El juicio que se sigue en la Audiencia de Navarra contra cinco jóvenes andaluces, que se hacen llamar La Manada, por la presunta violación en grupo a una chica madrileña en los sanfermines del año pasado entra hoy en su fase final con la lectura de las conclusiones.

Después de nueve sesiones, todas ellas a puerta cerrada para preservar la intimidad de la denunciante y evitar una "indeseada" e "indeseable" exposición de los acusados, la Sección Segunda de la Audiencia ha decidido abrir la sala para la presentación de conclusiones.

Podrán acceder 24 ciudadanos y 46 periodistas, que escucharán a las cuatro acusaciones personadas: Fiscalía, acusación particular y acusaciones populares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Las penas solicitadas oscilan entre los 22 años y 10 meses que pide el Ministerio Público por un delito continuado de agresión sexual, otro contra la intimidad y un tercero por robo con violencia, hasta los 25 años y 9 meses que reclama el Ejecutivo foral, a lo que hay que añadir una indemnización para la joven de 250.000 euros en todos los casos, salvo la Fiscalía, que pide 100.000. 

El martes está previsto que presenten sus conclusiones las defensas, tres letrados que pedirán la absolución de sus clientes por todos los cargos, excepto por el robo del móvil de la joven que ha admitido uno de ellos, un guardia civil que dijo haberlo sustraído por "avaricia".

De hecho, salvo por este robo, el pasado día 22 los cinco se declararon ante el tribunal "inocentes" de los cargos que les imputan, mientras que en las jornadas siguientes sus defensas han asegurado en todo momento que las relaciones fueron consentidas y en su opinión así lo acreditan entre otros elementos las imágenes que los propios procesados grabaron.

Una versión que no comparte el abogado de la joven, que calificó las imágenes de "repugnantes", ni tampoco los policías que han analizado las imágenes y el sonidos de los vídeos y que en sus informes hablan de la "humillación" de la chica, el tono "imperativo" de los procesados o una actitud "pasiva" por parte de la joven.

Esta opinión sería compatible con el shock en el que la denunciante dijo haber entrado ante la situación, en la que no opuso resistencia por la superioridad física y numérica de los acusados. El criterio de los policías encajaría también con la opinión de las técnicas municipales que asistieron a la denunciante en un primer momento, cuando estaba "desconsolada", y con el estrés postraumático que apreciaron las psicólogas forenses cuando la evaluaron ya en octubre.

Como prueba constaba además un informe encargado a unos detectives privados por el abogado de un militar imputado en la presunta violación y que recoge un seguimiento hecho a la víctima en las redes sociales. Sin embargo, la defensa renunció finalmente a que declarasen los detectives.