierros. 

Puesto que no existen indicios, hasta el momento, que demuestren que haya sido una persona la que provocó el incendio, tendría que declararse como un hecho "fortuito" dentro del ámbito de la responsabilidad civil. El juez ha rematado alegando que las causas finales tendrán que ser "oportunamente resultas fuera de este ámbito jurisdiccional penal". 

El incendio se originó sobre las 17.30 horas del pasado 22 de febrero en el apartamento 86 de uno de los edificios calcinados. Los dos bloques sumaban un total de 138 inmuebles que fueron arrasados por el fuego. El incidente se saldó con diez fallecidos y 15 heridos, entre ellos, siete bomberos. Más de 450 vecinos residían en el complejo, que fue levantado durante la época del boom inmobiliario por una promotora que posteriormente quebró.