Estafa en ZaragozaUn juicio por desfalco cierra la 'guerra de las sotanas' de Zaragoza

Un juicio por un presunto desfalco ha trasladado a los juzgados ordinarios la ‘guerra de las sotanas’ que lleva un lustro sacudiendo la iglesia aragonesa y que, hasta la fecha, ya ha conllevado la imputación de dos arzobispos, Vicente Jiménez y Juan José Omella, el primero exonerado y al borde de la jubilación y el segundo ascendido a cardenal y actualmente bajo investigación.

La crisis se remonta a un lustro atrás, cuando la sorpresiva salida del arzobispado de Zaragoza de Manuel Ureña en noviembre de 2014 fue precedida de una versión oficial con agujeros. Había renunciado al cargo por motivos de salud, dijo, en la misma comparecencia en la que dejaba estas palabras: “Estoy espiritualmente muy fuerte, que es lo importante, y físicamente no me encuentro mal", según recogía Heraldo. No era una cuestión de salud.

Apenas dos semanas después comenzaban a trascender algunos episodios de la vida interna del arzobispado que habían estado detrás de esa supuesta renuncia al cargo que, en realidad, había sido un cese fulminante ordenado por Roma.

Por una parte, la diócesis había pagado 105.000 euros (60.000 más 45.000 para impuestos) a Daniel Peruga, un joven diácono que acusaba al cura de Épila (Zaragoza) de haber abusado sexualmente de él, para que rehiciera su vida tras renunciar a su carrera eclesiástica y a la ordenación para la que se estaba preparando. Miguel Ángel Barco era uno de los sacerdotes de confianza de Ureña, de quien había sido secretario en la diócesis de Alcalá.

Poco antes, una comisión de investigación de las Cortes de Aragón había dictaminado que la gestión de la CAI (Caja de Ahorros de la Inmaculada), absorbida posteriormente por Ibercaja e históricamente tutelada por el arzobispado, incluía una “pauta de silencio corporativo” con la que “cualquier iniciativa de denuncia se pierde por la burocracia y por el alto nivel de jerarquía existente en los procesos”.

Y, seguidamente, comenzaban a aflorar otros asuntos que hasta la fecha no habían traspasado los muros diocesanos, como la aparente existencia de un lobby de sacerdotes de origen colombiano que iba acumulando poder; la presencia de un falso cura, también del círculo de confianza de Ureña, que llegó a ejercer más de dos años como promotor de justicia (equivalente al fiscal) en un tribunal eclesiástico y que seleccionaba seminaristas en aquel país, y, también, las sospechas de Roma acerca de una presunta tolerancia del arzobispo con las prácticas homosexuales que fue lo que, finalmente, inclinó al Vaticano a ordenar su cese fulminante, cinco años antes de alcanzar la edad de jubilación y sin mantenerlo como administrador apostólico hasta la designación de su sucesor.

Doce denuncias ante Roma

Esas informaciones comenzaron a llegar a Roma ya durante el papado de Ratzinger, aunque la decisión no fue tomada hasta su relevo por Francisco. Para entonces, el Vaticano acumulaba una docena de denuncias sobre distintos asuntos firmadas por altos cargos y empleados del arzobispado, por obispos de otras diócesis aragonesas y por algún religioso de peso en la estructura religiosa española.

Las tensiones entre los dos sectores en los que la iglesia zaragozana comenzó a dividirse poco después de que Ureña, de tendencia conservadora (fue el mitrado favorito de José María Aznar, que intentó promocionarlo como cardenal de Barcelona) y afín a entidades como el Opus Dei, relevara en 2005 a Elías Yanes, alineado en el sector ‘progresista’ y cercano a ordenes como los jesuitas y a grupos como los cristianos de base, habían derivado en un enfrentamiento abierto que, por lo pronto, se había llevado por delante a Ureña como arzobispo.

La Audiencia de Zaragoza archivó el caso, cuya eventual reactivación está en manos del Constitucional

Este fue relevado por Vicente Jiménez, que ahora se encuentra en situación de interinidad por haber cumplido los 75 años que marcan la edad de retirada, pero cuyo equipo ha acometido , en estos cinco años sendas purgas contra ambos bandos. Por una parte, cesando y dejando sin destino a varios curas reclutados por el fiscal que no era sacerdote y renovando la dirección del seminario, que en 2008 llegó a ser escenario de una pelea con armas blancas de tintes pasionales. Por otra, despidiendo a empleados afines al sector de Yanes como la exnotaria judicial Carmen Amador y llevándola, junto con el exvicario judicial Roberto Ferrer y el teólogo Antonio Mas, ante el tribunal de La Rota, donde fueron acusados de manipular información interna y de organizar en la diócesis un lobby de presión al que habrían atraído a Yanes, fallecido hace unos meses.

El cese de Amador abrió varios pleitos. Uno, en lo social, donde el arzobispado admitió que su despido había sido improcedente; y otro en lo penal, jurisdicción en la que Jiménez llegó a ser imputado por revelación de secretos tras las pesquisas de la Policía. Admitió que había ordenado investigar el contenido de la copia de Iphone de la notaria que había quedado grabado en el ordenador en el que trabajaba. La Audiencia de Zaragoza archivó el caso, cuya eventual reactivación está en manos del Constitucional, que tiene sobre la mesa un recurso de amparo de la denunciante.

El último episodio judicial

Esta y Ferrer se sentaron este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza para hacer frente, en una vista en la que la magistrada vetó el interrogatorio de Jiménez, a una acusación de apropiación indebida por la que la Fiscalía pide dos años de prisión para cada uno de ellos y el arzobispado, 21 meses. Sus defensas reclaman la absolución.

Es el último fleco judicial de la ‘guerra de las sotanas’ junto con la causa por falsedad en la que el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona investiga si Omella ocultó a Roma información clave en el proceso canónico que acabó con la expulsión de la iglesia del cura de Épila, acusado de haberse saltado el celibato y ser padre de una niña. Él lo niega, como el cardenal negó el viernes ante la jueza los hechos que le imputa.

El juicio se centra en el cobro, en 2015, de once cheques al portador que suman 3.360 euros

El juicio se centra en el cobro, en 2015, de once cheques al portador que suman 3.360 euros y cuyo valor correspondía a los peritajes de un psicólogo que, al alcanzar la edad de jubilación y para abaratar el coste de los procesos de nulidad matrimonial, había decidió dejar de cobrar por su trabajo.

Ferrer declaró que había optado por seguir facturando los trabajos a todos los litigantes para evitar agravios, ya que el resto de peritos seguía cobrando, y por utilizar ese dinero para cubrir gastos del tribunal, como comidas de representación, cursos de formación y material, aunque también facturas de la luz y del piso de una familia, hasta que los obispos tomaran una decisión sobre cómo actuar. El perito, P. H. C., aseguró que “le decía que ni hablar” de “dedicar el dinero a otras cosas”, mientras los dos acusados insistían en que no se habían apropiado de ningún dinero.

La vista oral del juicio, que llega después de que La Rota descartara que Ferrer y Amador hubieran cometido una malversación de fondos, puso de manifiesto algunas peculiaridades sobre la contabilidad en el tribunal interdiocesano: el libro de cuentas no está sellado ni diligenciado, el encargado de llevar las cuentas no comprueba los conceptos de ingresos y de gastos que le comunican sus compañeros y/o superiores, esto le entregan facturas ni tickets y, por último, peritos y abogados reciben cheques al portador para cobrar sus servicios.