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Ley Celaá Cinco claves que desmontan el supuesto boicot del PP a la ley de educación

El partido conservador asegura que tiene una estrategia común entre las comunidades autónomas en las que gobiernan para ir en contra de la LOMLOE. Sin embargo, todo lo dicho hasta ahora está dentro de la ley.

El líder del PP, Pablo Casado, a la izquierda de la foto, acompañando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que posa junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Juan Carlos Hidalgo / EFE
El líder del PP, Pablo Casado, acompañando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Juan Carlos Hidalgo / EFE.

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El PP está vendiendo a bombo y platillo que tiene una estrategia política común en todas las comunidades que gobiernan para desmontar la LOMLOE, la nueva ley de educación que está tramitándose en el Senado. El presidente del partido de los conservadores, Pablo Casado, defendió esta ofensiva el pasado sábado al asumir que se hará todo lo posible, dentro del marco competencial autonómico, para que la ley no se tenga que aplicar: "Allí donde gobierna el PP (Madrid, Andalucía, Murcia, Castilla y León y Galicia), las familias podrán seguir eligiendo libremente el centro educativo de sus hijos, público o concertado. No vamos a permitir la merma en la calidad educativa. Las autonomías del PP pretenden seguir fomentando la cultura del esfuerzo y la competitividad", aseveró.

Desde hace meses el PP, junto a Ciudadanos y Vox, ha declarado la guerra a la ley de educación. Este mismo viernes ha difundido un vídeo en sus redes sociales en el que llama a la población a protestar el domingo contra la reforma educativa. Una movilización convocada por Más Plurales, una plataforma que aúna a organizaciones y a las patronales de la educación concertada, privada y católica.

Pero lo cierto, es que más allá de la movilización, las supuestas medidas que están llevando a cabo para desmontar la ley no son reales. Ninguno de los anuncios de Casado ni de líderes regionales como Ayuso supone un boicot real a la ley. "Buscan confundir a la ciudadanía", llegó a afirmar la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando desmontó una de las estrategias del PP.

No hay adelanto de matriculaciones para sortear la ley

Casado anunció que las comunidades autónomas en las que gobiernan van a adelantar los plazos de inscripción de los estudiantes para el curso 2021/2022 para no tener que aplicar la nueva ley. Pero esto no es verdad: comunidades como Madrid empiezan este proceso habitualmente en diciembre por lo que no hay ningún adelanto, como advirtió la ministra Celaá. La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es publicar ya las instrucciones que contemplan que el plazo para la presentación de solicitudes para la admisión de alumnos sean entre el 8 y el 23 de abril de 2021. Este plazo es casi el mismo que el de 2019 cuando las instrucciones se publicaron el día 18 de diciembre y la presentación de solicitudes para la admisión de alumnos fue entre el 5 y el 19 de abril.

Las comunidades tienen que desarrollar la ley en el curso

Además, desde el Ministerio de Educación aseguran a Público que la previsión ya era que la ley no se pudiera aplicar en el proceso de admisión de ninguna comunidad por falta de tiempo. Aunque la LOMLOE se apruebe en diciembre, las modificaciones en el proceso de admisión de alumnos tiene que reflejarse en las normas autonómicas. Este proceso lleva entre tres o cuatro meses por lo que, a no ser que alguna comunidad ya ha trabajado en ello, se asume que el curso 2020/2021 se regirá por la LOMCE, la ley educativa vigente aún.

La ampliación de los conciertos está en la ley 

La presidenta madrileña Ayuso ha anunciado que va a tramitar un decreto para elevar a diez años la duración de los conciertos educativos. Esta medida se ha vendido como otro boicot del PP a la ley Celaá, pero no es así. La LOMCE como la LOMLOE recogen que los conciertos educativos tienen una duración mínima de seis años en Educación Primaria y cuatro años en el resto de etapas educativas. Es decir, establecen un mínimo pero cada comunidad lo puede ampliar, como ha hecho ahora el Gobierno de la Comunidad de Madrid por lo que no se está burlando ningún punto de la norma.

El tiempo de los conciertos no afecta al desarrollo de la ley ni "blinda" la concertada

Además, el aumento de los conciertos no tienen nada que ver con el desarrollo de la nueva ley porque el tiempo de los conciertos no tiene que ver con el punto que más afecta a la escuela concertada, las modificaciones sobre los criterios de admisión y los mecanismos de transparencia para que la distribución del alumnado sea más igualitaria y homogénea. Es decir, que el tiempo del concierto no evitará que se tengan que aplicar los nuevos criterios para la distribución equilibrada de los alumnos entre la educación pública y concertada. De hecho, desde Educación también señalan que solo se cancelan conciertos en situaciones muy excepcionales, por ejemplo, cuando hay una discriminación muy clara hacia alguno de los alumnos que quieren matricularse o incumplen normas muy básicas.

En este sentido, no hay ninguna explicación de por qué el tiempo de los conciertos blinda la educación concertada porque, además, la ley no incluye ningún punto en el que prohíba los conciertos.

Comunidades del PP se desmarcan de la estrategia o se adelantan a Casado

Además, ni siquiera hay unidad entre todas las comunidades en las que gobierna el PP. Las propias consejerías de Educación han desmontado esta estrategia unitaria anunciada por Casado. Ayuso fue por libre al anunciar la ampliación de los conciertos, desmarcándose de la estrategia unitaria del PP. El resto de comunidades de los conservadores no tienen previsto incluir modificación alguna en ese sentido, tal y como confirmaron a Público fuentes de las consejerías de educación de Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León.

Y ni siquiera hay unidad de acción sobre los plazos de inscripción. Tanto Castilla y León como Andalucía han descartado tener una estrategia sobre esto. El consejero de Educación de Andalucía, Javier Imbroda (Cs), llegó a afirmar que no quiere dificultar la aplicación de la nueva norma porque no cree que la concertada corra "ningún tipo de riesgo".

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