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Un juez cita a declarar al exconsejero de Madrid y al alto cargo que firmó los protocolos de las residencias 

Los dos testigos tendrán que comparecer en marzo de 2023 en el marco de la investigación judicial abierta tras las querellas presentadas por Marea de Residencias contra el centro DomusVi Albufera de Madrid.

Alberto Reyero
El exconsejero de Políticas Sociales, Igualdad y Natalidad de Madrid, Alberto Reyero. Jesús Hellín / EUROPA PRESS

El Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid ha citado a declarar como testigos al exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero y al exdirector general de coordinación sociosanitaria Carlos Mur en relación a los protocolos para no derivar a ancianos de residencias a hospitales en la primera ola de la pandemia de la covid-19.

Según la citación, los testigos están llamados a comparecer el próximo 23 de marzo en el marco del procedimiento que investiga tres querellas presentadas por Marea de Residencias contra la residencia DomusVi Albufera de Madrid por la muerte de tres ancianas.

Alberto Reyero, durante la presentación de su libro Murieron de forma indigna, dijo, el pasado 4 de octubre, que en los primeros compases de la pandemia no fue convocado a una reunión el 11 de marzo de 2020 con miembros del Gobierno como Javier Fernández-Lasquetty y Antonio Burgueño. En ella se tomaron una serie de medidas, entre ellas la medicalización de residencias.

"Al día siguiente se creó el protocolo. El primer protocolo fue el día 18", ha destacado. Reyero señaló que comprobó los detalles de ese protocolo el 21 de marzo. "Las consecuencias de esos protocolos fueron terribles. Nadie merecía morir en estas circunstancias. En el mejor de los casos, les dieron morfina y sedación. Es algo que me duele o que siempre me dolerá", afirmó.

En la comisión de investigación sobre Residencias y covid-19 en la Asamblea de Madrid, Mur afirmó que miembros de las Consejerías de Sanidad y de Políticas Sociales conocían y "participaron desde el principio" en la redacción de los protocolos geriátricos que él firmó y envió a ambos departamentos regionales.

En estos documentos se fijaban criterios para no derivar a determinados residentes enfermos de covid-19 con dependencia o discapacidades a hospitales durante el punto más álgido de la pandemia.

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