LomloeLa nueva ofensiva de la derecha contra la educación salpica de mentiras las medidas de la ley Celaá

La nueva ley de educación, la Lomloe, se ha aprobado este jueves en el Congreso entre gritos de "libertad" de los diputados de PP, Ciudadanos y Vox. Todas las leyes de educación en España han sido polémicas porque, pese a la importancia de esta norma, nunca ha habido consenso parlamentario. Por esto la bautizada por las derechas como 'ley Celaá' se ha convertido en la octava de la democracia. Pero la polémica no se ha quedado en la Cámara Baja. A las puertas se han concentrado miembros de la plataforma Más Plurales, que agrupa a asociaciones de la escuela concertada, privada y católica, en contra de la nueva de la ley.

La patronal de la concertada ha sido la que se ha posicionado más en contra de la nueva norma bajo las proclamas de "Eliminan la concertada", "libertad", "prohíben la religión" o "se vende la lengua castellana". Una campaña contra la ley, alimentada por las derechas, que tiene un largo recorrido.

Durante el confinamiento, cuando se comenzó a tramitar la norma en el Congreso, ya se hicieron "quedadas digitales" contra la ley. Entonces eran seis asociaciones, ahora integradas la mayoría en Más Plurales, las que promovían las protestas: Escuelas Católicas, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa), la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), el Sindicato Independiente de Enseñanza de Madrid (FSIE) y la Federación de Enseñanza (FeUSO). 

Pero, igual que pasó entonces, las críticas dicen poco sobre la calidad del sistema educativo. Los reproches se centran en bulos o medias verdades que no se encuentran en el texto de la norma educativa.

La religión no desaparece, es de oferta obligatoria

Las asociaciones aseguran que la ley acaba con la religión, pero lo que hace la reforma es que esta materia sea de oferta obligatoria en los centros, pero de elección voluntaria. Se elimina, eso sí, la obligación para los que no eligen religión de cursar otra asignatura alternativa. Se suprime también el artículo que permitía que Religión computara para la nota media del alumno y ya no contará ni para el acceso a la Universidad ni para la obtención de becas. Pero, en ningún caso, desaparece su oferta.

No se acaba con los centros especiales

Los opositores a la ley dicen que la norma quiere acabar con los centros de educación especial. Sin embargo, lo que se expone es un plan de diez años en el que el Gobierno y las Administraciones educativas trabajen, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, para que "los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad".

El objetivo es que los centros de educación especial continúen escolarizando a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada y que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Límites a la concertada para garantizar la igualdad

El texto no propone ninguna reforma que acabe con la educación concertada. El portavoz de Más Plurales ha asegurado que la norma supone un "ataque directo a la libertad de enseñanza" pero lo que cambia la ley es que elimina el concepto de "demanda social", añadido en la LOMCE por el PP, para dar más poder a los padres sobre la elección del centro de sus hijos. Para la patronal de la concertada este cambio acabará con las escuelas de esta red. 

Sin embargo, el cambio no tiene que acabar con la concertada, una red de escuelas que ya existía antes de la LOMCE y de la aplicación de este concepto. El cambio real es que se añade un paquete de medidas destinadas a corregir la segregación del alumnado por razones socioeconómicas, por sexo u otras razones. 

En este sentido, el primer cambio es que los centros que segreguen no recibirán fondos públicos. Algo que va ligado con un cambio para garantizar la igualdad de género y la igualdad de condiciones en el sistema educativo. Pero, además, esto no significa que menos alumnos vayan a la concertada, es que las Administraciones tendrán capacidad de distribuir al alumnado para garantizar un equilibrio, evitando los 'colegios guetos', centros públicos en los que la mayoría del alumnado tienen dificultades, sobre todo, socioeconómicas.

Fomento de la red pública y fin de las cuotas

Otro de los argumentos de los opositores para decir que se acaba la concertada es la medida de acabar con la polémicas cuotas. En la ley este punto es cierto, así como la clara apuesta por la enseñanza pública. Sin embargo, lejos de acabar con la concertada, lo que hace es garantizar el derecho a la educación pública. Por un lado, se establece que hay que fomentar los centros públicos y frena la entrega de suelo municipal para la construcción de centros concertados.

Pero, además, establece el fin de las polémicas cuotas que imponen muchos centros concertados para garantizar el carácter gratuito. Un estudio de la Confederación Española de Asociaciones de padres y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) señaló  que el 90% de los colegios cobran una cuota base a las familias y que en un 89% de los casos son obligatorias. 

El castellano tampoco desaparece

El castellano ha sido también objeto de conflicto entre los opositores a la ley. Tras aceptar una enmienda pactada entre PSOE, ERC y Unidas Podemos, la nueva ley elimina el concepto de "lengua vehicular" para el castellano. No obstante, el texto añade que las administraciones educativas deberán controlar que al final de la enseñanza obligatoria exista un "dominio pleno" del castellano así como de la lengua cooficial que haya en su comunidad. Como ocurre con la demanda social, lo que se hace es eliminar un concepto que se incluyó en la ley Wert porque hasta 2013 el castellano no era lengua vehicular.