El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a dar la razón al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en su pulso contra Airbnb y sus anuncios de pisos turísticos, avalando por segunda vez la retirada masiva de miles de ofertas que no cumplían con la normativa vigente. 

La medida, que afecta a 34.728 anuncios, se suma a otra resolución previa que obligó a eliminar 5.800 anuncios, y a una tercera que contemplaba el resto, completando un total de 65.000 publicaciones que la multinacional acabó retirando en julio de 2024, tras recibir las resoluciones y la confirmación judicial.

El conflicto surgió cuando la Dirección General de Consumo detectó que muchos anuncios no incluían el número de licencia exigido por diversas normativas autonómicas, algunos incorporaban números incorrectos que podían inducir a error a los usuarios, y que en la mayoría no se especificaba la naturaleza jurídica de los arrendadores. Estos tres puntos son información esencial para determinar si quien contrata estaba protegido como consumidor. 

Ante estas irregularidades, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy dictó medidas cautelares para proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del mercado, pero Airbnb recurrió, provocando que el caso llegara nuevamente al TSJM, que ha desestimado los recursos y reafirmado la legalidad de las actuaciones de Consumo.

Según explica el Ministerio estas medidas responden al compromiso del Bustinduy de abordar la crisis de la vivienda en España. "Hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares", ha manifestado el ministro, al tiempo que ha señalado que "ninguna empresa en España, por grande que sea, puede estar por encima de la ley".