El juez suspende por razones sanitarias la deportación del boliviano enfermo tras un mes encerrado en el CIE de València

El Juzgado de Primera Instancia número 28 de València dictó el pasado viernes la suspensión cautelar de la orden de expulsión de G. L., un boliviano de 68 años y con patologías crónicas que lleva un mes encerrado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (València) pese a su delicado estado de salud.

El hombre, que padece VIH y la enfermedad de Chagas, vio interrumpido su tratamiento, complejo y administrado nominalmente a través de la Organización Mundial de la Salud, lo que había provocado un grave deterioro de su situación clínica y un cuadro ansioso depresivo, según denunció la pasada semana la Campaña CIE No de València.

Intento de acelerar la expulsión

La fecha de su deportación fue fijada el día que se denunció públicamente el caso y estaba prevista para el 4 de diciembre. Sin embargo, esta fue adelantada diez días –al 24 de noviembre– tras una visita al CIE de Alberto Ibáñez, diputado de Compromís-Sumar en el Congreso, e Isaura Navarro, diputada de Compromís en Les Corts, que también denunciaron el caso y exigieron su puesta en libertad.

El abogado de G. L. solicitó la suspensión cautelarísima el pasado jueves, víspera de la deportación, alegando razones sanitarias, su situación administrativa irregular por causas sobrevenidas y el arraigo social y familiar del afectado. G. L. vive en Madrid desde hace dos décadas y buena parte de ese tiempo contó con permiso de residencia y trabajo.

El hombre cayó en la irregularidad de manera sobrevenida tras cumplir 65 años y no poder acreditar ingresos económicos suficientes requeridos por la ley de Extranjería. Sin embargo, toda su familia reside con él en Madrid de forma regular.

El juez admitió el recurso y ordenó la suspensión cautelar de la expulsión. La Abogacía del Estado tiene tres días hábiles de plazo para recurrir esta decisión y, según fuentes jurídicas conocedoras del caso, por el momento no ha presentado alegaciones. Este miércoles, si no hay respuesta, automáticamente debería decretarse la puesta en libertad de G. L.

Internamiento contrario a los protocolos

La Campaña CIE No de València denunció que la Policía solicitó al juzgado su ingreso en el CIE para proceder a su expulsión tras un control identificativo rutinario en el que comprobaron que estaba en situación irregular.

Sin embargo, la Policía no siguió sus propios reglamentos, que establecen en la Circular 6/14 del Ministerio del Interior, que antes de solicitar al juez el internamiento en un CIE deben analizarse diferentes factores de riesgo para el afectado. Entre ellos, su situación sanitaria, su arraigo social y familiar, su edad y otros elementos que pudieran generar consecuencias indeseadas durante el proceso de reclusión o tras la propia deportación.

Según los activistas que han prestado acompañamiento al G. L. en el CIE de València, su cuadro ansioso y depresivo, derivado del internamiento y su posible expulsión del país, se ha agravado. Su tratamiento para dos enfermedades crónicas y de riesgo elevado sigue interrumpido y él continúa privado de libertad sin cometer ningún delito, más allá de la falta administrativa que supone estar en situación irregular en España.

La plataforma contra los CIE había alertado de que la coinfección con VIH y Chagas era "una asociación grave que para su tratamiento y manejo adecuado requiere de un Servicio Médico en el que existan especialistas en enfermedades infecciosas y parasitarias y se pueda procurar un tratamiento especializado", algo que no sucede en el limitado servicio médico de los CIE.

Tras consultar con el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que hacía seguimiento a G. L. desde hace más de una década, se recomendó su puesta en libertad a la mayor brevedad.

La única respuesta que el Ministerio del Interior ha facilitado a Público sobre este caso justificaba el internamiento y la expulsión del G. L. por "los criterios que fueron valorados y motivados por la autoridad judicial a la hora de ordenar el ingreso en CIE".