BARCELONA.- Centenares de personas se han concentrado ese sábado frente al CIE de Zona Franca, Barcelona, para exigir el cierre definitivo del centro de internamiento de extranjeros, cerrado por obras desde el pasado mes de octubre. Durante la protesta, se ha realizado un juicio popular para pedir al Ministerio del Interior y al gobierno del Estado, aún en funciones, la clausura de un centro en el que se han vulnerado los derechos humanos de los internos a lo largo de una década.

La protesta pretende evitar la reapertura el próximo mes de marzo, cuando se calcula que finalizarán las obras de mejora de las instalaciones.

“Es responsabilidad de la ciudadanía rechazar un espacio que vulnera de forma sistemática los derechos humanos”, ha defendido Alba Cuevas, portavoz de SOS Racismo Catalunya, durante el acto. La representante de una de las decenas de entidades sociales que apoyan el cierre, aglutinadas en la campaña “Tanquem els CIE's”, ha defendido la organización de una acción popular puesto que “el sistema judicial no responde como debería”. Asimismo, la jornada se ha desarrollado como un juicio simbólico, con la participación de portavoces de entidades judiciales y en defensa de los derechos humanos, en el que los asistentes juzgaban a la institución competente del centro: el Ministerio del Interior. Durante el proceso, varios testimonios anteriormente internados en el centro han dado cuenta de las condiciones insalubres, el maltrato policial, el desgaste psicológico y el desprecio sufrido.

Representantes políticos de formaciones de la izquierda catalana, tanto locales como nacionales, se han personado en la manifestación para recordar el apoyo institucional a la clausura. Joan Tardà y Oriol Amorós, de ERC; Gerardo Pisarello y Jaume Asens, de Bcomú; Gabriela Serra, de la CUP; Lluís Rabell, de CSQEP; Ernest Urtasun, de ICV; entre otros. Tanto el Ayuntamiento de Barcelona como la Generalitat de Catalunya han aprobado resoluciones para cerrar este centro de internamiento de inmigrantes, en el que se han reportado judicialmente maltratos, torturas e incluso se han producido tres muertes.

Marc Serra, de “Tanquem els CIE's”, ha recordado que “las dos principales instituciones catalanas se han posicionado de forma clara, contundente e inequívoca para que este centro no vuelva a abrir sus puertas”. “En materia de vulneración de derechos humanos toda administración es competente. Pedimos que las resoluciones aprobadas en Catalunya hagan la máxima presión institucional para que se acaben ejecutando”, ha insistido.

Gerardo Pisarello, teniente de alcalde del Ayuntamiento, ha explicado a Público que el compromiso del gobierno de Barcelona es acabar con los espacios en los que se violan los derechos de las personas más vulnerables, como el colectivo migrante. “Desde el Ayuntamiento defendemos que Barcelona sea una ciudad de acogida y eso es incompatible con la existencia del CIE. Haremos lo posible para que no se vuelva a abrir y por garantizar los derechos de los inmigrantes como el resto de vecinos de la ciudad”, ha expresado. En referencia a un respaldo estatal, ha considerado que “cualquier gobierno del cambio tendría que tener el cierre de estos centros -existen ocho en toda España- como una prioridad”.

El abogado y miembro de Iridia, Andrés García Berrio, ha querido alertar al próximo gobierno del Estado para que “se respete lo que se ha decidido en Catalunya” y ha asegurado que el cierre del CIE de Barcelona puede provocar “un efecto dominó” para la clausura de los demás espacios en el resto del país y en Europa.

El abogado ha insistido sobre la necesidad de revisar la política migratoria española y europea que legitima estos centros -impulsada hace tres décadas por el partido socialista-, y que tiene como consecuencia más dramática la muerte de miles de personas migrantes en suelo europeo.