El juez imputa al arzobispo de Zaragoza por el espionaje a una notaria

@e_bayona

ZARAGOZA. - El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, ha sido imputado como presunto autor de un delito de revelación de secretos relacionado con el supuesto episodio de espionaje del que fue víctima una notaria de uno de los tribunales canónicos de la curia episcopal.

El prelado tendrá que declarar como investigado el próximo 3 de marzo ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza, que también ha citado para ese día como imputado al ecónomo del arzobispado, Ernesto Meléndez, además de al perito J. P. G.

La orden del juez, que dos días antes ofrecerá formalmente el derecho a ejercer la acusación a las presuntas víctimas, la notaria M. G. A. C. y el exvicario judicial R. F. S., se produce tras recibir un informe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que apunta indicios de la implicación de los encartados en el episodio de supuesto espionaje.

La denuncia de M. C. A. G. relata cómo del disco duro del ordenador con el que ella trabajaba en la curia fueron extraídos, entre otros contenidos, algunas conversaciones de su cuenta personal de mensajería de Whatsapp localizadas en la aplicación de escritorio.

Esas conversaciones, en particular las mantenidas con otros religiosos, fueron posteriormente aportadas por los responsables del arzobispado a la causa abierta contra la notaria en la vía canónica, algo que, según la denuncia, podría suponer un delito de revelación de secretos. El Código Penal contempla castigos de hasta siete años de prisión para quienes cometen un delito de ese tipo agravado por motivos ideológicos o de creencias.

La legislación permite a las empresas el control de algunas de las aplicaciones telemáticas de los ordenadores con los que trabajan sus empleados, incluido el correo electrónico y otros sistemas de mensajería, aunque la supervisión no puede afectar a los mensajes personales y, en cualquier caso, su vigilancia requiere que el afectado haya sido previamente advertido de que esta va a producirse.

La extracción de las conversaciones se produjo después de que la notaria, a la que la actual curia vincula con el proceso que llevó al Vaticano a destituir al antecesor de Jiménez, Manuel Ureña, fuera despedida de manera improcedente.

El despido provocó la inmediata dimisión de sus cargos de R. F. S. y de A. M. A., exdirector del seminario diocesano y exrepresentante de la archidiócesis en la CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada), una de las entidades rescatadas en el proceso de reestructuración bancaria y en cuya operativa detectó usos poco ortodoxos y una “pauta de silencio corporativo” una comisión de investigación de las Cortes de Aragón.

Según algunas informaciones periodísticas, la actual curia acusa a los tres de haber organizado un grupo de presión para verter calumnias y difamaciones contra la iglesia zaragozana.

Lo cierto es que el cese de Ureña se produjo en noviembre de 2014, después de que varios obispos remitieran a Roma informes que cuestionaban su gestión en el arzobispado, en el que en los últimos años se dieron episodios como la indemnización de 60.000 euros libres de impuestos  a un diácono que no llegó a ser ordenado, la presencia de curas extranjeros que en realidad no lo eran y una supuesta actitud tolerante con presuntas prácticas homosexuales entre los sacerdotes.

Fue un capítulo más de la guerra de poder que desde hace décadas mantienen en la iglesia zaragozana los sectores aperturistas, que incluyen organizaciones de cristianos de base que se aglutinan en torno a la figura del emérito Elías Yanes, y el grupo conservador que se articula en torno al Opus Dei y en el que estaba alineado Ureña.

La purga de religiosos y empleados afines y críticos con Ureña que emprendió Jiménez nada más relevarle agitó de nuevo unas aguas que no se habían llegado a calmar.