Juicio PolopLa acusación dice que la ambición del sucesor del alcalde de Polop motivó el asesinato de Alejandro Ponsoda

El abogado de la acusación particular por la familia de Alejandro Ponsoda en el juicio sobre su asesinato, Vicente Guerri, ha sostenido que el crimen estuvo motivado por "la ambición personal de Juan Cano", su sucesor en la alcaldía y al que se cree el presunto cabecilla de la trama.

Antes del inicio del juicio a las puertas de la Audiencia Provincial de Alicante, el letrado también ha apuntado a la obsesión que los acusados sentían respecto al alcalde de Polop y ha incidido en que Cano pudo urdir la muerte de Ponsoda "por cuestiones urbanísticas".

Ha recordado que Cano quedó apeado de las listas electorales en las municipales de 2003 "a raíz de unas grabaciones sobre unos presuntos sobornos" y ha incidido en que su objetivo era volver al Ayuntamiento.

El abogado se ha referido a la supuesta motivación del empresario Salvador G.R. para participar en la trama, sobre quien ha sostenido que "decía que (Ponsoda) quería cerrarle un negocio que tenía, en el que había invertido y que perdía mucho dinero".

Guerri ha señalado que su posición será similar a la defendida por la Fiscalía, sobre la base de los testimonios recabados en sede judicial durante la instrucción de la causa.

La postura de la acusación será será similar a la defendida por la Fiscalía

En relación a las negaciones sobre el relato de los hechos mantenida por los acusados, el letrado de la acusación ha insistido en que "existen muchas contradicciones entre todos ellos", hasta el punto de que "entre ellos mismos se acusan".

Por último, ha manifestado que la familia de Ponsoda "se encuentra bien", "tranquila" y "con ganas de que esto acabe". El juicio se dirige contra siete acusados: el referido Juan Cano, Salvador G.R., el propietario y el gerente del club de alterne Mesalina y los tres presuntos sicarios contratados para disparar a Ponsoda (Raul M., Radim R, y Robert F).

Los acusados ven un "fabulador" al testigo protegido

Los acusados de matar en 2007 al alcalde de Polop de la Marina han coincidido en descalificar el testimonio del testigo protegido que les incrimina, al que ven como un "fabulador" que, no obstante, sirvió para "desatascar" una investigación policial que no avanzaba por la falta de resultados.

A través de sus escritos de defensa, así lo han trasladado al jurado popular que les enjuicia desde este martes y durante las tres próximas semanas en la Audiencia Provincial de Alicante los siete acusados del asesinato de Alejandro Ponsoda cometido el 19 de octubre de 2007: cuatro como cabecillas e inductores y tres como autores materiales de los disparos.

El considerado por la fiscalía como principal inductor, el sustituto del fallecido en la alcaldía, Juan Cano, ha señalado que la víctima había estado en una sauna de Benidorm en la tarde del homicidio y también que padecía la enfermedad del Sida y la sífilis.

No obstante, ha repetido que "no es cierto" que sintiera hacia él "animadversión o rencor" alguno y ha recalcado que en los últimos años había colaborado con él tanto en el ayuntamiento, como su primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, como en el PP local.

También ha rechazado, tal y como sostiene la Fiscalía, que su supuesta enemistad se hubiera fraguado en 2003 cuando quedó relegado en la lista electoral, con el argumento de que en aquella decisión no tuvo participación Ponsoda sino la dirección provincial del partido, y ha añadido que el equívoco que le postergó en esa candidatura se subsanó en las elecciones de 2007 al situarle como número dos del alcalde.

Del mismo modo, Cano ha subrayado que no tuvo relación con el resto de acusados y que solo conocía mínimamente al empresario Salvador R.G. por ser vecino de la población.

En su escrito, este empresario ha acusado al testigo protegido de "fabulador" y de "infinidad de contradicciones" antes de opinar que su testimonio llegó tras dos años de investigación policial sin resultados.

En este "escenario inadmisible para quien resuelve un asesinato" apareció, ha proseguido Salvador R.G., este "conocido confidente de otros cuerpos de policía" que ofreció "una solución engañosa" que dio unos "cabezas de turco para justificar la investigación que no había sabido aclarar el asesinato de todo un alcalde".

El escrito del gerente del club de alterne Mesalina, donde supuestamente se gestó el crimen, Ariel Alberto G., ha señalado que este testigo "con múltiples antecedentes" y "conocido por sus trapicheos" les ha implicado falsamente pese a su "nula credibilidad" dentro de una "fábula bien inventada".

La fiscal da credibilidad al testigo protegido

Entre las falsedades que, según su visión, ha ofrecido ha citado que dice que escuchó cómo se fraguaba el crimen en 2007 cuando, según se demuestra por su vida laboral, este testigo no empezó a trabajar en el Mesalina hasta julio de 2008.

Uno de los supuestos sicarios, Raúl M., ha dicho que el testigo ha vertido "mentiras en su declaración a cambio de muchos beneficios" y ha destacado que la investigación no halló ni las armas utilizadas ni huellas dactilares que incriminen a los acusados.

Los otros dos presuntos sicarios, los checos Robert F. y Radim R., han desmentido su implicación y han coincidido en que nunca han disparado ni estado en el lugar de los hechos, la pedanía de Xirles donde vivía el alcalde de Polop.

Pese a estos testimonios exculpatorios, la fiscal ha insistido en dar credibilidad en la declaración del testigo protegido, que en el momento de los hechos se dedicaba a cobrar deudas.

Ante el jurado popular, ha asegurado que el testigo protegido no ha ganado nada por su declaración sino que simplemente se ha acogido a los beneficios que recoge la ley para los testimonios que son susceptibles de amenazas, y ha indicado que el testigo ha sido amenazado por su colaboración con los investigadores y que, incluso, ha tenido que "rehacer" su vida fuera de su localidad de residencia, Benidorm.

La Fiscalía pide para todos los acusados penas de 25 años de prisión por un delito de asesinato y para los tres sicarios solicita dos años adicionales por tenencia ilícita de armas.