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El ladrón confeso del Códice Calixtino niega ahora haber visto
nunca el manuscrito

El electricista Manuel Fernández Castiñeiras no recuerda tampoco haber confesado el robo y acusa al juez Taín de haberse "burlado" de él. Dice que los casi dos millones de euros en metálico hallados en su casa son fruto del trabajo.

Señal de televisión de la declaración de Manuel Fernández Castiñeiras. /EFE

AGENCIAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El electricista Manuel Fernández Castiñeiras, acusado de robar el Códice Calixtino, ha roto su silencio en la segunda sesión del juicio oral y ha comentado que no recuerda haber confesado ante el instructor José Antonio Vázquez Taín que él fuese el autor de la sustracción de esta joya literaria. Es más, Fernández Castiñeiras ha negado haber visto nunca el manuscrito custodiado en la Catedral de Santiago y que se sintió "maltratado" por el juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, que "se burló" de él.

A preguntas de su abogada, tras negarse a responder a las cuestiones de la Fiscalía y la acusación, Fernández Castiñeiras ha asegurado no recordar lo que dijo al juez instructor durante la declaración en la que confesó ser el autor del Códice y que habló porque le dijeron que "si no declaraba meterían" a su mujer e hijo "en prisión". "No declaré libre. Me sentí maltratado. El juez se burló de mí", ha insistido, tras lo que se le ha mostrado la grabación del día en el que él mismo se delató.

Visionado de su confesión

Cabizbajo, ha tenido que ver y escuchar cómo en su primera confesión ante el juez en 2012 indicó que se había llevado el valioso manuscrito para que "no se estropease" y que el mecanismo para hacerse con él le resultó muy sencillo, porque "vi la puerta abierta, aproveché la ocasión y lo cogí" del lugar de la Catedral en el que estaba custodiado.

El acusado, el primero en declarar este martes, ha afirmado este martes que se enteró por la Policía de que habían encontrado el Códice en un garaje de su propiedad y, ante la pregunta de si había visto alguna vez este manuscrito medieval ha respondido que "no".

"Venía de tomar un café y me detuvieron junto a la Catedral, me metieron en un coche y me llevaron a Milladoiro. Esperamos allí que llegara el juez, que me mandó abrir la puerta y entraron todos", ha explicado el acusado a su abogada en una declaración que duró menos de diez minutos, para continuar señalando que ningún abogado ni "nadie" fue a hablar con él para explicarle la situación.

Procedencia de 1,7 millones

Preguntado por los 1,7 millones de euros en metálico localizados en sus propiedades cuando fue arrestado, Fernández Castiñeiras ha asegurado que proceden de los ingresos que él obtenía por su trabajo como electricista. Castiñeiras ha respondido a su abogada que en el templo le "pagaban en mano", siempre en efectivo, y el dinero lo llevaba a su domicilio. Y ha indicado que a veces le daba parte a "gente necesitada".

Nulas las grabaciones en su casa

El presidente del tribunal que juzga el robo, Ángel Pantín, aceptó una de las peticiones de la defensa y declaró nulas las pruebas obtenidas mediante los micrófonos instalados en la casa de Fernández Castiñeiras. El juez instructor José Antonio Vázquez Taín definió esta vía como "excepcional", en un auto que dictó el 28 de mayo de 2012, pero observó que era útil, adecuada, justificada y necesaria, toda vez que los pinchazos telefónicos habían resultado infructuosos, y con la confianza de que este operario, que trabajó en calidad de autónomo para la Catedral de Santiago, se relajase en el ámbito familiar.

Acusado de dos delitos de robo y otro de blanqueo

El ladrón confeso del Códice, que estuvo interno en el penal de Teixeiro (A Coruña) desde julio de 2012 hasta enero de 2013, está acusado de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado; de un delito contra la intimidad y de otro de blanqueo de capitales.

El Ministerio Fiscal reclama para él 15 años, pero la Iglesia, que está personada como acusación particular, eleva a 31 la petición. Para su mujer, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación.

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